El gobernador de Florida, Rick Scott, aprobó el lunes las reformas a la ley estatal de condominios, que buscan castigar penalmente el fraude electoral y el robo en asociaciones de propietarios, clarificar la definición de conflictos de interés y promover la transparencia.
Las reformas al capítulo 718 de la ley estatal entrarán en vigor el 1ro de julio.
“Me siento muy feliz de que finalmente hayamos logrado parte de lo que se necesita para que pare el fraude y abuso hacia los dueños de condominios”, dijo Maritza Escobar, propietaria de un apartamento en Hialeah Gardens. “Siempre pensando que en un futuro tenemos que lograr más cambios para acabar con las compañías de administración y juntas abusivas”.
El proyecto de ley fue presentado como una propuesta insignia de la delegación de legisladores de Miami-Dade durante la sesión legislativa que culminó en mayo. Fue patrocinado por el representante estatal José Félix Díaz y los senadores José Javier Rodríguez y René García, y aprobado unánimemente por ambas cámaras en Tallahassee.
Las reformas abarcan sólo una parte de los problemas revelados en Condos de Pesadilla y las recomendaciones hechas por el jurado de instrucción de la Fiscalía Estatal.
La propuesta original enfrentó resistencia por parte de grupos de abogados de asociaciones de condominios y del Colegio de Abogados de Florida, quienes dijeron que se oponen a la creación de nuevos delitos.
Los legisladores realizaron varias enmiendas a la propuesta de ley, que finalmente incluyó un castigo de delito grave por la retención o alteración de documentos de las asociaciones, si se demuestra que fueron ocultados para cometer o encubrir delitos.
Entre las acciones que ahora se consideran delitos están la falsificación de firmas en boletas electorales para los comicios de juntas directivas, el robo de boletas y la desaparición de votos. Bajo las reformas, los castigos por esas acciones podrían conllevar hasta cárcel.
Los nuevos cambios establecen:
▪ Que las asociaciones en condos de 150 unidades o más estarán obligadas a publicar los reportes financieros en páginas webs, a las que los propietarios podrán acceder con contraseñas. Si los documentos financieros o de administración no son facilitados a todos los propietarios siguiendo el debido proceso, y se comprueba que fueron retenidos con la intención de ocultar fraudes, los responsables podrían ser acusados penalmente. (Esta cláusula entraría en vigor en julio del 2018).
▪ Límites de términos (ocho años) para los miembros de las juntas directivas. Estos solo podrían volver a aspirar tras culminar sus términos, si obtienen una super mayoría de los votos de los dueños.
▪ Ampliar y aclarar la definición de conflictos de interés para prohibir que los miembros de las juntas directivas de las asociaciones obtengan contratos para servicios en sus condominios, u otorguen contratos a sus familiares. En la actualidad, los directivos pueden otorgarse contratos de mantenimiento y servicios, como limpieza, pintura y reparaciones, siempre que lo divulguen a los demás miembros de la junta directiva.
Además de lograr la aprobación de las reformas, los legisladores de Miami-Dade asignaron en el presupuesto estatal fondos para la apertura de una oficina condal con investigadores del DBPR dedicados a casos de condominios.
(Con información de el Nuevo Herald)
