Una jueza federal en Estados Unidos prohibió de manera permanente al gobierno del presidente Donald Trump aplicar gran parte de su primera orden ejecutiva sobre elecciones, una decisión que frena medidas clave de la Casa Blanca para modificar el registro de votantes, endurecer los requisitos de ciudadanía y restringir el conteo de boletas enviadas por correo.
El fallo lo emitió este miércoles la jueza de distrito Denise Casper, en Boston, y convierte en definitiva una medida cautelar preliminar que ella misma había dictado un año antes. Aquella decisión había bloqueado temporalmente varios de los cambios electorales impulsados por Trump poco después de iniciar su segundo mandato.
La resolución representa un nuevo revés judicial para la estrategia electoral del mandatario republicano y refuerza el argumento de que el presidente no puede alterar unilateralmente las reglas de votación en Estados Unidos. Según la jueza, la Constitución reserva ese poder principalmente a los estados y al Congreso.
El caso adquiere especial importancia en un año electoral marcado por disputas sobre la integridad del voto, el acceso al registro electoral, las boletas por correo y el alcance del poder federal frente a las normas estatales.
La jueza afirma que la Constitución no da al presidente control directo sobre las elecciones
En su decisión, Casper rechazó el argumento del gobierno de Trump, que sostenía que la demanda presentada por fiscales generales estatales demócratas era prematura porque las normas impugnadas aún no habían sido implementadas.
La magistrada consideró que los estados demandantes sí tenían motivos suficientes para acudir a los tribunales, debido a que la orden ejecutiva ya trazaba cambios concretos que podían alterar la administración electoral y obligar a las autoridades estatales a modificar sus procedimientos.
Casper coincidió con los demandantes en que la Constitución de Estados Unidos no concede al presidente poderes específicos para regular directamente las elecciones. En cambio, ese marco constitucional otorga a los estados la responsabilidad inicial de organizar los procesos electorales y al Congreso la facultad de intervenir mediante legislación federal. “La Constitución no otorga al presidente poderes específicos sobre las elecciones”, escribió la jueza en una de las frases centrales del fallo.
Ese razonamiento fue determinante para concluir que la orden ejecutiva violaba la separación de poderes, uno de los principios fundamentales del sistema constitucional estadounidense. Para el tribunal, Trump intentó utilizar la autoridad ejecutiva para imponer reglas que solo podrían adoptarse por el Congreso o por los estados dentro de sus competencias.
El requisito de prueba documental de ciudadanía queda bloqueado
Uno de los puntos más controvertidos de la orden ejecutiva era la exigencia de que las personas presentaran pruebas documentales de ciudadanía al registrarse para votar. La medida habría requerido documentos como certificados de nacimiento, pasaportes estadounidenses, papeles de naturalización u otros registros oficiales para acreditar que el solicitante es ciudadano. El gobierno de Trump ha defendido este tipo de requisitos como una forma de impedir que personas no ciudadanas participen ilegalmente en elecciones federales.
Sin embargo, opositores, organizaciones de derechos civiles y autoridades demócratas han advertido que estos requisitos pueden convertirse en una barrera para ciudadanos legalmente habilitados para votar, especialmente aquellos que no tienen acceso inmediato a documentos originales o actualizados.
Entre los grupos potencialmente afectados se encuentran ciudadanos mayores, personas de bajos ingresos, votantes rurales, estudiantes, ciudadanos naturalizados, mujeres que cambiaron su apellido tras casarse y personas que enfrentan dificultades para obtener documentos oficiales por razones económicas, administrativas o de movilidad.
El fallo de Casper impide que el Ejecutivo federal imponga esa exigencia mediante orden presidencial. La jueza concluyó que, aunque el gobierno puede promover políticas electorales dentro de los límites legales, no puede crear por sí solo nuevos requisitos nacionales de registro de votantes.
El debate sobre ciudadanos no estadounidenses y fraude electoral
La Casa Blanca ha presentado sus medidas como parte de una campaña para reforzar la confianza en las elecciones y evitar que personas no ciudadanas voten en comicios federales.
Votar sin ser ciudadano ya es ilegal en Estados Unidos y puede acarrear sanciones penales, consecuencias migratorias y hasta la deportación en determinados casos. No obstante, los críticos de la orden sostienen que los casos comprobados de voto ilegal por parte de no ciudadanos son poco frecuentes y no justifican medidas que puedan dificultar el registro de millones de personas elegibles.
El debate refleja una tensión recurrente en la política estadounidense: por un lado, quienes defienden mayores controles documentales para reforzar la seguridad electoral; por otro, quienes advierten que esos controles pueden derivar en supresión del voto si afectan de manera desproporcionada a comunidades vulnerables o a ciudadanos que no disponen fácilmente de la documentación exigida.
La decisión judicial no resuelve ese debate político, pero sí establece un límite legal claro: el presidente no puede imponer ese requisito por orden ejecutiva.
La orden también buscaba limitar el conteo de boletas por correo
Además del requisito de ciudadanía, la orden ejecutiva de Trump incluía una medida dirigida a restringir el conteo de boletas enviadas por correo. La directiva habría impedido contar papeletas que llegaran después del día de las elecciones, incluso si se habían enviad a tiempo y llevaban matasellos de una fecha anterior o del propio día electoral.
Este punto es especialmente sensible en estados que permiten periodos de gracia para recibir boletas por correo. Bajo esas reglas, una papeleta puede ser válida si fue enviada dentro del plazo legal, aunque llegue días después debido a demoras del servicio postal.
Para los defensores del voto por correo, esos periodos de gracia protegen a votantes que dependen de este método, incluidos militares desplegados, ciudadanos en el extranjero, personas mayores, electores con discapacidad, residentes en zonas rurales y trabajadores que no pueden acudir fácilmente a las urnas.
Para Trump y sus aliados, en cambio, las boletas deberían llegar como máximo el día de la elección para evitar retrasos, disputas prolongadas y dudas sobre los resultados. El fallo de Casper frena el intento de imponer una regla nacional desde la Casa Blanca y mantiene, al menos por ahora, el margen de los estados para definir sus propios plazos de recepción y conteo.
Retención de fondos federales como mecanismo de presión
Otro de los elementos bloqueados era la posibilidad de sancionar económicamente a los estados que no cumplieran con los cambios exigidos por la orden ejecutiva. La directiva contemplaba la retención de determinados fondos federales como herramienta para presionar a las jurisdicciones que se negaran a aplicar las nuevas reglas sobre registro electoral, ciudadanía y boletas por correo.
Ese mecanismo se cuestionó por los estados demandantes, que lo interpretaron como una forma de coerción federal. Según ese argumento, el Ejecutivo no puede condicionar recursos públicos para forzar a los estados a adoptar políticas electorales que exceden la autoridad presidencial.
La jueza dio peso a esa preocupación al considerar que la orden ejecutiva no solo formulaba una preferencia política, sino que intentaba alterar el equilibrio de poder entre el gobierno federal y los estados mediante amenazas de consecuencias financieras.
Letitia James celebra el fallo y acusa a Trump de intentar controlar las elecciones
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, una de las figuras demócratas más activas en litigios contra políticas de Trump, celebró la decisión judicial y la presentó como una defensa del derecho al voto.
James agradeció que el tribunal bloqueara lo que calificó como un intento “inconstitucional” del presidente de tomar control de las elecciones. Además, afirmó que su oficina continuará defendiendo el acceso al voto de cara a las elecciones de mitad de mandato de este año.
“Generaciones de estadounidenses lucharon incansablemente por el derecho al voto, y honramos su legado protegiendo ese derecho frente a cualquiera que intente socavarlo”, declaró.
Su reacción subraya la dimensión política del fallo. Para los fiscales generales demócratas, la orden de Trump representaba una amenaza directa al sistema electoral descentralizado de Estados Unidos. Para los republicanos, en cambio, la resistencia judicial y estatal dificulta reformas que consideran necesarias para proteger la integridad del voto.
Las solicitudes de comentarios enviadas a la Casa Blanca y al Departamento de Justicia no obtuvieron respuesta inmediata, según el texto de referencia.
Una nueva derrota judicial para la agenda electoral de Trump
La resolución de Casper es la más reciente de una cadena de fallos contra la primera orden ejecutiva electoral firmada por Trump tras regresar a la presidencia. Desde su firma, la directiva ha enfrentado múltiples demandas presentadas por estados, organizaciones de derechos civiles y grupos vinculados a la defensa del voto. Los tribunales han cuestionado especialmente los intentos del Ejecutivo de imponer requisitos nacionales sin una ley aprobada por el Congreso.
En un caso paralelo, un juez federal en Washington D.C. impidió que el gobierno avanzara con medidas para incluir la prueba documental de ciudadanía en el formulario federal de registro de votantes.
Esa impugnación fue presentada por grupos de derechos civiles y organizaciones afines al Partido Demócrata, que argumentaron que el requisito podía excluir a votantes elegibles y modificar indebidamente el sistema de registro.
Más tarde, el mismo juez prohibió al secretario de Defensa exigir pruebas documentales de ciudadanía cuando el personal militar se registra para votar o solicita papeletas. Esa decisión fue significativa porque afectaba directamente a miembros de las Fuerzas Armadas, un grupo que con frecuencia utiliza mecanismos especiales de voto en ausencia.
Trump busca ahora imponer el requisito mediante el Congreso
El bloqueo judicial ha obligado a Trump a reforzar una vía alternativa: aprobar el requisito de prueba documental de ciudadanía a través del Congreso. El presidente impulsa la llamada ley SAVE America, una propuesta que busca establecer por ley la obligación de presentar documentos que acrediten la ciudadanía para poder registrarse como votante.
La iniciativa fue aprobada por la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, pero permanece estancada en el Senado. La falta de avance ha intensificado la presión política de Trump sobre los legisladores republicanos.
El mandatario ha defendido la eliminación de la táctica de obstrucción parlamentaria conocida como filibusterismo, que permite bloquear determinadas legislaciones si no cuentan con suficiente apoyo en el Senado.
Para Trump, la aprobación del requisito de ciudadanía se ha convertido en una prioridad política. El miércoles, canceló abruptamente la firma prevista de un proyecto de ley bipartidista sobre vivienda y afirmó que no promulgará ninguna legislación hasta que el Congreso apruebe su exigencia de acreditar la ciudadanía para votar.
Esa decisión elevó aún más el conflicto entre la Casa Blanca y el Capitolio, al vincular una agenda legislativa más amplia con una exigencia electoral que sigue dividiendo profundamente a demócratas y republicanos.
Una segunda orden electoral también enfrenta demandas
Aunque el fallo de Casper bloquea buena parte de la primera orden ejecutiva electoral de Trump, la batalla legal está lejos de terminar. El presidente ya firmó una segunda directiva relacionada con elecciones, con el objetivo de crear un registro nacional de votantes y limitar el voto por correo. Esa orden también enfrenta múltiples impugnaciones legales.
La propuesta de un registro nacional de votantes ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de derechos civiles y privacidad, que advierten sobre el riesgo de centralizar información sensible de millones de ciudadanos.
Los críticos también temen que una base de datos nacional pueda ser utilizada para depuraciones masivas de padrones electorales, con posibles errores que afecten a votantes legítimos. Los defensores de la medida, por su parte, sostienen que permitiría detectar duplicidades, inconsistencias y registros irregulares entre estados.
La disputa anticipa una nueva ronda de litigios sobre el alcance de la autoridad presidencial y el papel del gobierno federal en la administración de los padrones electorales.
La Corte Suprema podría redefinir las reglas del voto por correo
En paralelo a estos litigios, la Corte Suprema de Estados Unidos tiene previsto pronunciarse pronto sobre un caso clave relacionado con el voto por correo. El alto tribunal deberá decidir si las boletas enviadas por correo deben llegar obligatoriamente para el día de las elecciones o si los estados pueden seguir aceptando papeletas recibidas después, siempre que hayan sido enviadas dentro del plazo legal.
Una decisión de la Corte Suprema podría modificar de inmediato las normas en 14 estados que actualmente permiten periodos de gracia. Esos plazos varían desde unos pocos días hasta varias semanas, dependiendo de la legislación estatal.
El caso tiene implicaciones nacionales porque el voto por correo puede ser decisivo en elecciones reñidas. En estados competitivos, miles de boletas recibidas después del día electoral pueden influir en resultados cerrados para cargos federales, estatales y locales.
Un fallo que limite esos periodos de gracia podría obligar a los estados a reestructurar sus sistemas de recepción, verificación y conteo de papeletas antes de próximos ciclos electorales.
La disputa electoral se intensifica antes de las elecciones de mitad de mandato
El fallo llega en un momento de fuerte polarización política en Estados Unidos. Las elecciones de mitad de mandato de este año serán una prueba clave para el gobierno de Trump, el control del Congreso y el futuro de su agenda legislativa.
Para los aliados del presidente, las medidas de prueba de ciudadanía y restricción del voto por correo buscan prevenir irregularidades y aumentar la confianza de los votantes en los resultados.
Para sus opositores, esas políticas responden a denuncias de fraude electoral no probado a gran escala y podrían dificultar la participación de ciudadanos elegibles, especialmente en comunidades con menor acceso a documentos oficiales o con mayor dependencia del voto por correo.
El fallo de Denise Casper no impide que el Congreso legisle sobre requisitos electorales dentro de sus facultades, pero sí deja claro que el presidente no puede usar órdenes ejecutivas para sustituir al poder legislativo ni imponer condiciones electorales nacionales por decisión unilateral.
Un límite al poder presidencial en materia electoral
Más allá del impacto inmediato sobre el registro de votantes y las boletas por correo, la decisión plantea una pregunta de fondo sobre el sistema político estadounidense: quién tiene la última palabra en la organización de las elecciones.
La jueza Casper respondió esa pregunta desde una lectura constitucional estricta: los estados y el Congreso tienen el papel principal, mientras que el presidente carece de poderes específicos para dictar reglas electorales generales.
Esa conclusión puede influir en otros litigios pendientes contra las órdenes electorales de Trump y servir como referencia para futuras disputas sobre la relación entre el Ejecutivo federal y las autoridades estatales.
Por ahora, la primera orden ejecutiva electoral de Trump queda severamente limitada, mientras el mandatario intenta trasladar su batalla al Congreso y espera decisiones clave de la Corte Suprema que podrían modificar el mapa electoral antes de las próximas elecciones.
