
Un estilista cubano detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Miramar aseguró a una amiga que no había recibido sus medicamentos para el VIH ni para otras afecciones mientras permanecía bajo custodia. Rosanna Sopo-Elias, residente de Hollywood y parte de lo que describe como su «familia elegida», teme que el deterioro de su salud tenga consecuencias graves.
«Mi mayor miedo es que se muera ahí dentro», declaró Sopo-Elias a Local 10. El hombre, a quien llama «Mayito», estaba retenido en la instalación de ICE-ERO de 2805 SW 145 Avenue. No se ha divulgado su nombre completo, el detalle de su tratamiento ni un expediente médico que permita verificar de forma independiente cuánto tiempo estuvo sin medicación.
De una llamada tranquila a una petición desesperada
Según su amiga, Mayito parecía haber aceptado la posibilidad de una deportación y de reconstruir su vida en México. Le pidió que cuidara de su perro y, en una llamada realizada un domingo, se mostró sereno. Tres días después, la conversación fue muy distinta: lloraba, gritaba y le rogaba ayuda, relató Sopo-Elias.
El cubano le dijo que dormía en el suelo de una celda compartida con unos 60 hombres, sin camas ni acceso adecuado a duchas y sanitarios. Sopo-Elias sostuvo que se había ensuciado la ropa y no le permitían bañarse. También aseguró que él había pedido sus medicamentos sin obtenerlos y que, cuando ella le insistió en buscar ayuda, le respondió que allí no había personal médico.
Esas condiciones corresponden al relato transmitido por el detenido a su amiga. ICE no ofreció a Local 10 una respuesta específica sobre su atención médica, la entrega de fármacos o su situación actual.
Un informe del Congreso señala problemas similares en Miramar
La denuncia se conoció en la misma semana en que legisladores demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes difundieron un documento basado en testimonios de denunciantes sobre instalaciones migratorias de Florida. En el apartado dedicado a Miramar, el informe sostiene que el lugar carece de personal médico contratado para trabajar allí, de un área dedicada a la atención de salud y de un refrigerador apropiado para ciertos medicamentos. También afirma que no se realizan evaluaciones médicas sistemáticas.
El documento describe cuatro baños portátiles sucios, falta de agua y jabón para lavarse las manos tras usarlos y la posibilidad de ducharse solo una vez al ingresar. Según los denunciantes citados por los legisladores, algunas personas han permanecido en la instalación durante varios días y cientos han estado retenidas en determinados momentos. Son alegaciones sobre las condiciones generales del lugar; el informe no demuestra por sí mismo lo ocurrido con los medicamentos de Mayito.
El mismo documento recuerda que la directiva de ICE para salas de retención contempla la entrega de medicamentos recetados y la vigilancia de señales de problemas de salud que requieran atención. Las denuncias plantean, por tanto, una pregunta concreta: quién evaluó las necesidades médicas del estilista y qué se hizo para garantizar la continuidad de su tratamiento.
Por qué preocupa interrumpir el tratamiento del VIH
Las guías clínicas de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos advierten que suspender el tratamiento antirretroviral puede provocar un repunte del virus, deterioro inmunitario y progresión de la enfermedad. El riesgo particular para Mayito dependería de su estado clínico, del régimen que utiliza y de la duración de cualquier interrupción, datos que no son públicos.
Sopo-Elias insiste en que su preocupación no se limita al proceso migratorio. Para ella, la prioridad es que su amigo reciba una evaluación médica y los medicamentos prescritos mientras siga bajo custodia.
La respuesta del Departamento de Seguridad Nacional
Consultado por Local 10, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no respondió directamente a las acusaciones de falta de medicación o de higiene. En cambio, remitió una declaración que promueve el uso de la aplicación CBP Home para la salida voluntaria e indicó que el gobierno ofrece 3.000 dólares y un vuelo a quienes se autodeporten, según la respuesta reproducida por el medio.
La situación médica del cubano, la duración de su detención y si finalmente recibió sus medicamentos seguían sin aclararse en la información publicada. Mientras espera respuestas, Sopo-Elias pide que el trato a las personas detenidas se mida por una exigencia básica: su dignidad y su acceso a la atención que necesitan.





