Revés para cubanos con I‑220A: tribunal rechaza que su liberación sirva como parole para obtener la residencia

Una decisión del Tribunal Federal de Apelaciones del Undécimo Circuito supone un revés para los cubanos que buscan obtener la residencia mediante la Ley de Ajuste Cubano utilizando su liberación con un formulario I‑220A como prueba de parole. El fallo establece que esa liberación condicional no equivale al parole requerido para cumplir ese requisito migratorio.

La resolución, publicada este 17 de noviembre de 2026, corresponde al caso de Yoan Aguiar‑Fernandez, su esposa y su hija. La familia había impugnado la negativa a concederles el ajuste de estatus, además del rechazo de sus solicitudes de asilo y otras protecciones contra la deportación.


El panel estuvo integrado por los jueces Branch, Brasher y Hull. El juez Brasher redactó la opinión, que no incluye disidencias.

El punto central de la decisión es la diferencia entre salir de una detención migratoria bajo determinadas condiciones y recibir un parole que permita cumplir el requisito de la Ley de Ajuste Cubano. Para el tribunal, ambas situaciones tienen bases legales distintas y no pueden tratarse como equivalentes.

Según el expediente, la familia entró a Estados Unidos cerca de San Luis, Arizona, el 25 de junio de 2021, y se entregó a la Patrulla Fronteriza. Después de permanecer brevemente detenidos, sus integrantes fueron liberados con formularios I‑220A que identificaban la sección 1226 como fundamento de su liberación.

Posteriormente solicitaron la residencia bajo la Ley de Ajuste Cubano. Sin embargo, el juez de inmigración determinó que no reunían el requisito de haber sido admitidos o haber recibido el parole correspondiente. La Junta de Apelaciones de Inmigración confirmó esa decisión y la familia acudió al tribunal federal.

La defensa planteó un argumento que ocupa un lugar central en el debate sobre los I‑220A: sostuvo que la detención inicial debía estar regida por la sección 1225 y que, bajo esa disposición, el parole humanitario era la única vía disponible para liberarlos. Por tanto, alegó que su salida de custodia debía considerarse un parole de ese tipo por aplicación de la ley.


El tribunal rechazó esa interpretación. Explicó que determinar si DHS concedió parole exige examinar lo que la agencia realmente otorgó y las razones documentadas para la liberación. No basta con argumentar que debió utilizar una autoridad legal diferente.

En este expediente, los jueces destacaron que los documentos identificaban una liberación bajo la sección 1226, que la familia no había recibido formularios I‑94 normalmente asociados al parole y que DHS había rechazado expresamente una solicitud posterior de parole humanitario.

La decisión tiene relevancia más allá del expediente familiar porque fue emitida como una opinión publicada. El propio Undécimo Circuito establece que sus opiniones publicadas constituyen precedente vinculante dentro de su ámbito judicial.

Eso significa que el razonamiento del tribunal puede resultar determinante en otros casos sujetos a ese precedente donde se plantee el mismo argumento. El fallo refuerza que un I‑220A, por sí solo, no acredita el parole necesario para acceder al ajuste cubano.

La resolución no deroga la Ley de Ajuste Cubano ni establece una orden colectiva de deportación contra todas las personas con I‑220A. Tampoco debe interpretarse como una negativa automática para alguien que pueda acreditar una admisión o un parole válido por otra vía.

Por separado, el tribunal mantuvo la negativa al asilo, la retención de deportación y la protección bajo la Convención contra la Tortura solicitadas por la familia. Esa parte de la decisión se basó en las pruebas de su expediente y no constituye una conclusión general sobre las solicitudes de asilo de los cubanos.

Para quienes siguen el debate sobre el I‑220A, el mensaje central de esta resolución es concreto: la liberación de custodia no se convierte automáticamente en el parole exigido para obtener la residencia bajo la Ley de Ajuste Cubano, aunque se cuestione la autoridad legal utilizada por las autoridades migratorias.


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