«Vi que estaba vacía la tarjeta y me di cuenta”: cubana de 93 años rompe el silencio tras fraude con food stamps

El testimonio de una anciana cubana residente en el sur de Florida ha puesto rostro humano a un esquema de fraude que afecta a decenas —y posiblemente cientos— de beneficiarios del programa de asistencia alimentaria SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program), conocido como “food stamps”.

El caso no solo ha derivado en arrestos, sino que ha expuesto fallas estructurales en la protección de los beneficios públicos y ha reavivado el debate sobre la seguridad del sistema EBT en Estados Unidos, del cual dependen millones de personas para garantizar su alimentación.

Un golpe inesperado en el momento más crítico

Angela Liriano, de 93 años, descubrió que fue víctima de fraude en una situación tan cotidiana como alarmante: al intentar pagar sus compras en un supermercado, su tarjeta fue rechazada por falta de fondos. “Vi que estaba vacía la tarjeta… me di cuenta”, rememora la anciana quien llamó a la comunidad a tomar las medidas cuando se encuentren en su misma situación. “Reportarlo enseguida para que tomen medidas sobre eso”, agregó.

Este tipo de descubrimiento no es casual ni aislado, según reportes de autoridades y organizaciones comunitarias, la mayoría de las víctimas detecta el fraude cuando intenta utilizar el beneficio, lo que implica que el dinero ya ha sido retirado en su totalidad.

En el caso de Liriano, el impacto fue inmediato y profundo. Personas de edad avanzada suelen depender exclusivamente de este tipo de asistencia, lo que convierte cualquier interrupción en una emergencia alimentaria. Además, la brecha digital y las limitaciones tecnológicas dificultan que detecten movimientos sospechosos con antelación.

Cómo operaba el esquema fraudulento

La investigación apunta a una operación organizada que habría operado durante meses sin ser detectada. Las autoridades identificaron a Tamica Brown de 43 años como principal sospechosa, arrestada en el condado de Broward el 7 de abril de 2026. Brown sigue privada de libertad, con una fianza establecida en 300 mil dólares, en medio del desarrollo de las actuaciones judiciales en su caso.

El esquema consistía, según el Buró del Sheriff de Broward, en obtener ilegalmente datos de tarjetas EBT —números, códigos PIN y balances— mediante métodos que podrían incluir clonación, dispositivos de “skimming” o filtraciones de información.

“Según los investigadores, Tamica Brown logró robar los números de las tarjetas y tuvo acceso al balance de las cuentas de estas personas que reciben beneficios nutricionales del gobierno”, dijo Claudinne Caro vocera de la oficina del sheriff.

Con estos datos, los implicados realizaban compras en establecimientos comerciales, enfocándose en productos de alta rotación como alimentos envasados, bebidas o artículos fácilmente revendibles. Posteriormente, estos productos eran colocados en el mercado informal, convirtiendo el fraude en una fuente de ingresos ilícitos.

Las autoridades sospechan que la operación no actuaba de forma individual. La posible participación de cómplices sugiere una red más amplia, con roles definidos para la obtención de datos, ejecución de compras y distribución de mercancía.

Cifras que evidencian la magnitud del fraude

El impacto económico del esquema es considerable y aún se encuentra bajo evaluación. Las pérdidas confirmadas superan los 120,000 dólares, pero estimaciones preliminares elevan la cifra hasta los 300,000 dólares, lo que indica que el fraude pudo haberse extendido por un período prolongado.

Más de 30 víctimas han sido identificadas formalmente por las autoridades. Sin embargo, el número real podría acercarse a 200 afectados, lo que evidencia un patrón sistemático de ataque a beneficiarios del programa SNAP.

Este tipo de fraude no solo genera pérdidas individuales, sino que también representa un costo significativo para el sistema público, que en muchos casos debe reponer los fondos robados.

Perfil de las víctimas: los más vulnerables

Uno de los elementos más preocupantes del caso es el perfil de los afectados. La mayoría pertenece a sectores altamente vulnerables: adultos mayores con ingresos fijos limitados, madres solteras con dependientes a cargo y familias de bajos recursos.

Para estos grupos, los beneficios SNAP no son complementarios, sino esenciales. Su pérdida implica, en muchos casos, la imposibilidad inmediata de adquirir alimentos.

Además, estas poblaciones suelen tener menor acceso a herramientas digitales o información sobre seguridad financiera, lo que las convierte en objetivos fáciles para este tipo de delitos.

Recuperación de fondos: un proceso lento y complejo

A la pérdida inicial se suma la dificultad para recuperar los beneficios. Las víctimas deben iniciar procesos administrativos que incluyen reportes, verificación de identidad y revisión de transacciones. Este procedimiento puede extenderse durante semanas, un plazo crítico para quienes dependen de estos fondos para su alimentación diaria.

Aunque existen mecanismos de reposición, la lentitud del sistema ha sido señalada como una de las principales fallas. En muchos casos, las víctimas quedan temporalmente desprotegidas, dependiendo de redes de apoyo comunitario o ayuda de emergencia.

Un fenómeno en expansión en Estados Unidos

El fraude con tarjetas EBT ha aumentado de manera significativa en los últimos años en Estados Unidos. Autoridades federales han advertido que este tipo de delito ha evolucionado con el uso de tecnologías que permiten interceptar o duplicar información de tarjetas.

Como resultado, el gobierno federal ha tenido que reembolsar cientos de millones de dólares en beneficios robados, lo que evidencia la escala del problema. Este fenómeno no solo afecta a los beneficiarios, sino que también pone presión sobre los recursos públicos y la sostenibilidad de los programas de asistencia.

Fallas estructurales y retos del sistema

Especialistas han señalado que el sistema EBT presenta vulnerabilidades, especialmente en comparación con otros métodos de pago más modernos. Muchas tarjetas no cuentan con tecnologías avanzadas como chips de seguridad o autenticación multifactor, lo que facilita su clonación o uso indebido.

El caso ha reactivado el debate sobre la necesidad de modernizar la infraestructura del sistema SNAP, incorporando medidas de protección más robustas que reduzcan el riesgo de fraude. Asimismo, se plantea la necesidad de mejorar los sistemas de monitoreo en tiempo real para detectar transacciones sospechosas antes de que los fondos sean completamente drenados.

Un llamado urgente desde la experiencia de la víctima

Desde su experiencia, Angela Liriano ha instado a otros beneficiarios a mantenerse vigilantes y reportar cualquier irregularidad de inmediato. Recomendaciones clave incluyen revisar frecuentemente el saldo de la tarjeta, no compartir información personal y cambiar el PIN de manera periódica.

No obstante, el caso deja claro que la prevención individual tiene límites frente a esquemas organizados. Por ello, expertos coinciden en que la solución debe incluir tanto medidas de protección al usuario como mejoras estructurales en el sistema.

Un delito que trasciende las cifras

Más allá de los montos económicos, este tipo de fraude tiene consecuencias directas en la seguridad alimentaria de las personas afectadas. Para quienes viven con recursos limitados, la pérdida de los beneficios SNAP representa una crisis inmediata que impacta su salud, estabilidad y bienestar.

El caso de esta anciana cubana ilustra cómo un delito financiero puede transformarse en un problema humanitario. Mientras la investigación continúa y se buscan posibles cómplices, el desafío para las autoridades será no solo castigar a los responsables, sino también fortalecer un sistema del que dependen millones de personas en todo el país.