La política migratoria vuelve a situarse en el centro del debate nacional en Estados Unidos, y esta vez el foco no está únicamente en la frontera sur, sino en las divisiones internas del Partido Republicano. En ese escenario emerge la figura de la congresista por Florida María Elvira Salazar, quien ha marcado distancia frente a la línea más dura de deportaciones promovida por el presidente Donald Trump, planteando un enfoque que distingue entre inmigrantes con historial criminal y trabajadores indocumentados sin antecedentes.
El posicionamiento de Salazar no solo abre un debate ideológico dentro del GOP, sino que también introduce una dimensión estratégica clave: la relación del partido con el voto hispano, especialmente en estados como Florida, donde las comunidades latinas tienen un peso electoral determinante.
«No podemos confundir al gánster con el jardinero, ni a la niñera con el narco, ni al obrero de la construcción con el coyote. Así que ahora tenemos que corregir el rumbo y enviar el mensaje correcto de que los hispanos son bienvenidos una vez más en el Partido Republicano», comentó Salazar en una entrevista.
Un distrito que explica su postura
Salazar representa el Distrito 27 de Florida, con epicentro en Miami-Dade, una zona de amplia mayoría hispana y con una fuerte presencia de inmigrantes cubanos, venezolanos, colombianos y centroamericanos. En ese contexto, la política migratoria no es un asunto abstracto: tiene impacto directo en familias, pequeños negocios y sectores laborales esenciales como la construcción, la hostelería y los servicios.
La congresista ha argumentado que una política de deportaciones masivas sin distinción podría generar temor en comunidades productivas y afectar el tejido económico local. Según ha señalado en distintas intervenciones, el Partido Republicano corre el riesgo de alienar a votantes hispanos que en los últimos ciclos electorales han mostrado mayor apertura hacia el GOP, particularmente en el sur de Florida.
El eje del debate: deportaciones masivas vs. reforma estructural
La crítica de Salazar se centra en la necesidad de diferenciar entre delincuentes y trabajadores que llevan años residiendo en Estados Unidos sin antecedentes penales. Su planteamiento no implica oponerse al fortalecimiento de la frontera, sino combinar seguridad con una vía regulatoria para ciertos sectores de la población indocumentada.
En este contexto cobra protagonismo el Dignity Act, una propuesta bipartidista impulsada junto a la congresista demócrata Verónica Escobar.
¿Qué propone el Dignity Act (Ley de la Dignidad)?
La Ley de la Dignidad propone un esquema dual que combina el fortalecimiento de la seguridad fronteriza con un mecanismo de regularización para ciertos inmigrantes indocumentados. Por un lado, contempla un refuerzo significativo del control en la frontera mediante mayor inversión en tecnología, infraestructura y sistemas de verificación más estrictos.
Por otro, establece la creación de un programa denominado “estatus digno”, dirigido a inmigrantes que hayan ingresado al país antes de una fecha límite específica, que no tengan antecedentes criminales graves y que estén dispuestos a cumplir una serie de condiciones, entre ellas el pago de multas y restituciones, así como el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
El proyecto no ofrece ciudadanía automática, sino un estatus legal renovable, con el objetivo —según sus promotores— de regularizar una realidad demográfica existente sin generar incentivos para nuevas olas migratorias.
«Presidente Trump, este libro fue escrito para usted. Podías estar a favor de la inmigración lo que Lincoln fue por la esclavitud y Reagan por el comunismo. Que el Señor Todopoderoso te conceda la sabiduría divina para entenderlo», escribió en su libro recientemente publicado «Dignidad, no ciudadanía».
La propuesta que presenta ante Trump parte de la idea de que su legado podría verse reforzado si decide respaldar una iniciativa de consenso entre ambos partidos: la denominada Ley de la Dignidad. Este proyecto, promovido junto a la congresista demócrata por Texas, Veronica Escobar, y apoyado por otros 37 legisladores, ha sumado el aval de influyentes organizaciones empresariales, como la Cámara de Comercio de Estados Unidos y la Asociación Nacional de Fabricantes.
Entre sus principales disposiciones, la medida plantea establecer un mecanismo que permita a ciertos trabajadores acceder a un estatus migratorio regular, al tiempo que introduce ajustes en los procedimientos de vigilancia y control en la frontera, además de otras reformas complementarias.
Reacciones encontradas dentro del GOP
La postura de Salazar ha generado tensiones en el ala más conservadora del Partido Republicano. Sectores alineados con la visión más estricta de control migratorio consideran que cualquier fórmula que permita permanencia legal equivale a una forma de amnistía.
«Salazar representa una posición de retirada que es amnistía de facto. Cada vez que se permite que los ilegales permanezcan indefinidamente en nuestra tierra, vaporizamos nuestras fronteras», dijo estratega republicano y exasesor de campaña de Trump, Steve Cortes.
Salazar resta importancia a buena parte de los cuestionamientos, al considerar que reflejan un desconocimiento del impacto que tendrían las deportaciones a gran escala en sectores como la agricultura, la hotelería y la construcción. Asimismo, sostiene que Trump tendría la capacidad de atraer a los críticos más conservadores hacia su postura, siempre que decida modificar su propia posición.
«Se necesita alguien con una visión muy grande, con pantalones políticos muy grandes… poder ir contra los vientos en contra y decir: ‘Esto es lo bueno para el país. No, MAGA, esto no es amnistía. Esto es dignidad'», agrega María Elvira.
Este choque interno refleja una discusión más amplia sobre la identidad futura del partido: ¿priorizar una narrativa estrictamente restrictiva o adoptar una estrategia más pragmática orientada a ampliar su base electoral?
El factor electoral 2026
Con las elecciones legislativas en el horizonte, el tema migratorio podría convertirse en uno de los principales ejes de campaña. Aunque Salazar ha logrado consolidar apoyo en ciclos anteriores, su distrito sigue siendo competitivo y demográficamente dinámico.
Los demócratas observan con atención la situación, considerando que cualquier fisura interna en el GOP podría convertirse en oportunidad electoral. Al mismo tiempo, la congresista intenta posicionarse como una figura capaz de tender puentes sin romper con su base conservadora.
El dilema republicano frente al voto hispano
El crecimiento del voto latino ha transformado el mapa político estadounidense. Florida es un ejemplo paradigmático: mientras algunas comunidades hispanas han mostrado inclinación hacia políticas republicanas en temas económicos y de seguridad, la inmigración sigue siendo un punto sensible.
El triunfo de Trump en 2024 estuvo impulsado, en cierta medida, por el crecimiento de su respaldo entre el electorado hispano a nivel nacional; sin embargo, los sondeos más recientes indican que buena parte de ese apoyo se ha reducido.
La estrategia de Salazar sugiere que el Partido Republicano enfrenta un dilema estructural: mantener cohesión ideológica interna o ajustar su discurso para preservar competitividad en distritos multiculturales. Desde su oficina en el Capitolio, Salazar meditó sobre la composición multicultural de su distrito. En el despacho destaca un cartel con el desglose demográfico de sus votantes: más del 73% tiene raíces en 25 países distintos. Cerca del 40% es de origen cubano, mientras que otros grupos significativos proceden de Nicaragua, Colombia y Venezuela.
Más allá de Florida: implicaciones nacionales
La discusión no se limita a un distrito del sur de Florida. El debate sobre la reforma migratoria lleva décadas estancado en el Congreso. La polarización ha bloqueado intentos anteriores, incluso cuando existieron marcos bipartidistas avanzados.
La propuesta de Salazar reintroduce la posibilidad de una fórmula híbrida en un momento de fuerte confrontación política. Su viabilidad legislativa sigue siendo incierta, pero el solo hecho de abrir la discusión evidencia que el consenso migratorio dentro del Partido Republicano no es monolítico.
Mario Díaz-Balart, colaborador político de Salazar y representante del distrito contiguo al suyo, destacó la labor de la congresista para impulsar dentro del Partido Republicano una agenda orientada a reformar la política migratoria. «Lo que realmente me parece admirable es el hecho de que esté dispuesta a plantar cara y asumir riesgos», apuntó.
Una batalla política con impacto estructural
La posición de María Elvira Salazar revela una tensión profunda en el Partido Republicano sobre cómo abordar la inmigración en un país con más de 11 millones de indocumentados y una economía que depende en parte de su fuerza laboral.
El debate ya no es únicamente fronterizo; es estratégico, demográfico y electoral. En la medida en que el voto hispano continúe creciendo y diversificándose, la definición del enfoque migratorio podría influir directamente en el equilibrio de poder en el Congreso.
La discusión abierta por Salazar no garantiza una reforma inmediata, pero sí expone una realidad política ineludible: la inmigración seguirá siendo uno de los temas que definan el rumbo del sistema político estadounidense en los próximos años.
