Según informó el semanario oficial Tiempo21; las autoridades en Las Tunas invirtieron alrededor de 700 mil pesos en moneda nacional, el equivalente a 30 mil dólares, junto a “decenas de miles de pesos en divisas” para restaurar el inmueble que fungía como sede de la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social.
No obstante al concluir la reparación el inmueble cambiaría su función, y se convirtió en teoría en un centro con ofertas gastronómicas y otros servicios, por lo que por orden de las autoridades han empezado a destruir “a golpe de mandarria” todos los arreglos por los cuales se invirtieron miles de dólares.
Tiempo21, alega en su reporte que no hay razón para estas demoliciones por fallos constructivos ni de la reparación: “la obra se concluyó con inobjetable calidad”.
“En momentos en que escasean los materiales de construcción, cuando mucha gente aún sufre la pérdida de su vivienda o graves daños, a causa de los huracanes, y un saco de cemento cuesta muy caro, se decide convertir en escombros parte de una espléndida obra”, cuestiona el semanario.
Y continúa la prensa local cubana-, “se han derrumbado paredes recientemente pintadas; los restos de bloques yacen por doquier, las cabillas de los cimientos se alzan hacia el techo, como acusadores dedos; los cables que iban a facilitar las redes informáticas son un amasijo, y cientos de losas enchapadas en paredes y mesetas hoy abundan, hechas pedazos, en el suelo y ni siquiera se dispone de un plano”.
Los 14 empleados de la Dirección de Trabajo y Seguridad Social en Las Tunas han abandonado sus puestos laborales, indica la publicación.
El problema de la vivienda en Cuba es una situación sin resolver, hay muchas edificaciones derruidas, otras con derrumbes parciales, algunas familias cubanas han tenido que improvisar y readaptar sitios como vagones de tren, ante la necesidad de un techo.
La adquisición de materiales para la construcción se torna bastante compleja, los precios por otra parte son demasiado altos para el bolsillo del cubano común.
Se mantiene ausente una política o estrategia nacional para remodelar los hogares, o conservar las viviendas.
Las “ilegalidades urbanísticas” son comunes en la Isla, cuando los nacionales tienen que improvisar e ir solucionando los problemas constructivos de sus casas con sus propios medios.
Tan sólo en 2016, en la capital cubana, el Gobierno impuso 5.471 multas por remodelaciones de exteriores; y según datos oficiales la Mayor de las Antillas concluirá 2017 con un déficit de casi un millón de viviendas.
(Con información de Diario de Cuba)
