Un juez federal volvió a aumentar la presión sobre el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) al ordenar que la agencia cumpla de inmediato con una decisión judicial que anuló varias políticas utilizadas para retrasar o congelar el procesamiento de beneficios migratorios.
La nueva orden, emitida el 11 de junio por el juez federal John J. McConnell Jr. en el Distrito de Rhode Island, surge apenas días después de que el tribunal declarara ilegales varias medidas implementadas por USCIS y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Según la corte, dichas políticas fueron adoptadas de manera contraria a la ley y de forma arbitraria, por lo que fueron anuladas bajo la Ley de Procedimiento Administrativo (APA).
Gobierno busca apelar, pero el juez aclara que la orden sigue vigente
Tras la decisión inicial del pasado 5 de junio, el gobierno federal solicitó la entrada de una sentencia parcial final para poder presentar una apelación y buscar una suspensión de la decisión.
Aunque el tribunal accedió a ese pedido procesal, el juez aprovechó la nueva orden para enviar un mensaje contundente: las políticas anuladas dejaron de tener efecto desde el momento en que fueron vacadas por la corte.
En su decisión, McConnell rechazó cualquier interpretación de que la entrada de una sentencia final fuera necesaria para que la orden comenzara a aplicarse.
“El gobierno tiene la obligación de cumplir inmediatamente con esta orden”, señaló el magistrado.
Las políticas cuestionadas ya no tienen efecto
La orden reafirma que las cuatro políticas impugnadas continúan anuladas:
- Benefits Hold Policy
- Global Asylum Hold Policy
- Comprehensive Re-Review Policy
- Country-Specific Factors Policy
Según el tribunal, estas medidas son “contrarias a la ley” y “arbitrarias y caprichosas”, por lo que deben permanecer sin efecto mientras no exista una decisión superior que suspenda la sentencia.
El juez fue incluso más allá al explicar que las políticas han sido “vacadas”, “anuladas”, “revocadas” y “dejadas sin efecto”, dejando claro que USCIS no puede continuar aplicándolas como si siguieran vigentes.
USCIS deberá informar qué ha hecho para cumplir
Uno de los aspectos más relevantes de la nueva orden es que el tribunal exigió al gobierno presentar un informe detallando qué acciones concretas ha tomado para cumplir con la decisión judicial.
La corte otorgó un plazo de apenas 24 horas para responder y dejó claro que mantendrá jurisdicción sobre el caso para supervisar el cumplimiento de la sentencia.
La medida busca evitar que las políticas continúen aplicándose de manera indirecta mientras avanza el proceso de apelación.
¿Qué significa para los inmigrantes?
Aunque la orden no garantiza aprobaciones automáticas ni establece plazos específicos para resolver casos pendientes, sí fortalece la posición de quienes sostienen que USCIS debe reactivar el procesamiento normal de expedientes que pudieron verse afectados por las políticas anuladas.
Miles de inmigrantes en todo el país permanecen atentos a posibles cambios en los tiempos de procesamiento de solicitudes de residencia permanente, asilo, permisos de trabajo y otros beneficios migratorios.
La gran interrogante ahora es si los próximos reportes de USCIS mostrarán una aceleración en los casos que habían quedado atrapados bajo los mecanismos cuestionados por el tribunal.
Mientras tanto, la batalla legal continúa. El gobierno mantiene la intención de apelar, pero por el momento la decisión judicial permanece vigente y el mensaje del tribunal es inequívoco: las políticas anuladas ya no pueden seguir utilizándose.
