En la ciudad de Salt Lake, Estados Unidos, entre los días 27 y 30 de octubre, sesionó la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), y allí se condenaron las agresiones a la prensa en países como Cuba, Venezuela, Bolivia y Colombia, Brasil y Perú entre otros.
“Durante el año 2017 parece haberse consolidado un patrón de conducta de agresiones en contra de la prensa, tanto de parte del crimen organizado como de las autoridades y los gobiernos. Esta conducta de persecución y acoso se manifiesta en agresiones físicas que en algunos casos llega hasta el asesinato o el intento de asesinato”, dicta un comunicado general de la organización donde extrae ejemplos de los países mencionados anteriormente.
Al indicar el caso de Cuba, en particular, el organismo señala que “no puede ser peor”. Ya que no sólo se agrede a los periodistas, sino también a sus familiares y a los usuarios en las redes sociales.
“La prensa debe estar conforme a los fines de la revolución socialista”, esto arguye el régimen para coartar la libertad de expresión, basándose en ese apartado de la Constitución cubana.
SIP recalca que en el país se “prohíbe” la propiedad privada de los medios de los medios de comunicación”.
También en las conclusiones de la Asamblea General se aborda que el Gobierno cubano “castiga a quien pudiera haber indagado secretos del Estado, con lo cual queda eliminada toda posibilidad de acceso a información que debiera ser pública. Continúa restringido el acceso a internet y quienes se dedican al periodismo sufren detenciones arbitrarias y condenas absolutamente inaceptables”.
El organismo regional, en un informe anterior, fechado en octubre 26, detalla el ambiente de represión bajo el que trabajan los periodistas independientes en la Isla, que se complica aún más debido a las complejas condiciones económicas y el control estricto del Ministerio del Interior (MININT), que funciona como censor de las voces que disienten del discurso oficial.
Los periodistas, Sol García Basulto, Henry Constantín Ferreiro (Vice-Presidente regional de la SIP), son algunos de los casos citados en el informe.
Otro casos rescatados son los de Maykel González Vivero, detenido en varias ocasiones mientras realizaba entrevistas para su labor como reportero y el de Karla Pérez Sánchez, colaboradora de Somos +, expulsada de la universidad y que finalmente debió salir de Cuba, para poder estudiar la carrera de Periodismo.
(Con información de Martí Noticias)
