Una investigación conjunta de varias agencias policiales permitió desmantelar una presunta organización criminal de carácter familiar que operaba desde un centro comercial de West Palm Beach y que, según las autoridades, habría lavado más de 12,5 millones de dólares mediante un sofisticado esquema de fraude vinculado a la industria de la construcción.
El caso es investigado por el Grupo de Trabajo contra el Lavado de Dinero de las oficinas del alguacil de los condados de Broward y Palm Beach. De acuerdo con documentos presentados ante el Tribunal de Circuito del Condado de Palm Beach, la organización utilizaba empresas aparentemente legítimas y compañías fantasma para desarrollar un fraude conocido como «alquiler de certificados», relacionado con los seguros de compensación laboral exigidos en Florida.
Las autoridades identificaron a Marlen Suazo Gutiérrez, de 36 años, como la presunta líder de la organización. Según la investigación, el grupo obtenía certificados de seguros mediante información falsa y posteriormente los alquilaba a subcontratistas que carecían de cobertura, permitiéndoles trabajar en proyectos de construcción sin cumplir con los requisitos legales.
Los detectives aseguran que la red creó al menos siete empresas interconectadas, entre ellas DMF Construction Services y Ace Concrete & Pavers, registradas a nombre de familiares o personas cercanas. Varias de estas compañías compartían la misma dirección postal en un complejo de almacenes de West Palm Beach.
La investigación también señala que el verdadero centro de operaciones era MLS Paralegal Services, una oficina que presuntamente servía como fachada para administrar empresas ficticias, procesar documentación y coordinar el movimiento de grandes cantidades de efectivo. Durante las labores encubiertas, los agentes observaron el traslado frecuente de mochilas y bolsas que, según la acusación, contenían dinero en efectivo.
Además, los investigadores sostienen que la organización operaba servicios financieros sin autorización para cambiar cheques de nómina y mover dinero fuera de los controles habituales del sistema bancario.
Entre los arrestados se encuentra Gustavo Lara Suazo, hijo de Marlen Suazo Gutiérrez, quien presuntamente cobró más de 1,1 millones de dólares en cheques de nómina. Según la investigación, aparecía registrado como empleado en varias empresas simultáneamente e incluso declaró jornadas laborales que excedían el número total de horas disponibles en una semana.
También fueron arrestados Alejandra Lagos Matute, acusada de participar en el cobro de más de 1,3 millones de dólares y en operaciones vinculadas a una empresa presuntamente ficticia; así como Blanca Cecilia Ramírez Farina y Erick Blandon, quienes enfrentan cargos relacionados con fraude y manejo ilegal de dinero.
El caso avanzó luego de que los detectives obtuvieran autorización judicial para instalar dispositivos de rastreo en vehículos vinculados a los sospechosos. Según las autoridades, la estructura comenzó a desmoronarse cuando algunos de sus integrantes detectaron que estaban siendo vigilados.
Todos los acusados enfrentan múltiples cargos, entre ellos conspiración organizada para defraudar, fraude relacionado con seguros de compensación laboral y operación de un negocio de servicios monetarios sin licencia. La fianza fue fijada en 15.000 dólares por cada uno de los cargos, mientras las autoridades continúan revisando registros financieros y documentos de seguros para determinar el alcance total del presunto fraude.
