Un escándalo de grandes proporciones sacude a la comunidad de personas con discapacidad en Florida, tras la revelación de un supuesto fraude millonario cometido por dos hombres vinculados a la administración de fondos destinados a beneficiar a este grupo vulnerable. Las autoridades federales acusan a Leo J. Govoni, de 67 años, residente de Clearwater, y a John Witeck, de 60 años, de Tampa, de haber desviado más de 100 millones de dólares de una organización sin fines de lucro encargada de gestionar fideicomisos especiales.
“Los acusados conspiraron durante más de 15 años para usar los fondos de clientes con necesidades especiales como una alcancía personal”, dice un comunicado de la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Justicia con fecha 23 de junio.
La entidad afectada es The Center for Special Needs Trust Administration, una ONG que manejaba aproximadamente 200 millones de dólares en cuentas fiduciarias pertenecientes a más de 2,000 beneficiarios en Florida y otros estados. La organización ofrecía servicios de administración financiera a personas con discapacidades, asegurando el manejo responsable de recursos destinados a cubrir necesidades médicas, educativas y de bienestar de quienes dependen de asistencia especial.
Lujos pagados con dinero ajeno
Los acusados, según dice la denuncia además de desviar fondos “ocultaron sus actividades ilegales mediante complejas transacciones financieras y engaños, incluyendo el envío de extractos de cuenta fraudulentos con saldos falsos a víctimas con discapacidad”.
De acuerdo con la investigación federal, Govoni y Witeck utilizaron los fondos de los beneficiarios para costear un estilo de vida de alto lujo. Los documentos judiciales señalan gastos en aviones privados, palcos exclusivos en partidos de la NFL, entradas VIP para el Derby de Kentucky, así como cuantiosos gastos familiares.
Joseph Govoni quien es el acusado principal en el año 2000 cofundó el Centro para la Administración de Fideicomisos para Necesidades Especiales (CSNT), en Clearwater. Por su parte, Witeck, quien ejercía como contador, habría jugado un papel clave al diseñar complejas maniobras contables y emitir estados de cuenta falsos para ocultar el desvío de dinero, engañando tanto a los beneficiarios como a las autoridades reguladoras.
Esta empresa se encargaba de administrar fideicomisos a personas con discapacidad, entre ellas beneficiarios de acuerdos judiciales, indemnizaciones judiciales y otros.
Bancarrota destapa el escándalo
El fraude comenzó a salir a la luz tras la declaración de bancarrota de la organización en 2024. Durante el proceso, se detectó la falta de más de 100 millones de dólares, lo que impulsó una investigación federal en la que participaron el FBI, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y la Administración del Seguro Social (SSA). Según la fiscalía, se trata del mayor fraude registrado hasta ahora en una organización dedicada a la gestión de fondos para personas con necesidades especiales.
“Robaron 100 millones de dólares destinados a los miembros más vulnerables de nuestra sociedad para enriquecerse”, dijo el jefe de la División Penal del Departamento de Justicia, Matthew R. Galeotti. En tanto, el fiscal federal del Distrito Medio de Florida, Gregory W. Kehoe calificó de «inconmensurable» el fraude, destacando que la prioridad de la oficina es defender a los sectores más vulnerables.
En consonancia, el jefe de Investigación Criminal del IRS, Guy Ficco dijo que «robar fondos destinados a proteger y apoyar a personas con necesidades especiales es tan cruel como criminal. Christian J. Schrank, inspector general adjunto del Departamento de Salud y Servicios Humanos explicó que el fraude “interrumpió el acceso a servicios esenciales para personas con discapacidad” que causaron daños a la calidad de vida de las víctimas.
Posibles penas severas
Govoni y Witeck enfrentan cargos por fraude postal, fraude electrónico y conspiración para lavado de dinero. De ser hallados culpables, podrían recibir penas que sumarían décadas de prisión, además de millonarias sanciones económicas. La sanción de Govoni pudiera llegar hasta 30 años por fraude bancario, 10 años por transacciones financieras ilegales y 5 por ofrecer una declaración falsa.
Indignación y reclamos de justicia
La noticia ha causado indignación entre familiares de los beneficiarios, defensores de los derechos de las personas con discapacidad y organizaciones comunitarias. Muchos exigen que se haga justicia y que, en lo posible, se recuperen los fondos para evitar que cientos de personas queden desprotegidas. “Estamos hablando de dinero vital para la vida diaria de personas vulnerables”, declaró un portavoz de la comunidad afectada. “Cada dólar sustraído es un golpe directo a la salud, seguridad y dignidad de quienes más necesitan apoyo”.
La investigación continúa mientras se espera la fecha de juicio para los acusados, en un caso que podría sentar un precedente sobre la vigilancia y el control de las organizaciones encargadas de administrar fondos de poblaciones vulnerables.
