La administración del presidente Donald Trump ha puesto en marcha una revisión integral de los registros de aproximadamente 55 millones de titulares de visas estadounidenses en todo el mundo, con el propósito de detectar posibles incumplimientos de las condiciones de elegibilidad y reforzar los mecanismos de seguridad migratoria.
La medida, confirmada por un portavoz del Departamento de Estado y revelada inicialmente por Axios, representa uno de los operativos más amplios de supervisión migratoria realizados hasta ahora por el gobierno federal. Según la información oficial, se examinarán diversos criterios, incluyendo altas estadías de visas, antecedentes criminales, vínculos con actividades terroristas, participación en organizaciones prohibidas o amenazas a la seguridad pública. En caso de detectarse violaciones, las visas podrán ser revocadas, lo que abriría la puerta a procesos de deportación.
Un enfoque más amplio de control migratorio
La administración Trump ha enfatizado desde el inicio de su segundo mandato una estrategia más estricta en materia de inmigración. A diferencia de procesos anteriores, centrados principalmente en solicitudes de nuevos visados o en investigaciones específicas, esta iniciativa busca establecer un sistema de monitoreo continuo de todos los portadores de visas, sin distinción de categoría o tipo de permiso.
En meses recientes ya se habían adoptado medidas similares, como la suspensión de visados a estudiantes acusados de participar en actividades políticas sensibles y la pausa en la emisión de visas para camioneros comerciales. Para analistas, la revisión actual constituye un paso más en la consolidación de una doctrina migratoria de carácter preventivo, orientada no solo a la gestión de entradas, sino también a la supervisión permanente de quienes ya se encuentran dentro del país bajo un estatus temporal.
Un ejemplo palpable fue la revocación y cancelación de más de 1 000 visas de estudiantes y graduados hasta el 17 de abril de 2025, y que después ascendió a casi 2000 según datos recopilados hasta el 15 de mayo. Estas acciones forman parte de un programa federal de supervisión que busca detectar posibles vínculos con organizaciones consideradas como amenazas para la seguridad nacional. En particular, entre 200 y 300 de estas revocaciones se justificaron bajo la acusación de “apoyo al terrorismo”, categoría que las autoridades han vinculado a expresiones de activismo pro-palestino en universidades estadounidenses.
Repercusiones para viajeros y comunidades migrantes
La decisión ha generado incertidumbre entre millones de personas que residen, trabajan o estudian en Estados Unidos con algún tipo de visa. Universidades, empresas y familias temen que los procesos de revisión puedan derivar en retrasos administrativos, pérdida de permisos o incluso deportaciones en casos donde se interpreten incumplimientos menores.
Aunque la Casa Blanca argumenta que el objetivo es “proteger la integridad del sistema migratorio” y garantizar el cumplimiento de la ley, organizaciones de defensa de los migrantes advierten que la amplitud del operativo puede abrir espacio para decisiones discrecionales o poco transparentes. También se ha señalado la posibilidad de que algunos criterios de evaluación incluyan aspectos de ideología política o expresión pública, lo que plantea interrogantes sobre el alcance de la medida en términos de libertades individuales.
Dimensión internacional y diplomática
La revisión no solo impactará a residentes temporales dentro de Estados Unidos, sino también a millones de solicitantes y titulares de visas en el extranjero. Países con comunidades amplias de migrantes hacia Estados Unidos, como India, México, Brasil y Filipinas, podrían verse especialmente afectados si el proceso se traduce en una reducción significativa de visados activos.
Desde el punto de vista diplomático, algunos gobiernos podrían expresar inquietud si ciudadanos sin historial delictivo son objeto de cancelaciones masivas. Expertos en relaciones internacionales señalan que esta política podría convertirse en un foco de tensión bilateral, especialmente en naciones donde la movilidad hacia Estados Unidos es fundamental para la economía local.
Una política en transformación
La revisión de 55 millones de visas se enmarca dentro de una estrategia más amplia de la administración Trump para redefinir el sistema migratorio estadounidense, ampliando los mecanismos de control más allá de las fronteras físicas.
Para algunos especialistas, se trata de un intento de construir un modelo de seguridad migratoria integral, donde no solo se evalúa a quienes buscan entrar, sino también a quienes ya se encuentran dentro del país con permisos vigentes. Para otros, sin embargo, esta política marca un cambio sustancial respecto a administraciones anteriores, que nunca habían implementado un control tan extenso ni de alcance global.
