USCIS asume nueva función en materia migratoria: sus agentes están autorizados a portar armas, realizar arrestos y autorizar deportaciones de inmigrantes de carácter urgente

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), conocido tradicionalmente como la agencia encargada de procesar solicitudes de asilo, residencia y ciudadanía, asumirá a partir de octubre de 2025 nuevas funciones que transforman radicalmente su papel dentro del sistema migratorio estadounidense.

Una norma publicada el 4 de septiembre en el Registro Federal le otorga a sus agentes la facultad de portar armas, ejecutar órdenes de arresto, realizar allanamientos y ordenar deportaciones expeditas, sin necesidad de un proceso judicial previo.

En un comunicado emitido este jueves, USCIS anunció que ampliará su capacidad operativa para colaborar con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). La medida permitirá a la agencia desarrollar investigaciones de principio a fin, en lugar de derivar ciertos expedientes a la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

De una agencia administrativa a un brazo de aplicación de la ley

Hasta ahora, USCIS operaba principalmente en el terreno administrativo, resolviendo peticiones migratorias y supervisando trámites de naturalización. Sin embargo, con esta reforma, la agencia asume un rol de aplicación directa de la ley migratoria, tradicionalmente reservado para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y, en particular, su división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

La nueva normativa permite que USCIS lleve casos de fraude migratorio o violaciones legales desde la investigación inicial hasta su conclusión, sin tener que transferir expedientes a otras oficinas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Impacto en otras agencias federales

El cambio busca redistribuir la carga operativa entre las distintas agencias de inmigración. Con USCIS investigando y ejecutando casos de fraude y deportación, ICE y HSI podrán enfocarse en delitos de mayor envergadura, como el crimen organizado, el tráfico humano y el narcotráfico. Mientras tanto, la Oficina de Operaciones de Cumplimiento y Deportación (ERO) continuará especializada en arrestar y expulsar a inmigrantes con historial criminal o reincidentes en entradas ilegales.

Nace un nuevo cuerpo de agentes especiales

Para ejercer estas funciones, USCIS creará un cuerpo especializado de agentes denominados USCIS 1811, una clasificación que comparten entidades como el FBI, la DEA o el Servicio Secreto. Estos agentes serán entrenados en tácticas de investigación, manejo de armas, arrestos y procedimientos de deportación, lo que supone un cambio radical para una agencia que hasta ahora se percibía como puramente administrativa.

Argumentos oficiales

La medida fue delegada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, al director de USCIS, Joseph B. Edlow. “A medida que la secretaria Noem delegó facultades legales para ampliar las capacidades de aplicación de la agencia, esta norma nos permite cumplir nuestra misión crítica”, dijo Edlow.

Funcionarios del gobierno sostienen que el fraude en solicitudes de asilo y residencia ha crecido en los últimos años, generando demoras en el sistema y vulnerabilidades que pueden ser aprovechadas por redes criminales. Con agentes armados y facultades plenas, USCIS estaría en condiciones de actuar de inmediato contra quienes busquen aprovecharse de los beneficios migratorios de forma ilícita.

Críticas y preocupaciones

No obstante, la ampliación de poderes ha despertado inquietudes entre activistas y organizaciones de defensa de inmigrantes. Uno de los puntos más sensibles es la deportación expedita, que permite a los agentes ordenar la salida inmediata de una persona sin revisión judicial, un procedimiento que podría afectar a solicitantes de asilo o a migrantes sin representación legal adecuada.

Defensores de los derechos humanos advierten que la medida podría abrir la puerta a abusos y a una mayor criminalización de la inmigración. “USCIS fue concebida para administrar beneficios, no para actuar como una fuerza policial”, señalan algunos expertos, recordando que este cambio puede modificar profundamente la relación entre la comunidad inmigrante y una agencia que hasta ahora era vista como un puente hacia la legalización.

Un cambio histórico en el sistema migratorio

Con la entrada en vigor programada para inicios de octubre, USCIS se convierte en un actor de peso en la aplicación de la ley migratoria. Para muchos analistas, este paso representa la militarización de una agencia administrativa, con posibles repercusiones en millones de casos migratorios en curso.

El debate está servido: mientras el gobierno defiende la medida como una estrategia para reforzar la seguridad nacional y agilizar los procesos, organizaciones migratorias insisten en que se corre el riesgo de poner en jaque las garantías de debido proceso para quienes buscan regularizar su estatus en Estados Unidos.