La Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó uno de los intentos más ambiciosos del presidente Donald Trump para transformar el sistema migratorio del país: limitar la ciudadanía por nacimiento a los hijos de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales.
En una decisión dividida por 6 votos contra 3, el máximo tribunal declaró ilegal la orden ejecutiva firmada por Trump el 20 de enero de 2025, el mismo día en que comenzó su segundo mandato. La medida pretendía reinterpretar la 14ª Enmienda de la Constitución y excluir de la ciudadanía automática a bebés nacidos en territorio estadounidense cuyos padres fueran indocumentados, visitantes temporales o extranjeros sin residencia permanente.
El fallo mantiene vigente una regla que ha definido durante más de un siglo el sistema jurídico estadounidense: nacer en Estados Unidos otorga ciudadanía, salvo excepciones muy específicas, como los hijos de diplomáticos extranjeros. La decisión supone un revés de gran alcance para la Casa Blanca y marca un límite claro al poder presidencial en materia migratoria.
La orden de Trump buscaba cambiar una regla histórica
La orden ejecutiva de Trump pretendía romper con la interpretación tradicional de la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos. Según la propuesta, un bebé nacido en territorio estadounidense solo sería ciudadano si al menos uno de sus padres era ciudadano estadounidense o residente permanente legal.
Eso habría dejado fuera a hijos de personas que entraron ilegalmente al país, migrantes con estatus migratorio irregular, visitantes temporales, estudiantes internacionales, trabajadores con visas temporales y otros extranjeros sin residencia permanente.
La medida habría tenido consecuencias inmediatas para miles de familias inmigrantes. Niños nacidos en hospitales estadounidenses podrían haber quedado sin reconocimiento automático de ciudadanía, dependiendo del estatus legal de sus padres al momento del nacimiento.
Sin embargo, la orden nunca llegó a aplicarse. Tras su firma, tribunales inferiores la bloquearon rápidamente al considerar que contradecía la Constitución. Desde entonces, el caso avanzó por distintas cortes hasta llegar al Tribunal Supremo.
La 14ª Enmienda vuelve al centro del debate nacional
El caso giró en torno a la 14ª Enmienda de la Constitución, aprobada después de la Guerra Civil para garantizar la ciudadanía y los derechos civiles de las personas anteriormente esclavizadas.
Su cláusula de ciudadanía establece: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos”.
Durante décadas, esa frase se interpretada como una garantía amplia de ciudadanía para casi toda persona nacida en suelo estadounidense. Las excepciones reconocidas han sido limitadas, como los hijos de diplomáticos extranjeros, porque sus padres no están plenamente sujetos a la jurisdicción estadounidense.
La administración Trump defendía una lectura mucho más restrictiva. Sostenía que los hijos de personas sin residencia permanente no debían considerarse automáticamente “sujetos a la jurisdicción” de Estados Unidos en el sentido constitucional pleno. La mayoría de la Corte rechazó esa interpretación.
John Roberts rechaza una “reimaginación radical” de la ley
El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, escribió la opinión de la mayoría y fue contundente al rechazar el argumento del gobierno. Roberts señaló que había “escasas pruebas” para respaldar la reinterpretación planteada por Trump. A su juicio, la Casa Blanca buscaba modificar por decreto una protección constitucional que ha sido entendida de forma estable durante generaciones.
“La ciudadanía entonces y ahora era el derecho a tener derechos — a participar libremente en nuestra comunidad política”, escribió Roberts. Con esa frase, el presidente del Supremo subrayó que la ciudadanía no es solo una condición administrativa, sino la base para acceder a derechos, protección legal, participación política y pertenencia plena dentro de la sociedad estadounidense.
La opinión mayoritaria también dejó claro que un presidente no puede usar una orden ejecutiva para alterar el significado de una cláusula constitucional. Para realizar un cambio de ese alcance, se necesitaría una vía legislativa o constitucional, no una decisión unilateral del Ejecutivo.
El precedente de 1898 que Trump no logró superar
Uno de los puntos centrales del fallo fue el precedente histórico de United States v. Wong Kim Ark, decidido por la Corte Suprema en 1898. En ese caso, el tribunal reconoció la ciudadanía estadounidense de Wong Kim Ark, un hombre nacido en San Francisco de padres inmigrantes chinos que no eran ciudadanos estadounidenses. La decisión estableció que una persona nacida en territorio estadounidense era ciudadana bajo la 14ª Enmienda, aunque sus padres fueran extranjeros, siempre que no estuvieran dentro de una excepción reconocida.
Ese precedente ha sido durante más de un siglo la base jurídica de la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos. Roberts recordó que los argumentos ahora defendidos por Trump y por los jueces disidentes ya se habían planteado en aquel momento por la parte perdedora. Pero, según escribió, esa visión solo provocó una disidencia en 1898 y nunca se convirtió en ley. “Ni el tiempo ni las circunstancias han cambiado el hecho de que no es la ley”, afirmó Roberts.
Una decisión dividida en una Corte de mayoría conservadora
El fallo se aprobó por una Corte Suprema de mayoría conservadora, integrada por seis jueces conservadores y tres liberales. Tres de esos magistrados los nombró el propio Trump durante su primer mandato.
Ese dato añade peso político a la decisión. Aunque el tribunal ha respaldado al presidente en otros casos importantes, en esta ocasión una mayoría consideró que el Ejecutivo había excedido sus atribuciones.
La división 6-3 revela también la profundidad del debate dentro del propio bloque conservador sobre inmigración, poder presidencial y lectura histórica de la Constitución.
Cinco jueces concluyeron que la orden violaba directamente la 14ª Enmienda, mientras que los disidentes defendieron una interpretación más limitada de la cláusula de ciudadanía.
Clarence Thomas: la 14ª Enmienda tenía otro propósito
En su disidencia, el juez Clarence Thomas argumentó que la 14ª Enmienda fue concebida principalmente para resolver la situación constitucional de las personas negras que habían sido esclavizadas y luego liberadas.
Thomas sostuvo que esas personas tenían derecho a la ciudadanía porque eran estadounidenses, no tenían otra patria, no debían lealtad a una potencia extranjera y no estaban sujetas a otra autoridad. “No se puede decir lo mismo de los hijos de visitantes temporales extranjeros”, escribió.
Con ese razonamiento, Thomas defendió una interpretación más estrecha del alcance de la ciudadanía por nacimiento. Para él, el contexto histórico de la 14ª Enmienda no obliga necesariamente a reconocer la ciudadanía automática a todos los hijos de extranjeros nacidos en Estados Unidos.
Samuel Alito advierte sobre incentivos migratorios
El juez Samuel Alito también discrepó de la mayoría, pero lo hizo en una opinión separada. Alito sostuvo que el fallo preserva un poderoso incentivo para entrar o permanecer ilegalmente en Estados Unidos. Según su argumento, la ciudadanía automática de los hijos nacidos en territorio estadounidense puede funcionar como un factor de atracción para migrantes indocumentados o personas que buscan establecer vínculos legales con el país.
El magistrado también criticó la doctrina de ciudadanía por nacimiento como una “regla medieval”, al señalar que incluso el Reino Unido, de donde surgió esa tradición jurídica, la abandonó posteriormente.
Su disidencia refleja una posición frecuente dentro del debate conservador: la idea de que la ciudadanía por nacimiento, tal como se aplica en Estados Unidos, es demasiado amplia y no responde a las realidades migratorias actuales.
La ACLU celebra una defensa de la Constitución
La Unión Americana por las Libertades Civiles, una de las organizaciones que representó a los demandantes, celebró la decisión como una victoria constitucional. Cecillia Wang, directora legal nacional de la ACLU, afirmó que el fallo reafirma una promesa fundamental estadounidense: “si naces aquí, eres ciudadano”. “Un presidente no puede cambiar la Constitución por decreto ejecutivo”, dijo Wang en un comunicado.
La organización participó en el caso procedente de New Hampshire que llegó al Tribunal Supremo. Entre los demandantes había individuos y bebés que habrían sido directamente afectados si la orden ejecutiva hubiera entrado en vigor.
Para los grupos de derechos civiles, la sentencia no solo protege a hijos de inmigrantes, sino que evita la creación de una categoría de niños nacidos en Estados Unidos con derechos inciertos o condicionados al estatus migratorio de sus padres.
Estados y organizaciones civiles llevaron el caso a los tribunales
La orden ejecutiva fue impugnada en varios tribunales por estados gobernados por demócratas y por organizaciones defensoras de derechos civiles. Los demandantes argumentaron que la medida violaba de forma directa la 14ª Enmienda, generaba incertidumbre legal para familias inmigrantes y exponía a niños nacidos en Estados Unidos a perder derechos básicos desde el momento de su nacimiento.
Los tribunales inferiores que revisaron el caso fallaron contra la administración Trump. Esas decisiones impidieron que la orden entrara en vigor mientras avanzaba el litigio.
En diciembre, la Corte Suprema aceptó revisar el caso de New Hampshire, donde la ACLU representaba a demandantes individuales, incluidos bebés que habrían quedado sometidos a la nueva política.
Una nueva derrota de Trump ante el Tribunal Supremo
La decisión sobre ciudadanía por nacimiento representa la tercera derrota significativa de Trump ante la Corte Suprema en los últimos meses. En febrero, el tribunal invalidó sus aranceles generalizados, otra medida de alto impacto de su administración. Luego, el lunes previo al fallo sobre ciudadanía, la Corte le impidió despedir de inmediato a Lisa Cook de la Reserva Federal.
Estas derrotas muestran que, aunque la Corte Suprema tiene una mayoría conservadora, no siempre respalda las acciones más expansivas del Ejecutivo. En especial, cuando los casos implican límites constitucionales, separación de poderes o intentos de modificar normas fundamentales por vía administrativa.
Al mismo tiempo, el tribunal ha fallado a favor de Trump en otros asuntos importantes, por lo que esta decisión no implica una ruptura general con la Casa Blanca, sino un freno específico a una de sus medidas migratorias más controvertidas.
Un golpe directo a la agenda migratoria de Trump
La ciudadanía por nacimiento ha sido durante años uno de los blancos del discurso migratorio de Trump y de sectores conservadores que consideran que la interpretación actual de la 14ª Enmienda incentiva la inmigración irregular.
Sus críticos suelen vincularla con el llamado “turismo de parto”, la migración indocumentada y la posibilidad de que hijos nacidos en Estados Unidos generen posteriormente beneficios migratorios para sus familiares.
Sin embargo, defensores de derechos civiles y expertos constitucionales sostienen que la ciudadanía por nacimiento ha sido una herramienta clave para evitar la creación de castas hereditarias, garantizar igualdad legal y asegurar que las personas nacidas en el país no queden atrapadas en disputas sobre el estatus de sus padres.
El fallo del Supremo refuerza esa visión y limita la capacidad del Ejecutivo para alterar una garantía constitucional mediante una orden presidencial.
El impacto para familias inmigrantes
La decisión tiene un impacto directo sobre familias inmigrantes en Estados Unidos, especialmente aquellas con estatus migratorio irregular o temporal.
De haber prosperado la orden, muchos padres habrían enfrentado incertidumbre sobre el estatus legal de sus hijos nacidos en el país. También se habrían abierto interrogantes sobre acceso a documentos, beneficios, educación, protección legal y derechos futuros.
Con el fallo, los niños nacidos en territorio estadounidense siguen siendo ciudadanos al nacer bajo la interpretación vigente de la 14ª Enmienda, independientemente del estatus migratorio de sus padres, salvo las excepciones reconocidas históricamente.
Para comunidades migrantes latinoamericanas, incluidas familias cubanas, venezolanas, mexicanas, centroamericanas y caribeñas, la decisión representa una garantía de estabilidad jurídica en medio de un clima político marcado por medidas migratorias más estrictas.
Un debate que seguirá en la política estadounidense
Aunque la Corte Suprema cerró el paso a la orden ejecutiva de Trump, el debate político sobre la ciudadanía por nacimiento está lejos de terminar. Sectores republicanos podrían seguir impulsando cambios legislativos o incluso propuestas de reforma constitucional para limitar su alcance. No obstante, modificar la Constitución implicaría un proceso mucho más complejo que una orden presidencial.
Por ahora, el fallo deja una conclusión clara: la ciudadanía por nacimiento, tal como ha sido entendida durante más de un siglo, no puede ser eliminada ni restringida unilateralmente por el presidente.
La decisión coloca nuevamente a la Corte Suprema en el centro de las tensiones entre inmigración, poder ejecutivo y derechos constitucionales. También confirma que, incluso en una Corte de mayoría conservadora, la Casa Blanca puede encontrar límites cuando intenta reescribir principios fundamentales de la Constitución estadounidense.
Qué significa el fallo en términos prácticos
En la práctica, la sentencia mantiene el sistema actual. Los bebés nacidos en Estados Unidos continúan siendo ciudadanos estadounidenses al nacer, aunque sus padres sean indocumentados, estén en el país con visas temporales o no tengan residencia permanente.
La orden ejecutiva de Trump queda sin efecto y no podrá aplicarse bajo los términos planteados por la administración.
Para los estados, hospitales, agencias migratorias y oficinas encargadas de emitir documentos de nacimiento y ciudadanía, el fallo evita una ruptura administrativa que habría generado conflictos legales inmediatos.
Para la Casa Blanca, en cambio, la decisión representa un límite contundente: una política migratoria de alto impacto no puede imponerse cuando contradice una interpretación constitucional consolidada.
Una sentencia con peso histórico
El fallo no solo resuelve una disputa migratoria. También reafirma el papel de la 14ª Enmienda como uno de los pilares de la ciudadanía estadounidense moderna.
Aprobada tras la Guerra Civil, esa enmienda fue diseñada para impedir que gobiernos estatales o federales negaran ciudadanía y derechos fundamentales a personas nacidas en el país. Más de 150 años después, vuelve a ocupar el centro de una batalla constitucional marcada por la inmigración, la identidad nacional y los límites del poder presidencial.
La decisión de la Corte Suprema confirma que la ciudadanía por nacimiento sigue siendo una garantía constitucional vigente en Estados Unidos y que cualquier intento de modificarla deberá enfrentar no solo el debate político, sino también el peso de más de un siglo de jurisprudencia.
