Activista cubana Ana Bensi rompe el silencio tras 12 horas de presión por parte de la Seguridad del Estado: «Cada día me convenzo más de que vivo bajo una dictadura. Libertad para Cuba»

La joven activista cubana Anna Sofía Benítez Silvente, que se conoce en redes sociales como Anna Bensi, denunció que la sometieron a una extensa jornada de presión policial en La Habana, donde permaneció retenida durante casi 12 horas tras presentarse en una estación de la Policía Nacional Revolucionaria en Alamar.

Según su testimonio, la citación terminó convertida en un prolongado interrogatorio sobre sus publicaciones en redes sociales, en el que agentes la amenazaron con posibles consecuencias penales bajo el argumento de una supuesta “incitación al desorden público”. La joven negó haber promovido actos violentos o convocatorias ilegales, y defendió que sus videos son una expresión de opinión sobre la realidad cubana.

El episodio vuelve a poner en primer plano la vigilancia del Estado cubano sobre activistas, creadores digitales y ciudadanos críticos que utilizan internet como espacio de denuncia. En un país marcado por apagones, escasez, restricciones políticas y control institucional, las redes sociales se han convertido en una de las pocas ventanas para narrar lo que ocurre fuera del discurso oficial.

Una citación que terminó en casi 12 horas de presión

Anna Bensi relató en un video en su cuenta de Facebook que llegó a la estación policial de Alamar alrededor de las 10:00 de la mañana y no la liberaron hasta cerca de las 9:00 de la noche. Durante ese tiempo, según explicó, permaneció cuatro horas sin que la atendieran, la interrogaron y terminó saliendo con un fuerte dolor de cabeza, agotamiento físico y sin poder comer adecuadamente.

La duración de la retención es uno de los elementos más relevantes del caso. No se trató de una breve comparecencia administrativa, sino de una jornada prolongada en la que, de acuerdo con su denuncia, la joven fue sometida a presión psicológica y desgaste físico. Bensi, de 21 años, padece anemia, una condición que agravó el malestar tras pasar tantas horas sin alimentación y bajo tensión.

«El interrogatorio se resume en la misma muela de siempre, que si el bloqueo, que si las sanciones hacia Cuba, y bueno, que me cae y que cambie mis videos, que haga otro tipo de contenido», explica en el video que realizó en su casa.

Al salir de la unidad policial, regresó a su vivienda en medio de un apagón, un detalle que ella misma presentó como parte de la realidad que denuncia en sus publicaciones. La escena resume el contraste entre el discurso oficial que intenta controlar la narrativa pública y la vida cotidiana de muchos cubanos, marcada por carencias, cortes eléctricos e incertidumbre.

El contenido de sus videos, en el centro del interrogatorio

El eje del interrogatorio, según Bensi, fue su actividad en redes sociales. Los agentes le reclamaron el tono y el contenido de sus videos, y le advirtieron que sus publicaciones podían ser interpretadas como una forma de incitación al desorden público.

La joven rechazó esa acusación y sostuvo que no ha convocado a protestas violentas ni ha llamado a cometer actos ilegales. Su posición fue clara: expresarse, opinar y denunciar problemas del país no equivale a incitar al desorden.

Este punto es clave porque refleja una práctica recurrente en Cuba: convertir publicaciones críticas en posibles expedientes penales. Bajo categorías amplias y ambiguas, las autoridades pueden presionar a ciudadanos que cuestionan al gobierno, aunque no exista una acción concreta más allá de hablar frente a una cámara o publicar una opinión en internet.

Bensi aseguró que durante el interrogatorio los agentes insistieron en argumentos habituales del discurso oficial, como el embargo estadounidense, las sanciones y la responsabilidad externa en la crisis nacional. Para la activista, esa línea de cuestionamiento buscaba desviar el foco de sus denuncias y obligarla a modificar el tipo de contenido que comparte.

La amenaza penal y el uso del artículo 268

De acuerdo con el relato de la joven, las autoridades vincularon su caso con el artículo 268 del Código Penal cubano, relacionado con la incitación al desorden público. Ese señalamiento fue presentado como advertencia: si las supuestas incitaciones llegaban a materializarse, podría terminar en prisión.

La mención de ese artículo añade gravedad al caso, porque transforma una discusión sobre publicaciones digitales en una amenaza penal. Para activistas y organizaciones de derechos humanos, el problema no está solo en la existencia de leyes contra actos violentos, sino en el uso expansivo de esas figuras para intimidar opiniones, críticas o denuncias públicas.

Bensi insistió en que nunca ha llamado al desorden. Según dijo, sus videos reflejan su criterio personal y su inconformidad con la situación que atraviesa Cuba. Su defensa se centró en separar la libertad de expresión de la acusación de incitación.

La advertencia policial también funciona como un mensaje más amplio para otros jóvenes creadores de contenido: hablar de la realidad cubana desde una postura crítica puede derivar en citaciones, amenazas, expedientes y restricciones.

Un “trabajo profiláctico” sin copia para la acusada

Cerca de las 8:00 de la noche, Bensi fue llevada a otra área de la estación y obligada a firmar un documento presentado como parte de un supuesto “trabajo profiláctico”. En la práctica cubana, este tipo de procedimientos suele utilizarse como una advertencia formal previa, con la que las autoridades dejan constancia de que una persona fue “orientada” o “alertada” sobre una conducta considerada problemática.

La joven pidió una copia del documento, pero aseguró que las autoridades se la negaron. «Me dijeron que no, que eso no hace falta», sostiene. Ese detalle es significativo porque impide a la persona conocer con precisión el contenido del acta que firmó, verificar los términos legales empleados o defenderse posteriormente con acceso pleno a la documentación.

Antes de firmar, Bensi dejó por escrito que no ha incitado al desorden público ni tiene intención de hacerlo. Esa anotación buscaba protegerse frente a una posible interpretación posterior del documento y dejar constancia de su desacuerdo con la acusación insinuada por los agentes.

«Yo, Ana Sofía Benítez Silvente, jamás he incitado en ninguno de mis videos, ni tampoco lo voy a hacer». Ante las cámaras, fue más directa: «Yo simplemente me expreso y aquel que se identifica, pues felicidades», narró l avaliente muchacha.

La negativa a entregarle copia del acta refuerza las denuncias sobre procedimientos opacos, donde el ciudadano queda en desventaja frente al aparato policial y sin garantías claras sobre el uso futuro de esas advertencias.

“No lloré por miedo, lloré por impotencia”

Tras su liberación, se difundió un video en el que Anna Bensi aparecía llorando tras el desgaste físico y psicológico. La joven aclaró después que esas lágrimas no eran resultado del miedo, sino de la impotencia acumulada durante una jornada que describió como abusiva e injusta. «Quiero aclarar que es un llanto de impotencia», afirma.

Su explicación tuvo impacto porque colocó el componente emocional del caso en primer plano. Para muchos activistas, el objetivo de estas citaciones no es únicamente obtener información o advertir sobre una conducta, sino quebrar emocionalmente a quienes se expresan, hacerlos sentir vulnerables y empujarlos a la autocensura.

Bensi afirmó que cada experiencia de este tipo confirma su percepción de vivir bajo una dictadura. Lejos de retractarse, defendió su derecho a expresarse y cerró su mensaje con un reclamo de libertad para Cuba.

Su reacción generó comentarios de apoyo entre usuarios de redes sociales, especialmente entre quienes ven en ella a una joven que, pese a su edad y a la presión judicial que ya enfrenta, continúa utilizando sus plataformas para denunciar lo que ocurre en la isla.

No fue un hecho aislado: más creadores críticos bajo presión

La denuncia de Anna Bensi coincidió con reportes sobre otros activistas y creadores de contenido que también fueron citados o retenidos por las autoridades cubanas. Entre ellos figuran el pastor evangélico Rolando Pérez Lora, conocido como “Pregonero de Cristo”, y los hermanos Amanda Beatriz y Abel Alejandro Andrés Navarro, vinculados al colectivo Fuera de la Caja Cuba.

«Una vez más, gracias por la visibilidad a las injusticias ocurridas ayer con Pregonero, Fuera de la Caja y conmigo. Libertad», comentó Anita en un video grabado con antelación a su citación.

La coincidencia temporal sugiere una acción más amplia contra voces críticas con presencia digital. Estos perfiles no necesariamente pertenecen a organizaciones políticas tradicionales, pero tienen capacidad de llegar a miles de personas a través de videos, transmisiones, denuncias y comentarios sobre la vida cotidiana en Cuba.

Esa nueva forma de activismo representa un desafío para el gobierno cubano, acostumbrado durante décadas a controlar medios, instituciones y espacios públicos. Las redes sociales han roto parcialmente ese monopolio narrativo, permitiendo que ciudadanos comunes documenten apagones, colas, abusos policiales, derrumbes, escasez o protestas.

Por eso, las citaciones contra creadores digitales son interpretadas por muchos como una estrategia de contención: no se trata solo de castigar un video específico, sino de enviar un mensaje preventivo a todos los que se atrevan a publicar.

La campaña #Freedom250 y la reacción de la Embajada de Estados Unidos

La Embajada de Estados Unidos en La Habana denunció públicamente la represión contra activistas y creadores de contenido cubanos, en un contexto marcado por la campaña #Freedom250, vinculada al Día de la Independencia estadounidense.

La reacción diplomática dio mayor visibilidad al caso y lo colocó dentro de un marco internacional de derechos humanos y libertades civiles. Para Washington, estas acciones refuerzan las críticas sobre el carácter represivo del sistema cubano. Para La Habana, en cambio, las denuncias estadounidenses suelen ser presentadas como parte de una estrategia de presión política e injerencia.

Más allá de esa disputa diplomática, el caso de Bensi expone una realidad concreta: ciudadanos cubanos citados, interrogados y amenazados por el contenido que publican en redes. Ese es el punto que conecta la denuncia individual con una preocupación más amplia sobre la libertad de expresión en la isla.

La campaña #Freedom250 también adquiere valor simbólico porque contrapone el discurso de libertad asociado a la independencia estadounidense con la situación de activistas cubanos que denuncian restricciones dentro de su propio país.

Bensi y su madre ya enfrentaban un proceso judicial

La nueva denuncia de Anna Bensi se produce mientras ella y su madre continúan bajo reclusión domiciliaria desde el 25 de marzo de 2026. Ambas están acusadas de “actos contra la intimidad personal y familiar”, un proceso que se originó tras la difusión de un video en el que aparecía un suboficial del Ministerio del Interior entregándoles una citación que ellas consideraron irregular.

Por ese caso, madre e hija enfrentan posibles penas de entre dos y cinco años de prisión y tienen una prohibición de salida del territorio nacional. La medida no solo limita su movilidad, sino que las coloca bajo vigilancia permanente y condiciona cualquier actividad pública que realicen.

El antecedente judicial es fundamental para entender la gravedad de la nueva citación. Bensi no es una ciudadana sin historial de presiones previas; ya se encontraba sometida a restricciones legales cuando volvió a ser interrogada por sus publicaciones en redes.

Esto crea una situación de vulnerabilidad acumulada: proceso abierto, reclusión domiciliaria, prohibición de salida, advertencias policiales y amenaza de nuevas acusaciones. Para una joven de 21 años, ese entorno supone una carga personal, familiar y psicológica considerable.

El debate sobre grabar a funcionarios públicos

Uno de los elementos de fondo en el caso de Bensi y su madre es el derecho a grabar a agentes del Estado durante procedimientos oficiales. Organizaciones legales como Cubalex han sostenido que filmar a policías o funcionarios en ejercicio puede estar protegido por derechos constitucionales, especialmente cuando se trata de documentar posibles irregularidades.

La acusación contra ambas, sin embargo, plantea una lectura distinta desde las autoridades: la grabación y difusión del video habría afectado la intimidad personal y familiar del funcionario involucrado. Ese choque revela una zona de tensión entre transparencia pública, control estatal y protección de los derechos ciudadanos.

En contextos democráticos, la grabación de agentes durante actuaciones oficiales suele considerarse una herramienta de fiscalización ciudadana, siempre que no interfiera con el procedimiento. En Cuba, en cambio, este tipo de acciones puede derivar en procesos penales, citaciones y medidas restrictivas.

El caso abre una pregunta de fondo: hasta qué punto un ciudadano puede documentar la actuación de una autoridad sin exponerse a represalias.

Activismo digital: una nueva frontera de conflicto en Cuba

La historia de Anna Bensi forma parte de un fenómeno mayor: el crecimiento del activismo digital en Cuba. Jóvenes, periodistas independientes, artistas, religiosos, opositores y ciudadanos comunes han usado Facebook, Instagram, TikTok, X y otras plataformas para denunciar problemas sociales y políticos.

A diferencia de la oposición tradicional, muchas de estas voces no operan desde estructuras partidistas ni desde organizaciones formales. Su influencia nace de la cercanía con la vida cotidiana: muestran apagones, alimentos escasos, hospitales deteriorados, colas interminables, desalojos, vigilancia policial o testimonios de familias afectadas.

Ese tipo de contenido puede tener más impacto que un comunicado político, porque conecta de manera directa con la experiencia diaria de la población. También llega rápidamente a la diáspora, donde se amplifica y se convierte en presión internacional.

Para las autoridades cubanas, esa circulación de imágenes y relatos representa un desafío. Ya no basta con controlar la televisión, la prensa estatal o los actos públicos. Ahora cualquier teléfono puede convertirse en una herramienta de denuncia.

Un caso con impacto más allá de Anna Bensi

La retención de Anna Bensi durante casi 12 horas no puede leerse únicamente como un episodio individual. Su denuncia concentra varias de las tensiones actuales de Cuba: crisis económica, descontento social, vigilancia digital, control político, procesos judiciales contra voces críticas y creciente protagonismo de los jóvenes en la conversación pública.

El caso también refleja la distancia entre el discurso oficial y la experiencia de quienes denuncian abusos. Mientras las autoridades suelen hablar de prevención, legalidad y defensa del orden, los activistas describen intimidación, arbitrariedad y castigo por expresarse.

La situación de Bensi y su madre, sometidas a restricciones desde marzo, añade una dimensión familiar al conflicto. La presión no afecta solo a una activista, sino a su entorno más cercano, una dinámica frecuente en casos de opositores y ciudadanos críticos dentro de la isla.

La libertad de expresión vuelve al centro del debate cubano

La denuncia de Anna Bensi reabre el debate sobre los límites de la libertad de expresión en Cuba y el papel de las redes sociales como espacio de resistencia ciudadana. Su caso muestra cómo una publicación digital puede convertirse en motivo de interrogatorio, advertencia formal y amenaza penal.

Para sus seguidores, Bensi representa a una generación que ya no depende de medios oficiales para contar lo que vive. Para las autoridades, perfiles como el suyo pueden convertirse en focos de inconformidad capaces de influir en otros ciudadanos.

Esa tensión seguirá creciendo mientras aumenten las carencias internas y mientras internet continúe siendo una vía de escape para la denuncia pública. En ese escenario, cada citación policial contra un creador de contenido no solo busca controlar a una persona, sino disputar el relato sobre Cuba ante el mundo.

Anna Bensi afirma que no ha incitado al desorden y que solo ha ejercido su derecho a opinar. Su denuncia, amplificada en redes sociales, vuelve a mostrar el precio que muchos cubanos pagan por hablar públicamente de un país donde la crítica continúa siendo tratada como una amenaza.