El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) anunció la creación de un nuevo Centro de Verificación de Antecedentes (BVC), una unidad especial basada en Atlanta que incorporará tecnologías de inteligencia artificial y coordinación directa con agencias policiales y de inteligencia para revisar casos migratorios con un nivel de detalle sin precedentes.
Este movimiento redefine la estructura del control migratorio estadounidense y afecta de manera particular a ciudadanos cubanos, venezolanos y de otros países considerados “de interés” por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
El anuncio constituye uno de los mayores endurecimientos recientes en el proceso migratorio, pues confirma que no solo se revisarán solicitudes pendientes, sino que también se podrán reevaluar decisiones previamente aprobadas, incluidas residencias, asilos, TPS, paroles y naturalizaciones. Para miles de personas, esto abre un periodo de incertidumbre legal donde beneficios que parecían definitivos podrían volver a quedar en suspenso.
Una nueva arquitectura de control migratorio
El BVC fue presentado como una unidad capaz de realizar verificaciones avanzadas empleando inteligencia artificial, análisis biométricos y acceso directo a bases de datos federales. USCIS sostiene que este enfoque permitirá detectar patrones de fraude, inconsistencias en documentos, vínculos con actividades ilícitas o riesgos para la seguridad nacional que antes podían pasar desapercibidos.
La diferencia respecto a los controles previos es que esta unidad tendrá un margen de acción retroactivo. Incluso expedientes aprobados hace años podrán ser reabiertos. La agencia, además, se reserva la facultad de indagar en información adicional relacionada con redes familiares, actividades económicas, datos financieros y vínculos sociales de los solicitantes.
Para analistas migratorios, se trata de un poder discrecional ampliado cuya implementación podría tener consecuencias profundas en la estabilidad jurídica de múltiples comunidades migrantes.
Cuba y Venezuela bajo un escrutinio reforzado
La confirmación de que ciudadanos de Cuba y Venezuela se encuentran entre los grupos que recibirán mayor vigilancia responde a una combinación de factores que incluyen el crecimiento sostenido del flujo migratorio proveniente de ambas naciones, la dificultad para verificar documentos oficiales emitidos por Estados con escasa cooperación institucional y el aumento de solicitudes de protección humanitaria.
En los últimos años, los cubanos han encabezado cifras récord de llegadas y solicitudes de asilo, mientras que los venezolanos se mantienen entre los principales beneficiarios del TPS, el parole humanitario y programas de reunificación familiar. Para el DHS, esta magnitud de solicitudes requiere controles más rigurosos; para las comunidades afectadas, implica enfrentarse a un escenario en el que cada trámite puede quedar sujeto a múltiples verificaciones adicionales.
Revisión retroactiva: el fin de la estabilidad migratoria tradicional
El aspecto más delicado del anuncio es que USCIS podrá revisar beneficios que ya habían sido otorgados. Esto incluye green cards, asilos aprobados, TPS, visas de trabajo, permisos humanitarios y hasta naturalizaciones. Una decisión emitida hace seis meses, cinco años o más podría volver a ser examinada si la nueva unidad identifica información contradictoria, incompleta o considerada riesgosa.
Este cambio rompe con la noción de seguridad migratoria que tradicionalmente acompañaba a los beneficios aprobados. Hasta ahora, los procesos de rescisión de estatus eran excepcionales. Con la creación del BVC, pasan a ser una herramienta rutinaria de fiscalización. Abogados migratorios coinciden en que esta política podría derivar en más solicitudes de evidencia, demoras prolongadas, reentrevistas y, en casos extremos, revocaciones de estatus legal.
El impacto específico en los cubanos
Programas clave para la comunidad cubana, como el Ajuste Cubano, podrían enfrentar requisitos más estrictos en materia de fechas, presencia física y veracidad de documentos de viaje. El parole humanitario podría experimentar verificaciones más profundas tanto para beneficiarios como para patrocinadores, lo que ralentizaría un proceso ya saturado. En el ámbito del asilo, hay preocupación por posibles revisiones adicionales de credibilidad, reexaminación de testimonios políticos y validación de actividades opositoras.
Este nivel de revisión afectará especialmente a quienes estén en trámites prolongados o a quienes hayan recibido aprobaciones basadas en documentación difícil de verificar debido a la inestabilidad institucional en Cuba.
El impacto específico en los venezolanos
Para los venezolanos, los problemas comienzan con la dificultad histórica para obtener documentos confiables de antecedentes penales o certificados civiles actualizados, debido a la falta de cooperación del Estado venezolano con entidades internacionales. Esto puede traducirse en solicitudes repetidas de evidencia, retrasos en procesos como TPS o parole y cuestionamientos sobre información ya sometida y aprobada.
Los especialistas consideran que la comunidad venezolana será una de las más afectadas por las revisiones retroactivas, dado que muchos expedientes se apoyan en documentos emitidos por instituciones cuya legitimidad es frecuentemente cuestionada.
Contexto nacional: ataque a la Guardia Nacional en Washington y el quiebre de la frontera durante la administración de Biden
El reforzamiento del escrutinio migratorio no puede entenderse sin considerar el clima interno de seguridad y la creciente presión sobre la administración federal. Uno de los episodios más sensibles fue el ataque contra miembros de la Guardia Nacional en Washington, ocurrido en medio de tensiones nacionales por el manejo de la seguridad fronteriza. Este incidente, ampliamente discutido por legisladores republicanos y medios conservadores, se convirtió en un símbolo de la percepción de vulnerabilidad interna, alimentando demandas para fortalecer los filtros migratorios y mejorar la identificación de posibles riesgos dentro del país.
De manera paralela, el país ha experimentado lo que diversos analistas describen como un quiebre de la frontera durante la administración de Joe Biden, con cifras récord de cruces irregulares y una presión sin precedentes sobre los sistemas de asilo, protección humanitaria y procesamiento fronterizo. Los años 2022, 2023 y 2024 registraron los niveles más altos de encuentros fronterizos en la historia moderna de Estados Unidos, superando en algunas jornadas la capacidad total de CBP.
Este panorama generó un debate político intenso. Los críticos de la administración alegan que las políticas más flexibles incentivaron la inmigración irregular, mientras que la Casa Blanca sostiene que los flujos migratorios responden a crisis globales y que los programas humanitarios buscan reducir la entrada peligrosa por canales no autorizados.
En este contexto, la creación de la unidad especial en USCIS aparece como una respuesta estratégica para reforzar la seguridad interna y responder a la presión política bipartidista. La narrativa oficial sostiene que el país necesita mejorar la detección temprana de amenazas, especialmente cuando los sistemas fronterizos han estado sobrecargados y algunos individuos han logrado ingresar sin una verificación adecuada.
Una decisión alineada con el clima político actual
La creación de esta unidad especial no surge de manera aislada. Forma parte de un contexto político donde sectores conservadores y moderados presionan para frenar la migración irregular, reforzar los controles fronterizos e incrementar las verificaciones internas. El uso de inteligencia artificial se presenta como una herramienta de eficiencia y seguridad, aunque organizaciones defensoras de derechos civiles han advertido sobre los riesgos de perfiles automatizados, falsos positivos y opacidad en los criterios de evaluación.
El discurso federal actual privilegia políticas disuasorias y un mayor control sobre quienes buscan residir en Estados Unidos, lo que genera un sistema menos predecible y, según expertos, menos accesible para familias que escapan de crisis humanitarias.
Repercusiones legales y sociales
El endurecimiento de verificaciones podría generar retrasos de meses o incluso años en trámites que ya enfrentan tiempos de espera elevados. Muchos migrantes temen viajar fuera del país mientras sus expedientes están en revisión, temiendo complicaciones a su regreso. Otros se preparan para recibir solicitudes adicionales de evidencia o comparecencias inesperadas.
En ciudades como Miami, Houston, Orlando y Tampa, donde residen grandes comunidades cubanas y venezolanas, abogados y organizaciones comunitarias reportan un incremento en la ansiedad y la preocupación por la posibilidad de perder beneficios ya obtenidos. Para muchos, esta medida significa vivir bajo una “supervisión permanente” de su vida migratoria.
La creación del Centro de Verificación de Antecedentes marca el inicio de una nueva etapa en la política migratoria estadounidense, caracterizada por el escrutinio reforzado, la revisión retroactiva y el uso intensivo de tecnología para evaluar riesgos. Aunque USCIS sostiene que estas medidas buscan fortalecer la seguridad nacional, su impacto inmediato será un aumento de la incertidumbre jurídica para miles de cubanos y venezolanos que ya viven o esperan establecerse legalmente en el país.
Estados Unidos ingresa así en una fase donde ningún trámite migratorio puede considerarse completamente cerrado, y donde la vigilancia administrativa se convierte en un componente permanente del proceso de integración.
