Libres, pero sin poder trabajar: demandan a ICE en corte federal por retener documentos de inmigrantes

Salir de un centro de detención no les permitió recuperar su vida cotidiana. Siete inmigrantes presentaron el 13 de octubre de 2026 una demanda contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), alegando que siguen sin recibir documentos y pertenencias confiscados durante sus arrestos.

El caso, presentado ante el Tribunal Federal del Distrito de Columbia, busca ser reconocido como una demanda colectiva. Los afectados denuncian que la retención de sus bienes continúa durante meses después de su liberación y les impide trabajar, identificarse y sostener a sus familias.

Antecedentes: un cubano de Tampa entre los demandantes

Entre los afectados figura Rolando Ramírez Fuentes, un cubano residente en Tampa que llegó a Estados Unidos hace 46 años, cuando tenía 11.

Según la demanda, ICE lo arrestó el 23 de julio de 2025 y permaneció detenido hasta que un juez federal ordenó su liberación el 28 de abril de 2026. La agencia no le habría devuelto su licencia de conducir de Florida ni su tarjeta del Seguro Social.

El expediente señala que Ramírez tenía una orden de deportación y había permanecido bajo una orden de supervisión desde 2004. Su reclamación cuestiona la retención de sus pertenencias después de recuperar la libertad.

Impacto: dificultades para trabajar y pagar el alquiler

Otro demandante es Vladimir Izmailov, un ciudadano ruso con una solicitud de asilo pendiente. De acuerdo con la ACLU, lleva más de cinco meses sin recuperar sus documentos de autorización de empleo y otros objetos, incluido su anillo de matrimonio.

La organización afirma que la falta de documentación le ha dificultado conseguir trabajo y lo ha obligado a pedir dinero prestado para pagar el alquiler de la vivienda que comparte con su esposa y sus dos hijos. También señala que no puede conducir y carece de recursos para reemplazar las pertenencias retenidas.

Los siete demandantes proceden de Venezuela, El Salvador, Cuba, Colombia, Guatemala y Rusia. Las reclamaciones abarcan pasaportes, permisos de trabajo, licencias, dinero, teléfonos, llaves y otros bienes.

Según sus abogados, algunos han perdido empleos o temen salir de sus casas sin identificación. Recuperar la libertad, sostienen, no elimina las consecuencias de una detención cuando los documentos necesarios para desenvolverse siguen en poder de las autoridades.

Contexto legal: cuestionan la retención sin una razón vigente

La demanda alega violaciones de la Cuarta Enmienda, que protege frente a incautaciones irrazonables, y de la Ley de Procedimiento Administrativo, que permite impugnar actuaciones arbitrarias de las agencias federales.

Los abogados argumentan que una confiscación inicialmente legítima no autoriza al Gobierno a conservar indefinidamente una pertenencia. Cuando desaparece la justificación y no surge otra válida, sostienen, debe devolverla.

También alegan que ICE incumple sus propias directrices, que exigen una necesidad operativa claramente explicada para conservar documentos. Estas son las posiciones de los demandantes, sobre las que deberá pronunciarse el tribunal.

Reacciones: los abogados reclaman devolución y garantías

La ACLU de Washington y de Illinois participa en la representación de los afectados junto con Democracy Defenders Fund y dos firmas jurídicas. Los demandantes solicitan una orden que obligue a devolver los bienes retenidos sin fundamento y medidas que eviten que la práctica continúe.

ICE y DHS no habían respondido de inmediato a las acusaciones cuando The Wall Street Journal publicó su reportaje. Esa ausencia de comentarios no constituye una aceptación de los hechos denunciados.

Próximos pasos: el alcance colectivo sigue pendiente

La solicitud de demanda colectiva busca extender la reclamación a otras personas en circunstancias similares. Presentarla no significa que el tribunal ya haya certificado al grupo ni declarado ilegal la actuación de ICE.

El proceso deberá resolver si existe la práctica denunciada y qué medidas corresponden. Para los afectados, la petición tiene un objetivo inmediato: recuperar los documentos y pertenencias que necesitan para reconstruir su vida después de la detención.