Gasolina desde Estados Unidos sigue llegando a Cuba: el sector privado gana terreno en plena crisis

El aumento de las exportaciones de combustible desde Estados Unidos hacia Cuba representa un movimiento de alto impacto dentro del complejo entramado político, económico y energético que define la relación entre ambos países. La medida, que se ejecuta bajo estrictos controles y licencias específicas, llega en un momento crítico para la isla, marcada por apagones prolongados, escasez de recursos y un creciente protagonismo del sector privado en medio de la crisis.

Lejos de tratarse de un alivio directo para el sistema estatal cubano, la estrategia está diseñada para canalizar recursos hacia actores económicos independientes, reforzando una política que busca influir en la dinámica interna del país sin beneficiar directamente al gobierno.

Un incremento con destinatario específico: impulso al sector privado emergente

El combustible exportado desde Estados Unidos tiene como destino principal el sector privado cubano, en particular las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), así como trabajadores por cuenta propia que dependen del acceso a energía para sostener sus operaciones diarias.

A lo largo de 2026, desde el mes de enero, Cuba ha recibido 61 embarcaciones portacontenedores que transportaban bienes adquiridos por empresas privadas, concentrando la mayor parte de las operaciones en el puerto del Mariel, situado al oeste de La Habana. En ese período, también se contabiliza la descarga de aproximadamente 200 isotanques en la isla.

Los 30,000 barriles representan apenas algo más de una décima parte de la capacidad de un petrolero de tamaño medio, una proporción reducida si se compara con los cerca de 100,000 barriles diarios que Cuba necesitaba tradicionalmente para sostener su generación eléctrica y atender el consumo habitual. No obstante, este volumen constituye un paso tangible dentro de la estrategia de Washington dirigida a presionar al gobierno cubano.

Este enfoque cobra especial relevancia en un contexto donde el sector privado ha crecido de manera sostenida, convirtiéndose en un componente cada vez más visible dentro de la economía nacional. Negocios vinculados al transporte, la producción de alimentos, la gastronomía, la construcción y los servicios dependen directamente de la disponibilidad de combustible para operar con estabilidad.

Las exportaciones se realizan mediante licencias otorgadas por el gobierno estadounidense, lo que implica un sistema de control diseñado para evitar que estos recursos sean absorbidos por estructuras estatales. Esta diferenciación responde a una estrategia deliberada: fortalecer a los actores independientes como motor de cambio económico desde dentro.

Cuba frente a una crisis energética estructural y prolongada

El incremento de estos envíos se produce en medio de una crisis energética que ha alcanzado niveles críticos. La combinación de escasez de combustible, deterioro de la infraestructura eléctrica y limitaciones financieras ha provocado un déficit sostenido en la generación de energía.

En varias regiones del país, los apagones han superado las 18 y hasta 20 horas diarias, afectando no solo a los hogares, sino también a hospitales, centros educativos y actividades productivas. La paralización de múltiples unidades termoeléctricas, muchas de ellas fuera de servicio por falta de mantenimiento o combustible, ha agravado aún más el panorama.

Este contexto ha generado un creciente malestar social, con protestas aisladas y un aumento de las denuncias ciudadanas, especialmente a través de redes sociales. La falta de electricidad impacta directamente en la conservación de alimentos, el acceso al agua y el funcionamiento de servicios básicos, profundizando la sensación de crisis generalizada.

En este escenario, cualquier incremento en la disponibilidad de combustible —aunque sea limitado— adquiere una relevancia significativa para determinados sectores de la economía.

Estrategia dual de Washington: presión al Estado y apertura selectiva

El aumento de las exportaciones de combustible forma parte de una estrategia más amplia de Estados Unidos que combina dos líneas de acción aparentemente contradictorias, pero complementarias en su objetivo.

Por un lado, Washington mantiene e incluso refuerza las sanciones destinadas a restringir el acceso del Estado cubano a recursos energéticos. Estas incluyen presiones sobre terceros países y empresas para limitar el suministro de petróleo hacia la isla, así como medidas que buscan aislar financieramente al gobierno cubano.

Por otro lado, se promueven mecanismos que permiten canalizar recursos hacia el sector privado, considerado un actor clave para generar cambios internos en la estructura económica del país.

Esta política de “presión y apertura selectiva” refleja una evolución en el enfoque estadounidense, que busca ejercer influencia no solo a través de restricciones, sino también mediante incentivos dirigidos a segmentos específicos de la sociedad cubana.

Envíos bajo la lupa del gobierno de EE.UU

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha sido una de las principales voces en defensa de la política que permite exportaciones de combustible hacia Cuba bajo condiciones específicas. Sus declaraciones han dejado claro que esta medida no implica un cambio de postura hacia el gobierno cubano, sino una estrategia dirigida exclusivamente a fortalecer al sector privado.

Rubio ha insistido en que estas operaciones “siempre han sido legales” cuando están dirigidas al sector privado, subrayando que el combustible no será vendido al Estado ni a estructuras vinculadas al aparato militar, como el conglomerado GAESA.

En ese sentido, el jefe de la diplomacia estadounidense enfatizó que la intención es evitar cualquier beneficio directo al gobierno cubano, estableciendo límites claros sobre el destino de estos recursos. Las exportaciones, explicó, están diseñadas para llegar únicamente a emprendedores, mipymes y actores económicos independientes.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), adscrita al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ha establecido el marco regulatorio que permite las exportaciones de combustible hacia Cuba, dejando claro que se trata de una autorización limitada y cuidadosamente controlada.

Según este organismo, las transacciones relacionadas con petróleo, gas y sus derivados pueden ser aprobadas siempre que estén orientadas a respaldar al sector privado cubano y beneficiar directamente a la población, en línea con la política denominada Support for the Cuban People (SCP). Este mecanismo permite ciertas exportaciones sin que ello implique una flexibilización general del embargo.

Impacto en la economía interna: oportunidades y limitaciones

El acceso diferenciado al combustible podría traducirse en un impulso para el sector privado, permitiendo una mayor estabilidad operativa y, potencialmente, una expansión de la oferta de bienes y servicios.

En un contexto donde muchas actividades económicas han estado limitadas por la falta de energía, la disponibilidad de combustible puede marcar la diferencia entre la paralización y la continuidad de numerosos negocios.

Entre los sectores que han experimentado beneficios se incluyen panaderías privadas, redes mayoristas encargadas de surtir a pequeños comercios en zonas urbanas y negocios de comercio electrónico. En este escenario, María López, al frente de Pan Habana, destacó que la incorporación de diésel de origen estadounidense ha marcado un antes y un después en el funcionamiento de la panadería, al ofrecer un rendimiento más limpio y eficiente que el combustible disponible en el mercado local.

Sin embargo, los expertos advierten que el impacto de esta medida dependerá de varios factores críticos. Entre ellos, el volumen real de combustible que se logre exportar, la eficiencia en su distribución dentro del país y las restricciones impuestas por el propio sistema económico cubano.

La infraestructura logística, los mecanismos de control estatal y las limitaciones en el mercado interno podrían reducir el alcance de estos beneficios, generando un impacto desigual entre diferentes regiones y sectores.

El Gobierno cubano dio luz verde el 7 de febrero a la importación de combustible por parte de las MIPYMES, aunque bajo un esquema de intermediación estatal obligatoria mediante entidades como QUIMIMPORT o MAPRINTER. Este mecanismo contempla una tarifa de CUPET fijada en 0.12 dólares por litro, lo que eleva el costo final a más de 2.50 dólares por litro. En este contexto, la crisis energética impacta al 96.4% de las 8,904 MIPYMES registradas en el país.

Implicaciones políticas: fortalecimiento de actores no estatales

Más allá de sus efectos económicos, la medida tiene un claro componente político. Al fortalecer al sector privado, Estados Unidos apuesta por fomentar una transformación gradual del modelo económico cubano desde dentro.

El crecimiento de actores independientes podría modificar, a mediano y largo plazo, el equilibrio de poder económico en la isla, reduciendo la centralidad del Estado en determinadas áreas y generando nuevas dinámicas sociales.

Esta estrategia se alinea con la visión de promover cambios estructurales sin recurrir exclusivamente a medidas de confrontación directa, apostando por un proceso más progresivo y basado en la evolución interna del sistema.

Un movimiento en un contexto geopolítico y energético complejo

El aumento de las exportaciones de combustible ocurre en un escenario internacional marcado por tensiones energéticas, conflictos geopolíticos y reconfiguración de alianzas. Cuba, altamente dependiente de importaciones de petróleo, ha enfrentado dificultades adicionales debido a la reducción de suministros desde países aliados.

La presión sobre estos flujos energéticos, combinada con las limitaciones internas, ha contribuido a la profundización de la crisis actual. En este contexto, la apertura parcial desde Estados Unidos introduce una nueva variable que podría alterar, al menos parcialmente, el equilibrio energético de la isla.

En ese sentido el gobernante Miguel Díaz-Canel resaltó hace unas semanas que la isla no recibe combustible hace más de tres meses, pero no ha hecho mención a lo que reciben los privados en Cuba. Esta situación ha conllevado al país a sufrir varios apagones entre ellos generales que crean malestar en la población.

Una medida limitada en alcance, pero significativa en estrategia

El incremento de las exportaciones de combustible hacia el sector privado cubano no representa una solución estructural a la crisis energética del país, pero sí constituye un movimiento estratégico con implicaciones relevantes.

En medio de una situación crítica, este flujo controlado de recursos podría aliviar parcialmente las tensiones en sectores específicos y reforzar el papel del sector privado como actor clave en la economía.

A largo plazo, el impacto de esta política dependerá de su continuidad, de la capacidad de adaptación del entorno interno cubano y de la evolución del contexto geopolítico. Lo que resulta evidente es que, en un escenario marcado por la escasez y la incertidumbre, cualquier cambio en el acceso a recursos energéticos tiene el potencial de influir significativamente en el rumbo económico y social de la isla.