Funcionarios de la administración Trump anunciaron el pasado sábado que a los inmigrantes que usen legalmente beneficios públicos como la asistencia alimentaria y los vales de vivienda de la Sección 8 se les podrían negar tarjetas de residencia bajo nuevas reglas destinadas a excluir a las personas que la administración considere un atraso para el país.

Las nuevas medidas que han generado un gran debate entre los inmigrantes y los cubanos que en muchas ocasiones han recibido alguna de estas ayudas.

En el comunicado del sábado el Departamento de Seguridad Nacional dijo lo siguiente:

“Los asilados, refugiados y otras categorías de personas vulnerables no están sujetos al motivo de inadmisibilidad de la acusación pública y, como tales, no se ven afectados por esta regla. Al considerar la recepción de beneficios públicos en la determinación de inadmisibilidad de cargos públicos, DHS tampoco consideraría ningún beneficio público recibido por extranjeros que prestan servicios en servicio activo o en el componente Ready Reserve de las Fuerzas Armadas de EE. UU. O el cónyuge o hijo del miembro del servicio. Además, el DHS no consideraría el alivio de desastres, la asistencia médica de emergencia, los beneficios recibidos por los niños ciudadanos de un extranjero de los EE. UU. Y los beneficios de Medicaid que reciben los niños de ciudadanos estadounidenses y posibles hijos adoptivos de ciudadanos de los EE. UU.”

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En una tabla publicada por USCIS se especifica que los cubanos y haitianos no serán afectados por estas medidas.

Los cubanos que apliquen bajo la ley de ajuste cubano también estarán protegidos de los efectos de esta medida.

Se espera que la nueva medida afecte a unas 382,000 personas al año.