Entre 2012 y 2016, Ecuador ha entregado 26.936 residencias temporales y 16.738 residencias permanentes a cubanos, informó el diario El Comercio este martes.
Según notas oficiales, el Ministerio de Relaciones Exteriores ecuatoriano asegura que con su política migratoria, Ecuador busca defender los principios de libre movilidad, ciudadanía universal e igualdad de derechos entre ecuatorianos y ciudadanos de otras nacionalidades.
«Esta gran comunidad de personas ha sido acogida e integrada positivamente en todo nuestro país, en igualdad de deberes y obligaciones tal como manda la Constitución», dice el Gobierno ecuatoriano.
Como datos relevantes en este mismo período se han naturalizado en el Ecuador 697 personas nacidas en Cuba.
La divulgación de la cancillería tiene lugar a menos de dos semanas en la que Alianza Nacional Cubana en Ecuador, comunidad de cubanos organizada, escribiera una carta dirigida al presidente Rafael Correa en la que exponen la situación por la que atraviesan muchos de sus miembros y solicitan la legalización del estatus migratorio de quienes han perdido sus visas por decisiones gubernamentales.
En su comunicado recuerda que «es de conocimiento para la comunidad internacional que todos quienes intentan usar los canales irregulares de migración hacia Estados Unidos ponen en riesgo su vida y sufren vulneración de sus derechos».
Una de las cuestiones que solicitaban los firmantes de la misiva a Correa era «el apoyo y acompañamiento de las autoridades ecuatorianas en la negociación de un tránsito migratorio que salvaguarde las vidas de los ciudadanos cubanos en Ecuador» en su decisión de trasladarse a Estados Unidos.
Básicamente, los cubanos varados en Ecuador están pidiendo un plan similar al liderado por el Gobierno de Costa Rica, que les garantice el paso seguro hacia Estados Unidos.
La declaración de la cancillería dice respetar la «igualdad para las personas en condición de movilidad humana», así como asume la responsabilidad de Ecuador por «velar por el efectivo ejercicio de derechos de las personas migrantes, y prevenir situaciones que pongan en riesgo su vida, su salud o su seguridad».
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