La comisión designada por la Asamblea Nacional para investigar la crisis eléctrica en Venezuela ha concluido que, entre 2005 y 2015, el gobierno venezolano gastó casi 3 veces más de lo previsto en el Plan de Desarrolo del Sistema Eléctrico Nacional.
Además, de los 42 proyectos publicados, solo 4 fueron adjudicados a través de un proceso de licitación pública.
En los 42 proyectos, el Estado venezolano gastó $39.400 millones, aunque las previsiones fijadas indicaban que la inversión no debía superar los $14.700 millones.
Uno de los proyectos fraudentos fue realizado por la Unión Eléctrica de Cuba, mediante el Convenio Cuba-Venezuela. Para la Misión Revolución energética se proyectó una inversión de $805.600 millones pero la inversión final fue $3.590 millones menor a la proyectada.
Por otro lado, según el informe,»la mayoría de los sistemas instalados no han funcionado adecuadamente, lo que se ha traducido en un déficit de capacidad de generación y necesidad de aplicar racionamiento eléctrico permanentemente».
La comisión determinó que el principal rasgo de la crisis eléctrica venezolana «es que se ha dejado deteriorar gran parte de la capacidad de generación de electricidad y de transporte de energía del sistema eléctrico para atender la demanda de la población».
Como consecuencia de esta situación son frecuentes apagones de gran magnitud y grandes tiempos de espera para la reposición del servicio tras la avería.
