El programa de salida voluntaria impulsado por la administración de Donald Trump superó los 200,000 casos entre inmigrantes que ya abandonaron Estados Unidos y personas que iniciaron los trámites para hacerlo, una cifra que refleja la creciente importancia de esta iniciativa dentro de la estrategia migratoria de la Casa Blanca.
Hasta el 16 de julio de 2026, el denominado Proyecto Homecoming había contabilizado 132,000 salidas efectivas, mientras otras 70,000 personas se encontraban registradas y en proceso de abandonar el territorio estadounidense, según datos internos del Departamento de Seguridad Nacional obtenidos por Axios y recogidos por CiberCuba.
El Gobierno presenta el programa como una alternativa más rápida y menos costosa que las deportaciones forzosas. La iniciativa ofrece asistencia para conseguir documentos de viaje, coordinar vuelos y cubrir el boleto aéreo, además de entregar un incentivo económico de 2,600 dólares una vez confirmada la salida del participante.
Sin embargo, detrás de las cifras también persisten interrogantes sobre los pagos pendientes, las consecuencias legales para quienes abandonan el país, la retirada de una agencia vinculada a Naciones Unidas y la continuidad del contrato encargado de sostener las operaciones.
Más de 132,000 inmigrantes ya habían abandonado Estados Unidos
Las cifras conocidas muestran dos grupos diferentes dentro del Proyecto Homecoming. Por un lado, unas 132,000 personas ya habían completado su salida de Estados Unidos. Por otro, cerca de 70,000 se habían inscrito, pero todavía necesitaban concluir alguna etapa del procedimiento, como obtener documentos, coordinar el viaje, resolver aspectos administrativos o esperar la disponibilidad de un vuelo.
Esto significa que superar los 200,000 casos no equivale a afirmar que todas esas personas ya se encontraban fuera del país. La cifra total reúne tanto las salidas consumadas como los expedientes que permanecían activos.
La diferencia resulta importante porque el avance de cada solicitud depende de factores que no siempre están bajo el control del inmigrante. Entre ellos aparecen la existencia de pasaportes vigentes, la colaboración de los consulados, la aceptación del país de destino, las rutas aéreas disponibles y la situación legal del solicitante.
Aun así, las 132,000 salidas efectivas representaban un crecimiento considerable frente al lento desempeño registrado durante los primeros meses de funcionamiento del plan.
CBP Home concentra las solicitudes de salida voluntaria
El principal canal para incorporarse al programa es CBP Home, una aplicación móvil mediante la cual los inmigrantes pueden comunicar al Gobierno su intención de abandonar voluntariamente Estados Unidos.
La plataforma permite registrar la solicitud, aportar información personal, iniciar la gestión de documentos de viaje y recibir asistencia para coordinar el traslado. También funciona como vía para solicitar el incentivo económico después de que las autoridades comprueban que la persona salió del país.
El proceso no consiste simplemente en comprar un boleto y abandonar Estados Unidos por cuenta propia. Aunque la decisión se presenta como voluntaria, existe una participación directa de las autoridades en la organización del viaje y la verificación de la salida.
En determinados casos, el Gobierno debe trabajar con consulados o autoridades extranjeras para conseguir salvoconductos, pasaportes provisionales u otros documentos indispensables para que el participante sea admitido en su país de origen.
Además, los funcionarios necesitan comprobar la identidad del solicitante, revisar su historial migratorio y determinar si existen órdenes pendientes, procesos judiciales, antecedentes penales o impedimentos que puedan retrasar la partida.
El incentivo se elevó hasta los 2,600 dólares
El componente económico se ha convertido en uno de los principales elementos utilizados por la administración para atraer participantes. En la primera etapa del programa, el Gobierno ofrecía 1,000 dólares, además del boleto aéreo. Durante una campaña especial desarrollada en la temporada navideña de 2025, la suma aumentó temporalmente hasta los 3,000 dólares.
Posteriormente, el incentivo quedó situado en 2,600 dólares. La cantidad se entrega después de que las autoridades verifican que el inmigrante abandonó Estados Unidos, no antes de la salida.
Ese procedimiento busca garantizar que el participante cumpla con el compromiso asumido, pero también lo coloca en una posición vulnerable. La persona debe regresar a su país sin tener todavía en sus manos el dinero ofrecido.
Para muchos inmigrantes, esos fondos pueden resultar esenciales para cubrir alojamiento, alimentación, transporte, medicamentos o gastos básicos durante las primeras semanas después del regreso.
La ayuda también puede representar un recurso para quienes vendieron sus pertenencias, abandonaron empleos o no cuentan con familiares capaces de sostenerlos en el país de destino.
El boleto aéreo forma parte del beneficio
Además del pago en efectivo, el Proyecto Homecoming cubre el costo del vuelo. La posibilidad de viajar sin comprar el boleto elimina una de las principales barreras económicas para los inmigrantes que no poseen recursos suficientes para regresar por cuenta propia.
El precio del traslado puede variar ampliamente dependiendo del destino, la temporada, la disponibilidad de rutas y la necesidad de realizar escalas. En ciertos casos, la coordinación puede ser más compleja cuando no existen vuelos directos o cuando el país receptor exige documentos especiales.
Las autoridades deben organizar el viaje y verificar posteriormente que la salida se produjo. Solo entonces comienza el proceso para entregar el incentivo económico.
El Gobierno sostiene que esta combinación de boleto gratuito y compensación financiera hace que la salida voluntaria resulte más atractiva que permanecer en Estados Unidos bajo el riesgo de ser detenido y deportado.
La administración busca reducir el costo de las deportaciones
Uno de los principales argumentos del Departamento de Seguridad Nacional es que el Proyecto Homecoming representa un ahorro significativo para los contribuyentes. Según los cálculos citados por el organismo, una salida voluntaria cuesta aproximadamente 2,500 dólares, sin contar el incentivo. En cambio, detener, mantener bajo custodia y deportar a un inmigrante que no coopera puede costar alrededor de 18,245 dólares.
Una deportación convencional puede exigir la participación de agentes para localizar y arrestar a la persona, transportarla hasta un centro de procesamiento, alojarla durante semanas, ofrecerle alimentación, seguridad y atención médica, además de gestionar los documentos y reservar un vuelo.
En algunos casos también es necesario utilizar aviones contratados específicamente para trasladar grupos de deportados, lo que eleva los costos operativos. Incluso después de sumar los 2,600 dólares entregados al participante y el valor del boleto, el Gobierno considera que la salida voluntaria continúa siendo considerablemente más barata.
El DHS estima que el programa podría generar un ahorro de aproximadamente 2,500 millones de dólares en gastos asociados con las deportaciones.
El programa arrancó con apenas 24,000 participantes
El crecimiento actual contrasta con las dificultades que marcaron el comienzo del Proyecto Homecoming. Durante sus primeros seis meses, el plan logró atraer alrededor de 24,000 personas. El ritmo estaba muy por debajo de las expectativas de la Casa Blanca, que buscaba procesar miles de salidas diariamente.
Los funcionarios enfrentaron obstáculos relacionados con la expedición de documentos, la comunicación con gobiernos extranjeros y la organización de vuelos. En lugar de los miles de casos que esperaba la administración, durante determinados períodos solo se completaban algunas decenas cada día.
La demora evidenció que una salida voluntaria supervisada por el gobierno también requiere una compleja estructura administrativa. No todos los participantes poseen pasaportes vigentes. Algunos provienen de países con escasa presencia consular en Estados Unidos, mientras otros tienen órdenes de deportación, apelaciones o procesos migratorios que deben ser revisados antes de coordinar el viaje.
También pueden surgir dificultades cuando una nación se niega a aceptar a uno de sus ciudadanos o retrasa la emisión de los documentos necesarios.
La Casa Blanca presionó para acelerar las salidas
El desempeño inicial provocó una intervención más directa de la Casa Blanca. «La presión consistía en llamadas diarias desde la Casa Blanca y llamadas semanales de alto nivel con el subjefe de gabinete Stephen Miller directamente», dijo una fuente. «Querían que pasáramos miles a diario, y nosotros solo pasábamos unas docenas», agregó.
La administración reclamaba que el programa procesara miles de salidas cada día, pero durante aquella etapa los responsables apenas conseguían completar decenas.
La presión reflejaba la necesidad de elevar rápidamente las cifras migratorias y presentar resultados dentro de una estrategia que combinaba arrestos, deportaciones, restricciones de ingreso y campañas para incentivar el abandono voluntario del país. El programa comenzó a ganar velocidad después de que se amplió su aplicación dentro de los centros de detención migratoria.
Los centros de ICE cambiaron el ritmo del programa
El punto de inflexión llegó en agosto de 2025, cuando un integrante del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) promovió la utilización del Proyecto Homecoming en instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
La iniciativa pasó de depender principalmente de personas que se inscribían desde fuera de las cárceles migratorias a incorporar a inmigrantes que ya estaban detenidos y enfrentaban la posibilidad de una deportación.
Actualmente, el programa cuenta con gestores de casos en 40 centros de detención. Estos empleados explican las condiciones, revisan la documentación y ayudan a coordinar las salidas.
Aproximadamente la mitad de los más de 200,000 expedientes correspondía a personas que estaban bajo custodia migratoria. La presencia de gestores dentro de las instalaciones permitió identificar con mayor rapidez a los detenidos dispuestos a abandonar el país sin prolongar sus procesos.
Para algunos inmigrantes, aceptar la salida puede significar pasar menos tiempo encarcelados. Para el Gobierno, representa una forma de liberar camas y aumentar la rotación en centros que enfrentan una fuerte presión de capacidad.
El tiempo de detención baja de 50 a 17 días
Los datos de ICE indican que los participantes que aceptan salir voluntariamente desde un centro de detención permanecen bajo custodia un promedio de 17 días. Un procedimiento convencional de deportación puede prolongarse aproximadamente 50 días, aunque la duración puede ser mayor cuando existen recursos legales, problemas de documentación o resistencia del país receptor.
La diferencia de 33 días tiene un impacto directo sobre la capacidad de las instalaciones. Cada cama que queda disponible puede ser utilizada para alojar a otra persona detenida durante un operativo migratorio. Por esa razón, reducir el tiempo de permanencia resulta clave para una política que busca aumentar el número de arrestos y expulsiones.
Todd Bensman, exasesor del zar fronterizo Tom Homan, señaló que la falta de camas había sido uno de los principales obstáculos para ejecutar deportaciones a gran escala. Según explicó, la capacidad de detención y el número de expulsiones están estrechamente relacionados.
Liberar camas permite intensificar los operativos
El impacto del Proyecto Homecoming no se limita a los participantes que aceptan abandonar el país. Al acortar su estancia en los centros, el programa también facilita que ICE pueda detener a más inmigrantes sin que el sistema alcance rápidamente su límite.
«Durante la primera etapa de este proceso, la administración tuvo un problema de escasez de camas. No se pueden llevar a cabo deportaciones masivas si no se dispone de camas. Son dos cosas intrínsecamente ligadas», comentó Todd Bensman, exasesor del zar fronterizo Tom Homan.
La capacidad física es uno de los elementos centrales de cualquier operación de deportación. Después de un arresto, el inmigrante puede necesitar permanecer bajo custodia mientras se revisa su caso, se emite una orden, se consiguen documentos y se coordina el traslado.
Cuando los centros están llenos, las autoridades tienen menos margen para realizar nuevos operativos o deben recurrir a instalaciones adicionales. La salida acelerada de los participantes permite reutilizar espacios en menor tiempo y reduce los costos de alojamiento, vigilancia y alimentación.
El DHS califica la iniciativa como un “éxito arrollador”
El Departamento de Seguridad Nacional ha defendido los resultados del programa y sostiene que CBP Home alcanzó niveles de participación y eficiencia superiores a los previstos inicialmente. «Gracias al éxito arrollador del Proyecto Homecoming bajo la presidencia de Trump, la aplicación CBP Home ha logrado una eficiencia y participación mucho mayores de lo previsto inicialmente», confesó un vocero de la institución.
Desde la perspectiva oficial, la iniciativa ofrece una combinación favorable: reduce gastos, disminuye los períodos de detención y permite que los inmigrantes regresen sin atravesar un procedimiento coercitivo más prolongado.
Sin embargo, los buenos resultados descritos por el Gobierno contrastan con las críticas formuladas por organizaciones y participantes que cuestionan el nivel de asistencia, el cumplimiento de los pagos y las consecuencias migratorias a largo plazo.
Cubanos denuncian que no recibieron el dinero prometido
Algunos inmigrantes cubanos que utilizaron CBP Home aseguraron que abandonaron Estados Unidos, pero no recibieron el incentivo económico anunciado por las autoridades. Las denuncias introducen dudas sobre la rapidez con la que se procesan los pagos y sobre los mecanismos disponibles para reclamar desde fuera del territorio estadounidense.
El problema puede ser particularmente delicado para los cubanos que regresan a una economía marcada por la escasez, la inflación, la falta de empleos bien remunerados y las dificultades para acceder a productos básicos.
Una vez fuera de Estados Unidos, los participantes pueden tener menos posibilidades de comunicarse con las autoridades, corregir errores administrativos o presentar documentación adicional.
Las personas que evalúan acogerse al programa deben considerar que la promesa del pago no equivale necesariamente a una entrega inmediata. El texto de referencia no precisa cuántos cubanos denunciaron retrasos, cuánto tiempo esperaron ni si los casos fueron posteriormente resueltos.
La OIM se retiró del proyecto
La Organización Internacional para las Migraciones, una entidad vinculada al sistema de Naciones Unidas, colaboró con el programa hasta marzo de 2026, cuando decidió dejar de participar.
La retirada privó a la iniciativa de una organización con experiencia en programas de retorno voluntario, asistencia humanitaria y reintegración. Una fuente vinculada a la operación criticó que el proyecto terminó reducido, en la práctica, a un sistema administrativo para comprar boletos de avión.
La observación plantea una diferencia importante entre simplemente trasladar a una persona y acompañarla durante el proceso de regreso. Los programas integrales de retorno suelen contemplar orientación previa, evaluación de vulnerabilidades, asistencia durante el viaje y apoyo para reintegrarse en el país receptor. Sin esas medidas, un inmigrante puede llegar sin vivienda, empleo, atención médica o una red familiar capaz de ayudarlo.
Regresar voluntariamente no significa volver en condiciones favorables
La decisión de abandonar Estados Unidos puede estar influida por el temor a una redada, la posibilidad de permanecer detenido durante semanas, la falta de oportunidades para regularizarse o la presión económica. Sin embargo, la salida no resuelve automáticamente los problemas que motivaron la migración.
Algunos participantes pueden regresar a países afectados por pobreza, violencia, desempleo, inestabilidad política o falta de servicios. Otros podrían haber vendido propiedades, contraído deudas o utilizado todos sus ahorros para llegar a Estados Unidos.
El incentivo de 2,600 dólares puede aliviar los primeros gastos, pero no garantiza una reintegración sostenible. Además, quienes han vivido durante años en Estados Unidos pueden dejar atrás hijos, parejas, empleos o comunidades, lo que añade una dimensión familiar y emocional al proceso.
El contrato operativo agotaría sus fondos en agosto
El futuro inmediato del Proyecto Homecoming también enfrenta incertidumbre. El contrato con Salus Worldwide, empresa encargada de gestionar parte de las operaciones, agotaría sus fondos a finales de agosto de 2026.
El Departamento de Seguridad Nacional ya se encontraba buscando un nuevo proveedor, pero no había aclarado si el cambio provocaría retrasos o interrupciones. La situación resulta especialmente relevante porque unas 70,000 personas permanecían inscritas y todavía no habían completado su salida.
Una transición entre contratistas podría afectar la compra de boletos, la coordinación de vuelos, la atención de los solicitantes o la entrega de los incentivos. También podría generar incertidumbre entre quienes ya iniciaron el procedimiento, pero aún esperan instrucciones o documentos.
Las salidas voluntarias pueden tener consecuencias legales
Acogerse al Proyecto Homecoming no borra el historial migratorio del participante ni garantiza que pueda regresar legalmente a Estados Unidos en el futuro. Las consecuencias dependen de las circunstancias individuales, incluidos el tiempo de presencia irregular, la forma de entrada, la existencia de una orden de deportación y posibles salidas anteriores.
La ley migratoria contempla prohibiciones de reingreso para quienes acumularon determinados períodos de presencia ilegal. Dependiendo del caso, una persona puede enfrentar restricciones de varios años, de hasta una década o incluso permanentes.
El programa tampoco elimina automáticamente órdenes finales de expulsión, acusaciones por fraude, antecedentes criminales o sanciones relacionadas con reingresos no autorizados.
Por ese motivo, una salida denominada voluntaria puede seguir produciendo consecuencias similares a las de otros procedimientos migratorios. El texto de referencia advierte que los participantes podrían perder acceso a ciertos beneficios futuros y enfrentar prohibiciones de reingreso de hasta diez años o permanentes.
Cada expediente puede tener un resultado diferente
La situación de una persona que ingresó legalmente y permaneció algunos meses después del vencimiento de su visa no es necesariamente igual a la de alguien que cruzó irregularmente la frontera, recibió una orden de deportación o regresó después de una expulsión anterior.
También pueden existir diferencias entre quienes tienen solicitudes de asilo pendientes, familiares ciudadanos estadounidenses, procesos ante tribunales o posibilidades de solicitar algún beneficio.
Abandonar el país sin comprender el estado del expediente puede provocar el cierre de solicitudes, la pérdida de audiencias o la imposibilidad de continuar determinados trámites desde el extranjero.
Por esa razón, el incentivo económico no debería ser el único elemento considerado antes de tomar una decisión que puede afectar durante años las posibilidades migratorias de una persona.
La autodeportación se integra a una estrategia más amplia
El Proyecto Homecoming funciona junto con otras medidas de control migratorio adoptadas por la administración Trump. La estrategia combina detenciones dentro del país, operativos de ICE, ampliación de la capacidad de las instalaciones, restricciones a ciertos beneficios y campañas destinadas a convencer a los inmigrantes de que abandonen voluntariamente Estados Unidos.
El objetivo es aumentar las salidas sin depender únicamente de procesos largos y costosos. Desde la perspectiva gubernamental, la iniciativa permite convertir la presión generada por los operativos y el riesgo de detención en un incentivo para que las personas se registren por su cuenta. El pago económico actúa como un estímulo adicional, mientras el Gobierno advierte que quienes no salgan voluntariamente podrían ser arrestados, detenidos y deportados sin recibir los mismos beneficios.
Un programa con resultados elevados y preguntas abiertas
El crecimiento hasta superar los 200,000 expedientes convierte al Proyecto Homecoming en una pieza relevante de la política migratoria estadounidense. Sus defensores destacan las 132,000 salidas efectivas, la reducción del tiempo de detención, el ahorro estimado y la posibilidad de liberar espacio en instalaciones saturadas.
Sus críticos señalan las denuncias por pagos pendientes, la falta de apoyo para la reintegración, la retirada de la Organización Internacional para las Migraciones y la incertidumbre sobre el próximo proveedor.
También permanece abierta la pregunta sobre cuántas de las 70,000 personas registradas lograrán completar su salida y recibir efectivamente los 2,600 dólares prometidos.
Para los inmigrantes, la decisión implica mucho más que aceptar un boleto de avión. Puede significar separarse de familiares, abandonar procesos legales y asumir sanciones que dificulten regresar a Estados Unidos durante años.
El avance del programa demuestra que la administración ha conseguido acelerar las salidas, especialmente desde los centros de detención. No obstante, su continuidad y credibilidad dependerán de que pueda completar los expedientes pendientes, garantizar los pagos y ofrecer información clara sobre las consecuencias legales que enfrentará cada participante.
