Cruzar la frontera de EE.UU sin autorización podría costarte 5.000 dólares de acuerdo con nueva medida de la administración Trump

El gobierno de Estados Unidos anunció una nueva medida que endurece aún más su política migratoria en la frontera sur: según la embajada de EE.UU en México las personas mayores de 14 años que sean detenidas intentando ingresar ilegalmente al país podrán enfrentar una multa de hasta 5.000 dólares, además de otros castigos previstos en la legislación federal.

La disposición, que aún no tiene una fecha exacta de entrada en vigor, busca reducir los cruces irregulares y reforzar la seguridad nacional, en un momento de fuerte presión migratoria y tensiones políticas internas.


Un nuevo componente del control fronterizo

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) explicó que la sanción económica se aplicará “de inmediato tras la detención”, y que su monto dependerá de las circunstancias de cada caso. La medida no distingue nacionalidades: afectará tanto a ciudadanos de México y Centroamérica como a migrantes provenientes del Caribe, Sudamérica o África. “Si estás considerando entrar ilegalmente, ni lo pienses”, dijo Kristi Noem, secretaria de Seguridad nacional de los Estados Unidos.

De acuerdo con el marco legal estadounidense, quienes crucen la frontera sin autorización podrán ser deportados sumariamente, sometidos a procesos judiciales y prohibidos de volver a ingresar al país por varios años. La multa se sumará a estas consecuencias, convirtiéndose en un elemento adicional de disuasión económica.

Reincidencia y agravantes penales

Las sanciones serán particularmente severas para quienes reincidan o tengan antecedentes delictivos. Un migrante deportado que intente volver a entrar ilegalmente podría enfrentar hasta dos años de prisión. Si la deportación previa fue por un delito grave, la pena puede llegar a 10 años.

En casos de violencia o reincidencia reiterada, el castigo podría ascender hasta 20 años de cárcel. Además, si se demuestra que una persona recurrió a organizaciones criminales o terroristas para cruzar, podría enfrentar cargos adicionales vinculados al terrorismo, lo que agrava sustancialmente su situación judicial.


Objetivo oficial: “disuadir, no castigar”

Fuentes del DHS indicaron que esta política forma parte de una estrategia más amplia del gobierno estadounidense para “ordenar el sistema migratorio” y “proteger la integridad del país”. En paralelo, las autoridades lanzaron una campaña informativa bajo el lema #NiLoIntentes, dirigida a advertir a los migrantes sobre los riesgos y las consecuencias legales de intentar cruzar sin documentos.

“Si estás considerando entrar ilegalmente, ni lo pienses”, fue el mensaje repetido por funcionarios fronterizos, quienes aseguraron que existen vías legales para solicitar asilo, reunificación familiar o permisos laborales, y que estas rutas deben ser respetadas.

Reacciones en México y América Latina

El anuncio generó preocupación en México, país que sigue siendo el principal corredor de tránsito hacia el norte. Autoridades mexicanas expresaron su inquietud por las posibles repercusiones humanitarias de la medida, alertando que podría empujar a miles de personas a tomar rutas más peligrosas o controladas por el crimen organizado.

Organizaciones humanitarias y defensores de derechos de los migrantes coincidieron en que la multa, además de castigar económicamente a personas vulnerables, no resolverá las causas estructurales de la migración, como la pobreza, la violencia o la inestabilidad política en sus países de origen.

Desde América Central y el Caribe, varios analistas consideran que este endurecimiento coincide con un año de récord en detenciones fronterizas y con un aumento del flujo de migrantes cubanos, venezolanos y haitianos que intentan llegar a territorio estadounidense por tierra o por mar.

Impacto sobre los migrantes cubanos y caribeños

En el caso de los cubanos, expertos advierten que la medida podría afectar especialmente a quienes viajan con permisos I-220A o que se encuentran en procesos de asilo pendientes. Si un cubano deportado intenta reingresar ilegalmente, no solo podría perder toda posibilidad futura de residencia, sino también enfrentar cargos criminales y multas imposibles de pagar.

Asimismo, esta política podría alterar la dinámica de los flujos por Centroamérica, donde se estima que miles de migrantes caribeños transitan actualmente rumbo a la frontera con México.

Contexto político y presión interna

El anuncio llega en medio de un debate nacional sobre la frontera y la seguridad. En el Congreso, tanto republicanos como demócratas han enfrentado críticas por la falta de consenso en materia migratoria. Mientras algunos sectores reclaman medidas más estrictas para frenar la inmigración irregular, otros denuncian un endurecimiento excesivo que criminaliza la pobreza y la desesperación.

En los estados fronterizos —particularmente Texas, Arizona y California— la presión política se intensifica con la proximidad del ciclo electoral de 2026, en el que la inmigración volverá a ser un tema central.

Un mensaje contundente desde Washington

La administración federal insiste en que la nueva política no busca castigar, sino “prevenir tragedias y salvar vidas”. No obstante, expertos en derechos humanos señalan que la imposición de multas de hasta 5.000 dólares podría tener un efecto contrario, empujando a los migrantes hacia rutas más riesgosas y mortales.

Mientras tanto, la campaña #NiLoIntentes continúa desplegándose en medios de comunicación y redes sociales de varios países latinoamericanos, con un mensaje directo y repetitivo: “Entrar ilegalmente a Estados Unidos ahora te costará más caro que nunca.”


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