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Los ocho jóvenes cienfuegueros que intentaron penetrar ilegalmente la Base Naval de EEUU en Guantánamo, permanecen detenidos en una prisión de esa provincia, y serán llevados a juicio por el delito de intento de salida ilegal del país, la fecha en que se llevará a cabo el proceso judicial aún no ha sido determinada, informa Martí Noticias.

El padre de uno de los detenidos, Francisco Aguilar Conde, se presentó junto a otros familiares en la Fiscalía Militar de Guantánamo, y allí fue informado por un fiscal identificado como Mario de que «todavía no habían cerrado el caso, pero que fuéramos buscando ya un abogado», reveló el entrevistado a Radio Martí.


Según Aguilar Conde, las autoridades no entregaron ningún documento a los familiares de los detenidos.

Añadió que la notificación fue «verbal», escrita por el padre del acusado debido a la exigencia de la Fiscalía «Causa 8 de 2019, por intento de salida ilegal del país», expuso.

Este proceso no ha sido transparente desde sus inicios, aseguró Edil Aníbal Montiel, padre de otro de los involucrados.

«Llegamos ahí y el mismo hombre (el fiscal Mario) nos dijo, sin darnos un papel ni na (…) con el lapicero nos puso la causa de salida ilegal y tenemos que poner un abogado», contó Aníbal Montiel.


Este miércoles pondrán el abogado «porque no nos queda de otra (…), no hay más opción», sostuvo.

Por su parte en conversación con Radio Martí, el abogado cubano Alberto Méndez Castelló detalló las posibles vías legales de este caso.

«El Artículo 216.1 del Código Penal, capitulado como Salida Ilegal del Territorio Nacional, dice que el que sin cumplir las formalidades legales salga o realice actos tendentes a salir del territorio nacional, incurre en sanción de privación de libertad de uno a tres años, con multas de 300 a mil cuotas», explicó.

«El Artículo 8.3 del Código Penal dice que no se considera delito cuando hay escasa peligrosidad social y escasas consecuencias», agregó Méndez Castelló.

Sin embargo el abogado aclara, que en el caso de los jóvenes cienfuegueros, puede influenciar el Decreto Ley 303, emitido por el general Raúl Castro, que permite aplicarles una multa, en lugar de llevarlos a juicio.