Un gran jurado estatal concluyó que la administración del gobernador Ron DeSantis utilizó indebidamente 10 millones de dólares procedentes de un acuerdo sanitario y permitió que el dinero llegara a organizaciones políticas que combatieron la legalización de la marihuana en Florida.
El informe, que permanece bajo sello y se obtuvo por CBS News Miami, describe la transferencia como parte de un esquema diseñado para financiar actividades políticas. Aunque consideró que los fondos públicos se “malversaron”, el panel no encontró pruebas suficientes para responsabilizar penalmente a una persona específica.
La investigación reconstruyó un recorrido financiero que comenzó con un acuerdo relacionado con cobros excesivos al programa Florida Healthy Kids, pasó por la Hope Florida Foundation y terminó en dos comités de acción política y en las cuentas del Partido Republicano de Florida.
El origen de los $10 millones
El caso comenzó después de que las autoridades estatales determinaran que la compañía sanitaria Centene había cobrado de más por medicamentos recetados suministrados mediante Florida Healthy Kids, un programa que ofrece cobertura médica a menores de familias con ingresos limitados.
La participación correspondiente a Florida se calculó en poco más de 67 millones de dólares. Un primer borrador presentado en julio de 2021 contemplaba devolver esa cantidad completa al estado, pero el acuerdo permaneció sin resolverse durante aproximadamente tres años.
La negociación se reactivó repentinamente en septiembre de 2024, pocas semanas antes de las elecciones. El 12 de septiembre, el acuerdo se modificó para entregar 62 millones de dólares al estado y cinco millones a la Hope Florida Foundation.
Un día después volvió a cambiar: la cantidad destinada a las arcas públicas bajó a 57 millones de dólares y la asignación para Hope Florida aumentó a 10 millones. El informe señala que no se proporcionó una explicación clara sobre por qué se duplicó la transferencia a la fundación.
El gran jurado rechazó el argumento de que esos 10 millones constituían una donación adicional o un “bono” aportado por Centene. En su conclusión, todo el dinero formaba parte del reembolso que correspondía a los contribuyentes de Florida.
Hope Florida recibió el dinero y lo transfirió rápidamente
Centene depositó los 10 millones de dólares en la cuenta de Hope Florida Foundation el 4 de octubre de 2024. La cifra era extraordinaria para una organización cuya mayor donación anterior había sido de aproximadamente 100,000 dólares.
Según el testimonio de Joshua Hay, entonces presidente de la fundación, poco después de conocer que recibiría el dinero también supo que llegarían dos solicitudes de subvenciones por cinco millones de dólares cada una.
Una subvención se concedió a Secure Florida’s Future y la otra a Save Our Society from Drugs. En menos de 25 días, Hope Florida ya había transferido la totalidad de los fondos.
El gran jurado cuestionó que la fundación se hubiera seleccionada como beneficiaria. Algunos testigos no pudieron explicar con precisión cómo funcionaba la organización ni aportar evidencias suficientes de que tuviera la estructura necesaria para administrar una suma de esa magnitud.
El dinero llegó a comités políticos
Un análisis forense de las cuentas bancarias determinó que 8.5 millones de dólares procedentes de las dos organizaciones beneficiarias terminaron en Keep Florida Clean, un comité político dirigido por James Uthmeier.
Desde allí, siete millones se enviaron al Partido Republicano de Florida y otros 1.23 millones se transfirieron a Florida Freedom Fund, otro comité presidido por Uthmeier. Los recursos se utilizaron durante la campaña de 2024 contra la Enmienda 3, la iniciativa ciudadana que buscaba legalizar el consumo recreativo de marihuana para adultos en Florida.
El informe sostiene que las solicitudes de subvención indicaban que el dinero no se emplearía con propósitos políticos. Sin embargo, una parte sustancial se transfirió casi inmediatamente a las organizaciones que financiaban la campaña electoral.
El informe señala el papel de James Uthmeier
El gran jurado identificó a Uthmeier, quien entonces era jefe de gabinete de DeSantis y actualmente ocupa el cargo de fiscal general de Florida, como una figura central en las decisiones adoptadas después de que Hope Florida recibiera los fondos.
Los testimonios indicaron que Uthmeier habría participado en orientar el dinero y que Keep Florida Clean fue el principal receptor de los recursos. Uthmeier ha negado haber cometido alguna irregularidad. También ha recalcado que no se le acusó, identificó como sospechoso ni se señaló como objetivo de una investigación penal.
Su oficina sostuvo que las actuaciones del gran jurado son confidenciales y que divulgar su contenido sin autorización puede constituir un delito. Uthmeier también ha calificado anteriormente toda la controversia de Hope Florida como un asunto exagerado por los medios.
Ashley Moody conocía la transferencia
El informe también concluyó que Ashley Moody, fiscal general de Florida en el momento del acuerdo y actual senadora federal, conocía los planes para dirigir los 10 millones de dólares hacia Hope Florida.
Moody autorizó a su entonces jefe adjunto, John Guard, a firmar el documento definitivo. Guard había expresado reservas porque consideraba que el dinero pertenecía al estado y que, conforme a las leyes de Florida, correspondía a la Legislatura decidir cómo debía utilizarse.
El acuerdo fue reescrito para que la orden de transferir los fondos proviniera de la Agencia para la Administración de la Atención Sanitaria, conocida como AHCA, y no directamente de la Fiscalía General. Guard declaró que no supo que el dinero había terminado en comités políticos hasta varios meses después de las elecciones.
Un acuerdo acelerado en medio de dos huracanes
El gran jurado también consideró sospechosa la rapidez con la que se cerró el acuerdo después de tres años de inactividad. Algunos documentos fueron firmados el 27 de septiembre de 2024, un día después de que el huracán Helene golpeara Florida. Funcionarios que se encontraban trabajando en el Centro de Operaciones de Emergencia dijeron que recibieron el acuerdo sin haber participado previamente en su preparación.
Días más tarde, mientras Florida afrontaba los daños ocasionados por el huracán Milton, comenzaron las gestiones para que las dos organizaciones externas solicitaran las subvenciones de cinco millones de dólares.
El acuerdo exigía que Centene enviara los 10 millones a Hope Florida en un plazo de siete días, pero permitía que la compañía tardara más de un año en entregar los otros 57 millones al estado.
Para el gran jurado, la urgencia estuvo relacionada con la proximidad de las elecciones, que se celebrarían aproximadamente 45 días después. También llamó la atención que la administración no anunciara públicamente la recuperación de los 67 millones ni notificara formalmente a la Legislatura.
No habrá cargos penales
Pese a sus conclusiones, el gran jurado determinó que no podía establecer quién tomó originalmente la decisión de enviar los 10 millones de dólares a Hope Florida.
Los funcionarios interrogados dijeron no recordar quién propuso a la fundación como beneficiaria. Esa falta de una responsabilidad individual comprobable impidió, según el panel, formular acusaciones penales. Ni DeSantis, ni Moody ni Uthmeier fueron llamados a declarar ante el gran jurado de Tallahassee.
DeSantis afirmó que no participó en el acuerdo, pero que estaba satisfecho con la manera en que se gestionó. El gobernador continúa calificando las denuncias relacionadas con Hope Florida como un engaño.
El informe sigue bajo sello
El documento fue presentado bajo sello en el Tribunal del Condado de Leon el 28 de enero de 2026. Funcionarios demócratas y organizaciones dedicadas a la transparencia gubernamental han reclamado su publicación.
Una fuente citada por CBS News Miami aseguró que varias personas mencionadas en el informe han intentado impedir su divulgación mediante procedimientos judiciales confidenciales. La situación exacta de esas acciones no se conoce públicamente.
El Florida Center for Government Accountability solicitó intervenir ante el tribunal para defender la publicación del documento, pero su petición continúa pendiente.
Las reformas recomendadas
El gran jurado pidió a la Legislatura de Florida aprobar normas que obliguen a depositar en el Fondo General todo el dinero recibido por el estado, independientemente de su procedencia.
También recomendó establecer controles para rastrear los fondos públicos entregados a fundaciones u organizaciones privadas y crear consecuencias claras cuando sean utilizados con fines distintos de los autorizados.
La conclusión política y administrativa del informe es contundente: los 10 millones formaban parte de una compensación para los contribuyentes y no debieron canalizarse hacia actividades partidistas sin supervisión ni transparencia.
