Abogada explica la decisión que mantiene en pie la demanda por el I-220A

La demanda que busca abrir una vía legal para cubanos que recibieron un formulario I-220A superó este jueves un obstáculo decisivo en una corte federal de Miami.

La jueza Jacqueline Becerra rechazó la moción presentada por el Gobierno para desestimar los casos Bello-Rubio y Morejón, permitiendo que ambos litigios continúen avanzando.

La abogada de inmigración Claudia Cañizares, integrante del equipo legal de los demandantes y presente durante la audiencia, explicó en una entrevista con Cuba en Miami qué ocurrió dentro de la sala y cuáles serán los próximos pasos.

“Lo principal era tomar una decisión respecto a si el caso se iba a desestimar o no”, señaló Cañizares. “El motion to dismiss está negado. La demanda sigue en pie”.

La decisión representa un resultado favorable para los demandantes en esta etapa, aunque no significa que los cubanos con I-220A hayan recibido parole ni que puedan solicitar automáticamente la residencia bajo la Ley de Ajuste Cubano.

La jueza ordenó enmendar las demandas

Según explicó Cañizares, la jueza solicitó que los abogados realicen modificaciones en las demandas iniciales para expresar con mayor precisión uno de sus argumentos y definir claramente el remedio que están solicitando.

La abogada sostuvo que ese punto ya formaba parte del planteamiento, pero ahora deberá aparecer de manera más explícita en los documentos judiciales.

“Lo más importante es seguir las órdenes de la corte, hacer las enmiendas necesarias y suplementar la solicitud para certificar la clase”, afirmó.

La magistrada también habría señalado que el proceso lleva demasiado tiempo pendiente y necesita avanzar. Para ello, estableció plazos para que las partes entreguen nuevos documentos y argumentos.

El expediente público de Bello-Rubio v. Noem permanece activo ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida.

La acción colectiva todavía no ha sido certificada

Uno de los asuntos que más expectativa ha generado es la posibilidad de convertir el litigio en una acción colectiva o class action.

Esa certificación podría determinar si una eventual decisión favorable tendría efectos únicamente para los demandantes actuales o podría alcanzar a un grupo más amplio de cubanos procesados bajo circunstancias similares.

Cañizares aclaró que la jueza no tomó una decisión sobre ese punto durante la audiencia de este jueves.

“Hoy no se certificó como un class action. Va a haber una audiencia separada para eso”, explicó.

La jueza habría planteado la necesidad de establecer un mecanismo que permita identificar claramente a todas las personas que pertenecerían al grupo.

De acuerdo con la abogada, las autoridades federales cuentan con sistemas que permitirían aplicar filtros e identificar a los cubanos que ingresaron bajo determinadas condiciones, recibieron un I-220A y no obtuvieron parole.

Cañizares rechazó versiones según las cuales la magistrada habría considerado que el grupo era demasiado grande para ser certificado.

“La jueza no dijo que no se puede certificar porque es una clase muy amplia”, precisó. “Lo que quiere saber es si existe una forma de encontrar e identificar a todas esas personas”.

Un momento de tensión con los abogados del Gobierno

Durante la audiencia también se produjo un intercambio que Cañizares calificó como particularmente interesante.

Según su relato, los representantes del Gobierno habrían reconocido inicialmente un error relacionado con la forma en que fueron procesados algunos migrantes, aunque posteriormente modificaron o matizaron ese planteamiento.

“Hubo un momento donde el Gobierno admitió: ‘Nos equivocamos’, y después como que se echaron un poco para atrás”, relató.

La posición gubernamental, según la explicación ofrecida por la abogada, sería que incluso si esas personas debieron ser procesadas de otra manera, eso no significa que recibieran parole automáticamente, debido a que su concesión constituye una decisión discrecional.

Los demandantes sostienen una interpretación diferente: si las autoridades no podían liberar legalmente a esas personas mediante una orden bajo palabra después de haberlas sometido a determinado procesamiento, entonces la liberación debió producirse mediante parole.

Ese debate se encuentra en el centro del litigio y todavía no ha sido resuelto definitivamente.

La audiencia no decidió si los cubanos tienen parole

Cañizares insistió en controlar las expectativas de las personas que esperaban una resolución definitiva sobre el I-220A.

La audiencia estaba destinada principalmente a determinar si las demandas continuarían o serían desestimadas. No correspondía decidir todavía si los demandantes deben ser considerados personas con parole.

“La audiencia de hoy no era la audiencia definitiva donde ustedes reciben esa declaración que tanto llevan esperando”, advirtió.

La abogada comparó el proceso con una escalera en la que es necesario superar diferentes etapas antes de llegar a una decisión final.

“Todavía no hemos llegado al final. La lucha sigue”, afirmó.

¿Qué sucederá ahora?

Los abogados deberán presentar las enmiendas solicitadas y reforzar sus argumentos relacionados con la certificación de la acción colectiva.

Posteriormente se celebraría otra audiencia para discutir si los casos pueden continuar como demandas colectivas. Superada esa etapa, podría presentarse una petición de juicio sumario, mediante la cual una de las partes solicitaría una decisión basada en los documentos y argumentos legales sin necesidad de desarrollar un proceso completo de descubrimiento de pruebas.

Cañizares reconoció que no puede anticipar cuánto demorará el litigio, aunque aseguró que la jueza comprende la magnitud y urgencia del problema.

“No vamos a tener una solución el mes que viene, pero creo que sí se le está dando la prioridad que el caso necesitaba”, expresó.

También anticipó que, independientemente de cuál sea el resultado final, existe una alta probabilidad de apelación. Si los demandantes pierden, podrían recurrir la decisión; si ganan, el Gobierno podría hacer lo mismo.

La principal noticia tras la audiencia, según la abogada, es que el intento gubernamental de cerrar los casos no prosperó. Las demandas continúan activas, pero todavía quedan importantes debates legales antes de que exista una respuesta definitiva para los cubanos con I-220A.