Demanda de los cubanos con I-220A podría convertirse en colectiva: quiénes podrían beneficiarse

La demanda federal que busca una solución para cubanos liberados en Estados Unidos con el formulario I-220A podría convertirse en una acción colectiva de alcance nacional, una decisión procesal que ampliaría significativamente el número de personas cubiertas por el litigio.

La solicitud forma parte del caso Bello-Rubio vs. Departamento de Seguridad Nacional, presentado originalmente por 992 ciudadanos cubanos que fueron liberados de custodia migratoria con una Orden de Libertad Bajo Palabra, conocida como I-220A.

El tribunal tiene programada una audiencia para el próximo 2 de septiembre en Miami. Entre los asuntos pendientes se encuentra la petición de los demandantes para que el caso sea certificado como una acción colectiva o class action, además de la moción presentada por el Gobierno federal para que la demanda sea desestimada.

La abogada de inmigración Claudia Cañizares explicó durante una entrevista con Cuba en Miami que la certificación sería un paso importante para los afectados.

“El hecho de que lo declaren una demanda colectiva beneficiaría a todos los I-220A que están aquí en Estados Unidos”, señaló Cañizares al explicar el alcance que podría tener la petición, aunque la definición exacta del grupo dependerá de lo que autorice el tribunal.

¿Qué significa que la demanda se convierta en colectiva?

Una demanda colectiva permite que un grupo de personas que comparte una situación jurídica similar sea representado dentro de un mismo proceso judicial.

En lugar de limitar los efectos del litigio únicamente a los demandantes identificados por nombre, el tribunal puede definir una clase integrada por otras personas que cumplan determinadas condiciones.

En el caso de Bello-Rubio, los abogados buscan que las cuestiones legales planteadas puedan resolverse para un grupo nacional de migrantes cubanos afectados por la manera en que el Departamento de Seguridad Nacional documentó su liberación.

Según una presentación de los demandantes ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida, el caso busca una certificación nacional sobre asuntos que podrían afectar a varios cientos de miles de cubanos.

Sin embargo, todavía no existe una clase certificada. La jueza deberá determinar si se cumplen los requisitos legales y definir exactamente quiénes quedarían incluidos.

¿Quiénes podrían quedar cubiertos?

El alcance dependerá de la definición que apruebe el tribunal. Por eso, no debe asumirse que todas las personas que poseen una I-220A quedarían automáticamente incluidas.

Entre los factores que podrían ser importantes se encuentran:

• Que la persona sea natural o ciudadana de Cuba.
• Que haya llegado a Estados Unidos sin haber sido formalmente admitida.
• Que haya sido detenida y posteriormente liberada por las autoridades migratorias.
• Que la liberación haya sido documentada mediante el formulario I-220A.
• Que la persona continúe sujeta a determinadas condiciones o reportes ante ICE.
• Que su situación responda a la misma práctica gubernamental cuestionada en la demanda.

Dos personas pueden tener una I-220A y, aun así, poseer expedientes migratorios diferentes. Algunas entraron por la frontera, otras fueron procesadas bajo procedimientos distintos y algunas tienen casos pendientes, órdenes de deportación, solicitudes de asilo u otros antecedentes.

La orden que eventualmente emita la jueza tendría que describir los requisitos para ser considerado miembro de la clase.

El argumento central de los demandantes

Los demandantes sostienen que fueron liberados en circunstancias en las que el parole era la vía legal que debía haberse utilizado, pero el Gobierno documentó esa liberación con una I-220A.

Su argumento plantea que la sustancia de la actuación gubernamental debe prevalecer sobre el nombre colocado en el documento y que las autoridades habrían omitido entregar evidencia del parole correspondiente.

El reconocimiento del parole resulta especialmente importante para los cubanos porque la Ley de Ajuste Cubano permite solicitar la residencia permanente a determinados naturales o ciudadanos de Cuba que hayan sido inspeccionados y admitidos o puestos bajo parole, después de cumplir al menos un año de presencia física y los demás requisitos legales.

Actualmente, una I-220A no constituye por sí sola un estatus migratorio, no cancela un proceso de deportación y no es reconocida automáticamente como prueba de parole.

El Gobierno rechaza que la I-220A equivalga a parole

El Departamento de Seguridad Nacional sostiene una interpretación diferente. En su moción para desestimar la demanda, el Gobierno afirma que una liberación bajo palabra conforme a la sección 236 de la Ley de Inmigración es distinta del parole humanitario autorizado por la sección 212(d)(5).

La defensa gubernamental también argumenta que el tribunal carece de jurisdicción para revisar algunas de las decisiones cuestionadas y presenta objeciones sobre la vía legal y el lugar donde fueron formuladas determinadas reclamaciones.

Los abogados de los demandantes responden que no están pidiendo revisar una decisión discrecional, sino resolver una cuestión jurídica: si el Gobierno utilizó el documento equivocado para registrar una liberación que, según su postura, solo podía realizarse legalmente mediante parole.

La jueza deberá considerar estas posiciones antes de determinar si el caso puede continuar y si corresponde permitir que avance como una demanda colectiva.

¿Convertirse en colectiva otorgaría residencia a los I-220A?

No. La certificación colectiva sería un avance procesal, pero no resolvería automáticamente el reclamo principal.

Si la jueza certifica la clase, el caso podría continuar en representación de un grupo más amplio. Eso permitiría que una futura decisión sobre la práctica gubernamental alcance a personas que no aparecen entre los 992 demandantes originales, siempre que cumplan la definición establecida por el tribunal.

Pero la certificación, por sí sola, no significaría que:

• Todas las I-220A se convierten inmediatamente en parole.
• USCIS debe aprobar automáticamente las solicitudes de residencia.
• Los procesos en la Corte de Inmigración quedan cerrados.
• Desaparecen las órdenes de deportación o las causales de inadmisibilidad.
• Todos los cubanos con ese documento reúnen los requisitos de la Ley de Ajuste Cubano.

Incluso si los demandantes obtuvieran una decisión favorable sobre el parole, cada persona tendría que cumplir los demás requisitos para solicitar la residencia y su situación individual podría requerir una evaluación separada.

La moción del Gobierno podría frenar el caso

Antes de que se decida el fondo del reclamo, el tribunal también debe examinar la solicitud gubernamental para cerrar el litigio.

Si la moción para desestimar es concedida totalmente, el caso podría terminar en esta etapa sin una decisión sobre si la I-220A debe producir efectos equivalentes al parole. Los demandantes todavía podrían analizar una apelación u otras opciones legales.

Si la jueza rechaza la moción, la demanda continuaría y el tribunal podría avanzar hacia otras fases del litigio. También es posible que solo algunas reclamaciones sobrevivan o que se limite el alcance de la clase propuesta.

Por esa razón, la audiencia del 2 de septiembre será importante, pero no debe presentarse como el día en que todos los cubanos con I-220A recibirán una solución definitiva.

¿Cuándo se conocerá la decisión?

La jueza podría escuchar los argumentos y dejar las mociones bajo consideración. En casos complejos, los tribunales suelen emitir posteriormente una orden escrita que desarrolla las razones jurídicas de la decisión.

Cañizares considera poco probable que todos los asuntos se resuelvan durante la propia audiencia.

“Lo normal es que la jueza escuche y después tome una decisión más adelante”, explicó. “Por lo general, estos jueces dan órdenes escritas bastante extensas”.

No existe un plazo público garantizado para que se emita esa orden. La decisión podría conocerse días o semanas después de la audiencia, dependiendo de la complejidad de las mociones y de la carga de trabajo del tribunal.

Qué deben hacer ahora los cubanos con I-220A

Por el momento, tener una I-220A no significa que la persona ya forme parte de una clase certificada ni que pueda presentar una solicitud de residencia basándose únicamente en esta demanda.

Los afectados deben conservar sus documentos de entrada y liberación, revisar el estado de sus procedimientos ante la Corte de Inmigración y cumplir todas las citas y condiciones impuestas por las autoridades.

También deben evitar tomar decisiones migratorias basándose exclusivamente en titulares o publicaciones en redes sociales. El efecto de cualquier orden dependerá de su redacción, de quiénes queden incluidos y de la situación particular de cada persona.

La posible conversión del caso en una demanda colectiva representa una oportunidad para que una misma controversia jurídica sea examinada para un grupo mucho más amplio. Pero todavía será necesario esperar primero la decisión sobre la continuidad del litigio y, posteriormente, la resolución de la discusión central sobre el parole.