Lo que comenzó como una cita rutinaria con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) terminó en una pesadilla para la familia de Roberto Mosquera, un inmigrante cubano que llegó a Estados Unidos a los nueve años y que ahora se encuentra retenido en una prisión de máxima seguridad en Eswatini, África, sin contacto con sus seres queridos ni con su abogado.
Según el reporte del canal Local 10 News, Mosquera fue detenido a mediados de 2025 durante una revisión migratoria en el sur de Florida. Hasta ese momento, llevaba una vida tranquila, trabajaba como plomero y cumplía con sus obligaciones legales tras haber cumplido una condena décadas atrás.
“Un día lo abracé y al otro estaba en África, sin poder hablar con nadie. No nos avisaron nada. Fue como si se lo hubieran tragado”, lamentó su hermana, quien exige explicaciones al gobierno estadounidense.
De un error del pasado a una condena perpetua en el exilio
Roberto Mosquera fue condenado en los años 80 por intento de asesinato en el condado de Miami-Dade, una causa por la que cumplió su tiempo en prisión. Después de recuperar su libertad, reconstruyó su vida, se estableció en el área de Miami y se convirtió en sostén económico y afectivo de su familia.
Sin embargo, su antecedente penal fue suficiente para que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) lo catalogara como un “riesgo para la comunidad” y ordenara su deportación. Lo sorprendente es que no fue enviado a Cuba, su país natal, sino a Eswatini, una pequeña monarquía del sur de África que ni siquiera tiene relación diplomática directa con La Habana.
El abogado del cubano denunció que su cliente fue trasladado sin previo aviso, sin notificación formal ni orden judicial visible, y que actualmente se encuentra en huelga de hambre dentro de una prisión eswatina, en protesta por su reclusión y por la falta de acceso a sus derechos básicos.
Un programa polémico bajo escrutinio
El caso de Mosquera expone la existencia de un programa de deportaciones a terceros países que se creó durante la administración de Donald Trump y que se mantiene activo. El esquema permite a Estados Unidos enviar a inmigrantes indeseables —especialmente aquellos con antecedentes penales— a naciones con las que mantiene acuerdos de “reubicación temporal”, incluso si no existe ningún vínculo geográfico, cultural o legal con el país receptor.
Organizaciones como el Global Detention Project y Human Rights Watch han advertido que este tipo de deportaciones equivalen a “externalizar” la detención migratoria, trasladando a países vulnerables la responsabilidad de mantener bajo custodia a personas que EE. UU. no desea retener ni liberar.
Fuentes citadas por The Guardian indican que al menos a cuatro hombres los enviaron a Eswatini bajo el mismo programa. Entre ellos hay ciudadanos de Cuba, Laos, Vietnam, Jamaica y Yemen, todos con antecedentes penales en EE. UU. y bajo custodia del ICE.
En algunos casos, los deportados siguen encarcelados indefinidamente, sin acusación formal ni mecanismos de apelación.
Eswatini, un país con historial de abusos
El traslado de inmigrantes a Eswatini ha sido duramente cuestionado debido a que el país africano —una monarquía absoluta dirigida por el rey Mswati III— tiene un historial documentado de represión política, detenciones arbitrarias y falta de transparencia judicial.
Expertos en derechos humanos consideran que mantener presos a extranjeros sin juicio ni representación legal viola los tratados internacionales firmados por EE. UU., incluyendo la Convención sobre los Refugiados de 1951 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
“Estas deportaciones a terceros países representan un vacío legal que permite al gobierno estadounidense eludir sus propias normas de debido proceso”, advirtió un representante de Amnesty International. “El caso del señor Mosquera muestra lo que ocurre cuando el sistema migratorio se vuelve una maquinaria sin rostro, capaz de desarraigar a una persona y enviarla al otro lado del mundo sin rendir cuentas”, agregó.
Entre la burocracia y la incertidumbre
El abogado de Mosquera insiste en que su cliente no representa una amenaza actual, y que su caso se evaluó mal por las autoridades migratorias. “Pagó su deuda con la justicia hace más de 30 años. Hoy es un hombre nuevo, con una vida estable, pero el sistema lo ve solo como un número más”, expresó.
Mientras tanto, la familia en Florida continúa sin poder contactarlo directamente. Solo reciben comunicaciones esporádicas a través de organismos intermedios y reportes de que su salud se ha deteriorado desde que inició la huelga de hambre.
Un precedente alarmante
Juristas y activistas temen que el caso de Roberto Mosquera siente un precedente peligroso, especialmente para cientos de inmigrantes con estatus pendiente o bajo órdenes de supervisión.
De confirmarse la legalidad del programa, a cualquier persona con antecedentes la podrían enviar a un país desconocido y sin recursos diplomáticos para defenderse.
“Esto no es solo una historia sobre un hombre. Es una advertencia sobre cómo el sistema puede reinventarse para castigar sin juicio y desaparecer personas fuera de la vista pública”, comentó un experto en políticas migratorias del sur de Florida.
Exigencias de justicia y respuestas oficiales
Hasta ahora, el Departamento de Seguridad Nacional no ha emitido una declaración oficial sobre el caso, mientras que portavoces del ICE aseguran que las deportaciones se realizan “bajo protocolos internacionales y conforme a la ley”. La familia de Mosquera ha pedido la intervención del Congreso estadounidense, así como el apoyo de organizaciones internacionales para exigir su repatriación o liberación inmediata.
“Queremos que vuelva a casa, que tenga un juicio justo y que no muera en un país del que nunca había oído hablar”, dijo su hermana en declaraciones a Local 10.
