Acusan a cuatro cubanos de votar ilegalmente en EE.UU.; uno enfrenta un cargo con hasta cinco años de prisión

Residencia en EE.UU. Imagen creada con IA. Foto: Chat GPT

Cuatro ciudadanos cubanos figuran entre las 48 personas incluidas en un anuncio del Departamento de Justicia de Estados Unidos publicado este lunes 26 de octubre sobre presuntos delitos electorales en cinco estados. Los expedientes abarcan votación ilegal, registros electorales fraudulentos y declaraciones falsas de ciudadanía estadounidense.

Los cubanos identificados son Alfredo Santiesteban, Osmal Loy, Jamie Orlando Sosa Sardina y Luis Manuel Perez. Tres tenían residencia permanente legal, según las autoridades federales, mientras que Santiesteban fue descrito por el DOJ como una persona sin estatus migratorio legal. Todos se presumen inocentes mientras no se demuestre su culpabilidad ante un tribunal.


Dos cubanos enfrentan cargos en Pensilvania

Alfredo Santiesteban, de 73 años y residente en Filadelfia, fue acusado de un cargo de votación por una persona extranjera. La fiscalía sostiene que participó en las elecciones generales de 2024 pese a no ser ciudadano estadounidense.

El segundo caso corresponde a Osmal Loy, de 70 años y residente en Fountain Hill, quien posee residencia permanente legal. Según la acusación, también votó en las elecciones generales de 2024 sin tener ciudadanía estadounidense.

Ambos expedientes corresponden al Distrito Este de Pensilvania y fueron incluidos en un comunicado conjunto de las fiscalías federales del estado publicado el 23 de octubre. De ser declarados culpables, cada uno podría enfrentar hasta un año de prisión, una multa o ambas sanciones. Las investigaciones estuvieron a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional, conocida como HSI.

Los casos de Florida incluyen votos en 2022 y 2024

En el Distrito Medio de Florida, Jamie Orlando Sosa Sardina, de 60 años, enfrenta cargos por declarar falsamente ser ciudadano estadounidense para votar y por votar siendo extranjero.

La fiscalía alega que Sosa Sardina se registró como elector en 2022 y participó en las elecciones generales federales de 2022 y 2024. El comunicado lo identifica como residente permanente legal.


Por su parte, Luis Manuel Perez, de 72 años, también residente permanente, fue acusado de votar siendo extranjero. Según los fiscales, emitió su voto en las elecciones federales de esos mismos dos años. Los casos fueron anunciados inicialmente el 22 de octubre, junto con los de otros cuatro extranjeros.

Qué penas podrían enfrentar en Florida

La fiscalía informó que el cargo de falsa declaración de ciudadanía atribuido a Sosa Sardina contempla una pena máxima de cinco años de prisión federal. El delito de votación ilegal puede conllevar hasta un año.

En el caso de Perez, el cargo anunciado tiene una pena máxima de un año de prisión federal. Estas son las sanciones máximas informadas por las autoridades y cualquier sentencia dependerá del resultado del proceso judicial.

La “green card” no concede derecho a votar en elecciones federales

Los expedientes ponen de relieve una distinción fundamental para los inmigrantes: tener residencia permanente no equivale a tener ciudadanía estadounidense ni concede derecho a votar en elecciones federales.

El portal oficial Vote.gov explica que los no ciudadanos, incluidos quienes poseen una “green card”, no pueden votar en elecciones federales, estatales ni en la mayoría de las locales. También advierte que registrarse antes de obtener la ciudadanía puede afectar el proceso de naturalización. La orientación del Gobierno es comprobar que la ciudadanía ya se haya adquirido antes de realizar el registro electoral.

Las acusaciones deberán probarse ante un tribunal

El anuncio nacional reúne expedientes de Pensilvania, California, Florida, Nueva York y Nevada. Los cargos descritos varían entre los acusados, por lo que sus situaciones deben evaluarse individualmente.

El Departamento de Justicia recordó que los documentos de acusación contienen alegaciones: la presentación de cargos no constituye una condena. Corresponde a la fiscalía demostrar la culpabilidad de cada acusado más allá de toda duda razonable.


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