En julio pasado, el Parlamento cubano aprobó una normativa sobre Aguas Terrestres, la cual tiene como fin regular el uso del recurso, para la optimización del mismo.

Radio Martí consultó a algunos nacionales con respecto a esta ley, y halló malestar e incertidumbre entre los campesinos cubanos.

Dicha norma, tiene su antecedente en el Decreto Ley 138 de 1993-, incluye por primera vez conceptos como productividad, reúso y reciclaje del agua, caudales ecológico y sanitario, empleo de tecnologías limpias y entrega en arrendamiento o usufructo de infraestructuras del patrimonio hidráulico estatal.

Otras cláusulas revelan acciones para modificar de manera artificial la disponibilidad de aguas terrestres mediante la desalinización de agua de mar, la siembra de lluvias o el trasvase entre cuencas hidrográficas.

La Gaceta Oficial no ha publicado aún la ley, por lo que no se conoce todavía los detalles y el alcance de la aplicación.

El servicio de agua, que ha sido subvencionado por décadas, permite a los cubanos pagar precios simbólicos por el agua.

Incluso en lugares donde no funcionaban los relojes contadores, las tarifas eran fijas, independientemente de cuál fuera el consumo.

Rolando Pupo, un campesino de Pinar del Río comentó: “Esa ley, que se aprobó hace poco (julio pasado), aquí desde mucho antes se estaba implementando. A los campesinos el agua que ellos cogían del arroyo para regar sus siembras, el tabaco y otros, se les estaba cobrando”.

“Mira hasta dónde llega esta ley que tú puedes hacer un pozo en tu casa, en tu propiedad y hasta se te cobra”, añadió Pupo.

Bajo el mando de Raúl Castro, actualizar políticas sobre el recurso ha sido una prioridad.

En 2012, el Consejo de Ministros aprobó la Política Nacional del Agua y un año después circuló la primera versión de la actual ley.

La norma jurídica arriba luego de años de cíclicas crisis por falta de agua, vinculadas a la sequía, y el despilfarro en las redes de distribución.

Datos oficiales señalan que más del 60% del agua que se bombea no llega a las viviendas cubanas, y son comunes los salideros en las calles, a causa de antiguas roturas.

Sin embargo, el campesinado busca apoyo en las instituciones estatales y no lo encuentra, en un momento en el que la producción de alimentos es vital para la economía cubana.

El cienfueguero, Norge Luis García detalla: “Hay un gran descontento con esto porque el Estado no presta ningún recurso para la fabricación de sus pozos, ellos utilizan sus medios, sus recursos y Estado les cobra un impuesto a esto”.

En otras provincias, como Las Tunas, todavía no se cobra el impuesto, no obstante hay inquietud al respecto.

Carlos Alberto Arteaga, activista menciona que, “la reacción de los campesinos es totalmente opuesta, ellos no están de acuerdo con eso (pagar impuestos), de hecho nadie está de acuerdo con eso. En Cuba nunca antes eso se había hecho”.

Emiliano González, agricultor de Granma, declaró que hay “incertidumbre” con esta regla.

“Aún no se ha aplicado pero las personas se preguntan cómo, cuándo y cuánto habrá que pagar al gobierno”, acotó.

(Con información de Martí Noticias)