Decidido a cumplir su promesa de campaña de ahorrar $1,000 millones a las cárceles, el gobernador de la Florida, Rick Scott, se apresuró a aprobar una serie de contratos con operadores privados que, en el papel, suponían ahorros anuales de varios millones.


Sin embargo, los ahorros prometidos nunca se han materializado, según evaluaciones realizadas por el representante David Richardson, demócrata por Miami Beach, que se convirtió en un equipo de investigación de una sola persona dedicado al problemático sistema carcelario estatal.

Muchos de los contratos, a los cuales se exigía ahorrar por lo menos un 7 % al año, costaron en realidad más dinero al estado de lo que hubieran gastado los contribuyentes si los programas nunca se hubieran privatizado. En algunos casos, la atención médica y el acceso a programas en las instituciones privadas muchas veces era peor.

“Ellos no están ahorrando el dinero del estado porque son más eficientes. Están ahorrando dinero como contratista porque niegan artículos y servicios a los presos”, dijo Richardson.

Su evaluación más reciente a una cárcel, un pase de revista a la Institución Correccional Gadsden en el norte de la Florida, concluyó que la cárcel, administrada por Management Training Corp. de Centerville, Utah, ahorró dinero al negar calefacción, agua caliente, suministros educativos y atención médica a los presos durante meses.


La meta del gobernador de privatizar docenas de cárceles fue impedida por el Senado estatal en el 2012, pero consiguió adelantar contratos con dos compañías de servicios médicos para pasar la atención médica en las cárceles a contratistas privados. Los legisladores aseguraron que los contratos con las empresas privadas no fueran manejados por el Departamento de Prisiones, donde los burócratas de carrera podrían sentirse amenazados por los competidores privados, sino al Departamento de Administración de Servicios, que es experto en contratos pero no en cárceles.

Richardson descubrió que en su celo por entregar la operación de las cárceles a contratistas privados, la oficina del gobernador, el Departamento de Prisiones, el Departamento de Administración de Servicios y los auditores de la Legislatura no se preocuparon por verificar si los ahorros eran reales.

El jueves, los legisladores estatales se preparaban para aprobar el plan de presupuesto de la la Cámara y el Senado, que según Richardson contemplan los mismos ahorros fantasma un año más.

En los últimos años, el estado ha renovado los contratos de administración de las siete cárceles privadas y puso al día los costos para que fueran más favorables para el estado, dijo Richardson, pero él está convencido de que los ahorros han sido escasos, si es que se ha ahorrado algo, y tampoco hay forma de determinarlo.

“Nunca se ha hecho una auditoría financiera de ninguno de esos contratos”, dijo.

Richardson ha presentado sus conclusiones al personal del gobernador, el personal de presupuesto de la Cámara, el ex secretario del Departamento de Administración de Servicios (DMS) que maneja los contratos de las cárceles privadas y a la secretaria del Departamento de Prisiones (FDC), Julie Jones.

Jones dijo que concuerda en que hay que hacer más para asegurar que el estado se beneficie de los ahorros prometidos en el sistema carcelario privado, pero, añadió: “Yo no tengo control alguno sobre esos contratos; eso es cosa del DMS”.

“En la Legislatura existe la expectativa de que estos contratos tienen por objetivo conseguir ahorros”, dijo.

Jones admitió que el año pasado el DMS renovó varios contratos sin que el Departamento de Prisiones tuviera voz en el asunto, y ella se reunió con el ex secretario del DMS, Chad Poppell, para tratar de conseguir una mejor coordinación ya que los presos son transferidos a menudo de las cárceles privadas al sistema estatal.

Maggie Mickler, portavoz del DMS, no pudo mostrar dato alguno que indicara cuánto ha ahorrado al estado cada uno de los contratos con cárceles privadas, ni siquiera si ha habido ahorros.

Richardson ha presentado un proyecto de ley para transferir de nuevo el manejo de los contratos de las cárceles privadas del DMS al FDC, pero sólo se ha debatido en una comisión, donde se aprobó por un margen estrecho.

(Con información de el Nuevo Herald)