El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, volvió a colocar a Estados Unidos en el centro de la crisis que atraviesa la isla, en medio de un deterioro marcado por apagones prolongados, escasez de alimentos, falta de gas, servicios públicos colapsados, inflación y un creciente descontento social.
En una publicación difundida en su perfil de Facebook, el funcionario cubano describió la situación como parte de una “guerra cruel y cotidiana” contra la población, impulsada —según su versión— desde sectores políticos de Washington. Cossío sostuvo que el impacto de las sanciones y de la política estadounidense se mide en la vida diaria de los cubanos: familias sin electricidad, alimentos que se echan a perder por falta de refrigeración, enfermos sin atención adecuada, cirugías postergadas y hogares sin combustible para cocinar.
Sin embargo, su mensaje volvió a evitar un punto central en el debate sobre la crisis cubana: la responsabilidad interna del propio régimen en el deterioro del país. Mientras la diplomacia oficial insiste en presentar el colapso como resultado casi exclusivo de la presión externa, la realidad que viven millones de ciudadanos combina sanciones internacionales, mala gestión económica, falta de inversión, control estatal ineficiente y el peso de estructuras opacas como GAESA en sectores estratégicos de la economía nacional.
La narrativa oficial: Washington como responsable de la vida cotidiana en crisis
Fernández de Cossío afirmó que en Estados Unidos hay actores políticos que celebran como un triunfo cada apagón, cada familia sin gas, cada producto perdido por falta de electricidad y cada indicador sanitario deteriorado. Para el diplomático, esos problemas no son consecuencias aisladas de una economía quebrada, sino el resultado de una estrategia diseñada para asfixiar a Cuba.
«El criterio de éxito en el diseño político de EEUU contra Cuba se mide por la cantidad de horas de apagón que sufre el pueblo, la cantidad de familias que carecen de gas para cocinar, la comida que se descompone por no poderse refrigerar, las cirugías que se posponen o no pueden realizarse, la erosión de los índices de mortalidad infantil y la consecuente muerte de recién nacidos», escribió Cossío.
Su publicación intenta reforzar una línea discursiva utilizada durante décadas por el gobierno cubano: presentar el embargo y las sanciones como la causa principal de los males nacionales. En esa lectura, la escasez de divisas, las dificultades para adquirir combustible, los obstáculos financieros y la caída de determinados suministros serían parte de una presión deliberada para provocar sufrimiento social y desestabilizar al país.
El problema para esa narrativa es que la magnitud del colapso actual excede la explicación externa. La isla no solo enfrenta restricciones desde fuera; también arrastra décadas de decisiones económicas fallidas, centralización excesiva, ausencia de transparencia, controles que desestimulan la producción, deterioro de infraestructuras básicas y una política energética incapaz de sostener la demanda nacional.
Apagones extremos y un sistema eléctrico al límite
Uno de los puntos más sensibles de la crisis es el sistema eléctrico. Cuba atraviesa una emergencia energética marcada por déficits superiores a los 2,100 megavatios, con una disponibilidad cercana a los 1,100 MW frente a una demanda que ronda los 3,200 MW. Esa brecha se traduce en apagones masivos, cortes prolongados y una vida cotidiana organizada alrededor de la incertidumbre.
En varias zonas del país, los reportes de la población hablan de apagones que superan ampliamente las 24 horas. En La Habana se han registrado cortes de hasta 32 horas, mientras que en áreas de Matanzas se han denunciado interrupciones de hasta 85 horas consecutivas. La situación se agrava por las averías recurrentes en termoeléctricas, entre ellas la Antonio Guiteras, una de las unidades más importantes del sistema nacional.
El deterioro no apareció de un día para otro. Las plantas termoeléctricas cubanas llevan años operando con tecnología envejecida, mantenimientos insuficientes, falta de piezas de repuesto y dependencia de combustibles importados. Aunque las sanciones complican operaciones financieras y comerciales, el colapso también responde a una prolongada falta de inversión y a la ausencia de un plan energético sostenible.
La crisis que Cossío no menciona: gestión interna, control económico y GAESA
El mensaje del viceministro no aborda la responsabilidad del modelo económico cubano ni el papel de las estructuras estatales y militares que controlan áreas clave del país. Uno de los nombres recurrentes en ese debate es GAESA, el conglomerado empresarial de las Fuerzas Armadas que domina el 70% de la economía en sectores como turismo, comercio en divisas, puertos, banca, telecomunicaciones y servicios logísticos.
El peso de GAESA es especialmente polémico porque opera con escasa transparencia pública y sin una rendición de cuentas efectiva ante la ciudadanía. En un país donde hospitales, escuelas, redes eléctricas, acueductos y sistemas de transporte muestran un deterioro visible, el control de grandes recursos por parte de un conglomerado militar alimenta críticas sobre las prioridades reales del régimen.
Para muchos cubanos, la pregunta no es únicamente qué efecto tienen las sanciones externas, sino por qué el Estado ha destinado durante años recursos a hoteles, tiendas en moneda libremente convertible y negocios bajo control militar, mientras servicios esenciales se desploman. Esa contradicción erosiona el discurso oficial y fortalece la percepción de que la crisis no puede explicarse solo desde Washington.
Una admisión incómoda que volvió a perseguir al diplomático
El artículo recuerda además una contradicción reciente de Fernández de Cossío. En mayo, el funcionario publicó y luego borró una frase que se interpretó como una admisión indirecta de responsabilidad interna: “un país que cae o fracasa por sí solo no necesita que lo empujen”.
Aunque el texto lo eliminó en menos de una hora, la frase quedó instalada en el debate público porque chocaba con el discurso habitual del régimen. Si un país puede caer por sus propios errores, entonces la explicación oficial basada exclusivamente en el enemigo externo pierde fuerza. Esa tensión aparece nuevamente en la publicación de Cossío, que busca responsabilizar a Estados Unidos del sufrimiento cotidiano sin responder por las decisiones económicas tomadas desde La Habana.
Marco Rubio y la disputa por el petróleo venezolano
El tema energético también ha sido usado por Washington para cuestionar la versión del gobierno cubano. El secretario de Estado Marco Rubio ha sostenido que Cuba recibió durante años petróleo gratuito o subsidiado de Venezuela y que parte de ese combustible habría sido revendida por el régimen para obtener ingresos, sin que el beneficio llegara de forma directa a la población.
«Cuba solía recibir petróleo gratis de Venezuela. Les daban bastante petróleo gratis. Ellos tomaban como el 60 % de ese petróleo y lo revendían por dinero. Ni siquiera beneficiaba a la gente», dijo Rubio en ese entonces.
Esa acusación apunta a uno de los puntos más delicados del modelo cubano: la diferencia entre los recursos que entran al país y el impacto real que tienen en la vida de los ciudadanos. Para el gobierno cubano, las dificultades para acceder a combustible responden a una política de bloqueo. Para sus críticos, el problema también radica en la administración opaca de esos recursos y en la prioridad otorgada a estructuras estatales por encima de las necesidades básicas de la población.
Nuevas sanciones contra entidades vinculadas al poder económico cubano
La tensión entre La Habana y Washington se ha intensificado con nuevas sanciones de la administración Trump contra entidades relacionadas con GAESA. Entre las señaladas figuran RAFIN S.A., el Banco Financiero Internacional y Almacenes Universales S.A., compañías consideradas por Estados Unidos como piezas relevantes del entramado económico que sostiene al régimen.
Washington sostiene que las176 reformas anunciadas por el régimen cubano son insuficientes y superficiales. Desde esa perspectiva, el problema no es solo la falta de apertura económica, sino la permanencia de un sistema donde los sectores más rentables siguen bajo control estatal o militar, mientras la población soporta el peso de la inflación, los apagones y la escasez.
La Habana, por su parte, insiste en que las sanciones buscan estrangular la economía nacional y agravar las dificultades de la población. Pero el choque diplomático ocurre en un momento en que la ciudadanía reclama soluciones concretas, no explicaciones ideológicas.
Protestas y señales de agotamiento social
El deterioro de las condiciones de vida ha multiplicado las expresiones de inconformidad. Según el Observatorio Cubano de Conflictos, en mayo se registraron 1,311 protestas en Cuba, una cifra presentada como récord histórico. Los reclamos han pasado de demandas básicas como “corriente y comida” a consignas con un contenido político más directo contra el régimen.
Ese cambio es significativo. Durante años, muchas protestas se concentraban en exigencias concretas: restablecimiento del servicio eléctrico, entrega de alimentos, acceso a medicamentos o solución a problemas locales. Ahora, en medio de una crisis prolongada, esas demandas se mezclan cada vez más con cuestionamientos al sistema de gobierno y a sus dirigentes.
El malestar también se alimenta de la sensación de abandono. La falta de electricidad afecta la conservación de alimentos, el acceso al agua, la atención médica, el descanso, el trabajo y la seguridad. La escasez de gas obliga a muchas familias a improvisar formas de cocinar. La inflación pulveriza salarios y pensiones. La acumulación de basura y el deterioro sanitario agravan la percepción de un país sin capacidad de respuesta.
Una crisis que ya no se sostiene solo con propaganda
La publicación de Fernández de Cossío busca reforzar la idea de que Cuba es víctima de una política exterior diseñada para provocar sufrimiento. Pero el contexto interno hace cada vez más difícil que esa explicación sea suficiente para una población que vive diariamente el colapso de servicios básicos.
El embargo y las sanciones forman parte del escenario, pero no explican por sí solos la profundidad del deterioro. La falta de mantenimiento del sistema eléctrico, la baja producción nacional, la opacidad de GAESA, la concentración del poder económico, la ausencia de libertades políticas y la incapacidad del gobierno para aplicar reformas reales son factores que también pesan sobre la crisis.
En ese punto se concentra la disputa de fondo: mientras el régimen intenta presentar el caos como una consecuencia de la presión estadounidense, una parte creciente de la sociedad cubana ve el problema como el resultado de un sistema agotado, incapaz de ofrecer soluciones y acostumbrado a convertir el sufrimiento cotidiano en argumento político.
Cuba entre el apagón, la escasez y la batalla por el relato
La crisis cubana ya no se libra únicamente en las termoeléctricas, las colas, los hospitales o los hogares sin gas. También se libra en el terreno del relato. Para el gobierno, cada carencia confirma la agresión externa. Para sus críticos, cada apagón y cada estante vacío exponen la quiebra de un modelo que lleva décadas sin responder a las necesidades de la población.
El mensaje de Cossío refleja esa batalla. Pero en las calles, donde los cubanos enfrentan cortes eléctricos interminables, precios imposibles y servicios públicos desbordados, la narrativa oficial encuentra cada vez más resistencia. La pregunta que domina el presente no es solo quién tiene la culpa, sino cuánto más puede resistir una sociedad sometida a una crisis permanente.
