Las autoridades del estado de la Florida han iniciado acciones decisivas con el fin de contrarrestar la venta ilegal de citas en las oficinas encargadas de la expedición de licencias de conducción, una actividad que durante años ha provocado extensas filas en los establecimientos y descontento social. El pasado 5 de junio el gobernador dentro de un cúmulo de normativas aprobó la Ley 961 de la cámara de Representantes que sanciona la comercialización de turnos para realizar trámites en el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados (DHSMV).
La normativa comenzará a aplicarse el 1 de julio de 2026 y prevé castigos legales, incluyendo la posibilidad de encarcelamiento para aquellos que vendan nuevamente o distribuyan estos lugares. A medida que la norma entra en vigor diferentes condados del estado están implementando medidas independientes en ese sentido.
El condado de Broward, por ejemplo, la comisión aprobó de manera unánime la Ordenanza 2025-20 la cual impide la comercialización o venta de estos turnos para servicios públicos relacionados con la licencia de conducción, de acuerdo con un reporte de Local 10 News. De acuerdo con la Oficina del Recaudador de Impuestos de Broward, aquellos que infrinjan esta normativa a nivel local podrían enfrentar una penalización de 250 dólares en caso de una primera violación y 500 dólares si cometen una infracción nuevamente.
“Este es un triunfo para nuestros residentes. Los servicios públicos deben prestarse con integridad y eficiencia. Esta política ayuda a impedir que oportunistas abusen del sistema”, confesó la recaudadora de impuestos de Broward, Abbey Ajayi.
La reciente serie de normativas surge como una respuesta a una situación auténtica: individuos que acumulaban citas gratuitas para gestiones en el DMV y posteriormente las vendían en internet por precios que alcanzaban hasta 250 dólares cada una, perjudicando a los ciudadanos que requerían ese servicio de manera legítima.
El condado de Miami-Dade a inicios del presente año implementó una iniciativa similar después que se desarticulara una red de revendedores de citas que afectó a miles de ciudadanos.
En contraste con las restricciones locales las leyes del estado establecen medidas más coercitivas en ese sentido. A partir de julio de 2026 quien se comercialice estas citas se le acusará de un delito menor de primer grado lo que conlleva antecedentes penales y la posibilidad de pena de prisión o libertad supervisada.
El objetivo de estas iniciativas es actualizar y hacer más claro el sistema previo a la completa delegación de funciones del DHSMV a las autoridades locales, programada para la mitad de 2026.
