EEUU avanza con su reforma migratoria: USCIS elimina beneficio y subirá tarifas

USCIS

El gobierno de Donald Trump continúa recortando programas y beneficios migratorios implementados durante la administración Biden, y ahora ha decidido eliminar otro apoyo clave para quienes buscan regularizar su estatus migratorio en Estados Unidos. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) informó además que «pronto» se aplicarán nuevas tarifas para ciertos trámites migratorios, dio a conocer Miami Herald.

La medida que afecta a uno de los formularios más utilizados por beneficiarios de parole entró en vigor el pasado jueves 17 de julio de 2025, y consiste en la más reciente actualización del Formulario G-1055, que contiene la Tabla de Tarifas, USCIS eliminó la posibilidad de obtener una exención de pago para el Formulario I-131 — Solicitud de Documento de Viaje, Documentos de Parole y Registros de Entrada/Salida — en casos específicos. Esto aplica a inmigrantes que solicitan parole bajo las siguientes categorías:


  • Solicitudes iniciales para el registro de entrada/salida dentro del programa Parole In Place (PIP), dirigido a no ciudadanos que ya se encuentran en territorio estadounidense.
  • Solicitudes de re-parole para quienes previamente recibieron un permiso temporal bajo el programa PIP.

A partir de la entrada en vigor de la normativa, las personas que presenten estas solicitudes deberán abonar una tarifa de $630, según lo establecido en la versión actualizada del Formulario G-1055. Los requisitos para acceder al PIP varían según cada caso, dado que Estados Unidos concede distintos tipos de permisos temporales, que incluyen desde familiares de personal militar hasta individuos con razones humanitarias.

Para dar un poco de contexto, en 2024 la administración Biden intentó ampliar el programa parole in place para incluir a inmigrantes indocumentados casados con ciudadanos estadounidenses que cumplieran ciertos criterios, como haber residido en el país por un tiempo mínimo. Se estimaba que esta iniciativa, llamada Keeping Families Together (KFT), podría beneficiar a unas 500,000 personas. Sin embargo, un tribunal federal en Texas bloqueó el avance de esta propuesta.

Además, el 11 de julio USCIS anunció que «pronto» implementará nuevos cargos para determinados trámites migratorios.

«Proporcionaremos detalles sobre la ejecución de estos cambios en los próximos días», comunicó la agencia justo antes de actualizar el formulario de parole in place.

Estas acciones forman parte de un paquete de reformas migratorias impulsadas por la administración Trump dentro del plan presupuestario denominado «One Big Beautiful Bill», aprobado por el Senado. Entre las propuestas más significativas de esta legislación se encuentran, el endurecimiento en la aplicación de las leyes migratorias, nuevas limitaciones en el acceso a beneficios sociales, como Medicaid y los cupones de alimentos (SNAP). Así como incrementos en las tarifas para trámites esenciales, incluidos los procesos de residencia permanente, TPS y solicitudes de asilo.


La decisión se suma a otras medidas recientes impulsadas por la administración Trump en materia migratoria, entre ellas, la implementación de mayores controles para las solicitudes de asilo y refugio, así como la ampliación de acuerdos de cooperación migratoria con países de la región, que buscan frenar los flujos irregulares antes de que lleguen a la frontera sur de Estados Unidos.

Según la Casa Blanca, dichas acciones tienen como objetivo reforzar la seguridad nacional y garantizar que quienes buscan ingresar al país cumplan con los procedimientos establecidos.

De igual modo, en las últimas semanas, el gobierno ha reactivado iniciativas para agilizar deportaciones de personas con órdenes finales vigentes, priorizando los casos de quienes han cometido delitos o representan, en palabras de las autoridades, un riesgo para la seguridad pública. Con estas reformas, la administración Trump ha dejado claro que su política migratoria está centrada en reforzar los mecanismos de control y limitar los beneficios que, en su criterio, podrían incentivar la inmigración irregular.


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