El miércoles dieron por concluidas en La Habana las audiencias judiciales que tienen a un grupo de presuntos falsificadores de documentos de identidad como protagonistas, los acusados ahora enfrentan, según reseña de Diario de Cuba, un sinfín de dudas, y temores.

Quienes se beneficiaron de la red que conseguía documentos legales a cubanos de otras localidades para permanecer en la capital cubana, no creen que el juzgado sopese objetivamente los atenuantes.

Uno de los cinco acusados, entre oficinistas de Vivienda y ciudadanos, que habrían sacado provecho económico del negocio y para los que la Fiscalía pide hasta tres años de cárcel comentó: “este caso está muy politizado”.

Para dos de las funcionarias que encabezaban la llamada “Red del Cerro” las condenas se han fijado de entre 15 y ocho años mínimos de prisión.

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A fines de 2016 cayó la red, según Diario Las Américas, semanas antes de la habitual sesión del unicameral parlamento cubano en el mes de diciembre.

El entonces presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Raúl Castro Ruz durante las sesiones en el Palacio de las Convenciones insistió en sancionar con mano dura la corrupción en el país.

Y el juicio para tratar este caso de la red de falsificadores adquirió un carácter “ejemplarizante” por tal motivo.

Una abogada que declaró a la prensa bajo condición de anonimato expresó: “mi temor es que quienes deban decidir la suerte de las víctimas se cieguen por esa política y por hacer cumplir lo que venga de arriba sin antes analizar caso a caso las realidades que vivieron quienes acudieron a los funcionarios corruptos”.

“Creí que pagaba por agilizar el trámite, no por falsificar documentos”, añadió.

Han sido más de 20 los acusados entre “proveedores” y “solicitantes” de los servicios, de los que solicitaban los documentos ninguno tienen antecedentes penales, y en su mayoría son jóvenes, egresados de la universidad.

La fiscal Esmerlinda Betancourt pide tres años de privación de libertad sin internamiento para ellos, no obstante los acusa de cohecho, y falsificación de documentos públicos, la misma acusación pesa sobre quienes lideraban la red.

Un recién graduado de la Universidad de La Habana que hizo el cambio de dirección en 2016 explicó: “lo del cohecho lo entiendo y reconozco que pagué por algo que sabía era ilegal, pero que se me impute además la falsificación es totalmente injusto”.

El solicitante entregó su expediente de migración en orden y contaba con una casa real para residir en La Habana, pero hasta medio año esperó sin respuesta a la solicitud.

“Yo creí que pagaba por agilizar el trámite, no por falsificar ningún documento. Los funcionarios de Vivienda son los timadores, no quienes procuramos sus ‘servicios’. Ellos nos engañaron a nosotros tanto como nosotros creímos que engañábamos a la dirección de Ordenamiento Territorial”, declaró.

El jefe de la Dirección de Enfrentamiento a la Corrupción e Ilegalidades, Biliardo Amaro, admitió durante una alocución en el Palacio de las Convenciones de La Habana, que el grado de la corrupción entre los funcionarios públicos había aumentado.

“A partir de los 90 y acentuándose desde los 2000, la tendencia en estos hechos en nuestro país ha tenido un incremento cuantitativo permanente, pero sobre todo con una mayor cualificación de su organización, comisión, colectivización e incluso internacionalización”, expuso.

(Con información de Diario Las Américas y Diario de Cuba)