
La pareja reclutaba cómplices para realizar los matrimonios y le cobraban a los extranjeros honorarios por realizar los fraudulentos matrimonios, notarizarlos y completar el papeleo necesario de inmigración, así como prepararles para la entrevista oficial con las autoridades migratorias.
Una docena de extranjeros, procedentes de América Latina, Ucrania, Moldavia, entre otros países pagaron la suma pedida para realizar el matrimonio y obtener la residencia permanente en Estados Unidos.
«El matrimonio fraudulento es un delito grave que busca minar la integridad de nuestro sistema migratorio. Estos crímenes serán investigados y perseguidos sin ninguna tolerancia», señaló Wifredo A. Ferrer, fiscal federal del distrito sur de Florida.






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