
La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (Border Patrol, BP) ha expandido de forma discreta su presencia operativa hacia zonas del interior del país, muy lejos de la frontera con México. Investigaciones recientes revelan la existencia de un programa de vigilancia que rastrea los movimientos de conductores dentro del territorio estadounidense mediante tecnología predictiva, lectores automáticos de matrículas y bases de datos compartidas con policías locales.
Aunque tradicionalmente la agencia se ha enfocado en el perímetro fronterizo, esta nueva estrategia muestra un giro institucional hacia capacidades de monitoreo doméstico, lo que ha generado preocupación entre expertos en derechos civiles y organizaciones de libertades constitucionales.
Tecnología y algoritmos que definen quién es “sospechoso”
El programa utiliza una infraestructura tecnológica amplia que combina lectores automáticos de matrículas, sistemas privados de recopilación de datos y algoritmos diseñados para detectar patrones inusuales de viaje. Cada vez que un vehículo pasa por uno de estos dispositivos, el sistema registra la ubicación, la hora y otros datos asociados.
Posteriormente, los algoritmos analizan esa información y comparan el recorrido con patrones definidos como anómalos, tales como viajes breves de ida y vuelta a la frontera, trayectos nocturnos repetitivos o desvíos prolongados por carreteras secundarias. Si el vehículo coincide con alguno de esos criterios, el sistema lo marca como de “interés” y genera una alerta interna para las autoridades.
Coordinación con policías locales para detener vehículos
Cuando un vehículo es marcado por el sistema, Border Patrol puede remitir la información a policías locales o estatales. Las detenciones resultantes no se explican por la alerta generada por la BP, sino por supuestas infracciones menores que permiten justificar legalmente la parada en carretera.
Algunas de las razones utilizadas incluyen luces defectuosas, vidrios polarizados, uso incorrecto de señales o excesos mínimos de velocidad. Durante estas interacciones, los agentes suelen realizar cuestionamientos prolongados, inspecciones del vehículo y verificaciones exhaustivas de documentos, incluso cuando no existe evidencia directa de actividad criminal. Numerosos conductores han reportado que, tras ser retenidos y registrados, fueron liberados sin recibir cargos ni explicaciones claras.
El creciente alcance de esta entidad fuera del territorio estadounidense evidencia una transformación silenciosa dentro de su institución madre, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Poco a poco, la agencia ha ido adoptando funciones más propias de un servicio de inteligencia doméstico que de un simple cuerpo fronterizo.
Impulsada por el renovado énfasis de la administración Trump en reforzar el control migratorio, la CBP se prepara ahora para manejar un presupuesto superior a los 2.700 millones de dólares, fondos que permitirán expandir sus sistemas de vigilancia —incluido el programa de lectores automáticos de matrículas— y potenciar el uso de inteligencia artificial y otras tecnologías de vanguardia.
Casos reales que ilustran el funcionamiento del sistema
Las investigaciones periodísticas han documentado casos que muestran cómo este programa afecta a conductores comunes. Uno de los incidentes más notorios ocurrió en Brownsville, Texas, donde Lorenzo Gutiérrez Lugo, un trabajador de transporte comercial fue detenido después de que su ruta fuera clasificada como sospechosa por el algoritmo. El vehículo fue inspeccionado durante más de una hora y, tras no hallarse irregularidades, el conductor fue liberado sin sanciones.
No obstante, Luis Barrios, director de la compañía de transporte comercial dijo que entre honorarios legales gastaron alrededor de 20 mil dólares que tenían como objetivo limpiar el nombre del conductor y retirar del depósito el camión. «Hicimos todo bien y no teníamos nada que ocultar, y eso fue lo que finalmente encontraron», afirmó.
En otro caso, un residente de Houston terminó detenido durante un viaje nocturno cerca de la frontera. Aunque no llevaba contrabando ni poseía antecedentes penales, lo interrogaron y lo sometieron a una revisión exhaustiva basada únicamente en la alerta generada por su patrón de movilidad. Estos episodios evidencian el riesgo de que personas sin historial delictivo sufran detenciones arbitrarias derivadas de criterios algorítmicos.
Cuando un vehículo se cataloga como sospechoso y se procede a detenerlo, los agentes suelen someter a los conductores a interrogatorios intensos. Les preguntan con insistencia sobre sus recorridos, sus pertenencias, su empleo, la relación que tienen con los pasajeros y muchos otros detalles. Así lo muestran los informes policiales y las grabaciones de cámaras corporales a las que tuvo acceso la AP.
«Supongo que por cada persona como yo, que realmente se levanta, hay mil personas que simplemente no tienen los medios ni el tiempo o, ya sabes, se van frustradas y enfadadas. No tienen la capacidad de avanzar y exigir responsabilidades a nadie. Creo que hay miles de personas siendo tratadas así», dijo otro conductor.
Un alcance geográfico que supera ampliamente las zonas fronterizas
Aunque la jurisdicción tradicional de Border Patrol suele vincularse a un radio de 100 millas desde cualquier frontera terrestre o marítima, el programa ha extendido su presencia a áreas urbanas del interior de Estados Unidos. La agencia mantiene acuerdos tecnológicos y de intercambio de datos con departamentos policiales de ciudades como Chicago, Los Ángeles y Detroit, donde se han instalado o integrado lectores automáticos de matrículas utilizados en investigaciones migratorias.
La agencia ha desplegado ahora su red de cámaras a lo largo de toda la frontera sur, abarcando Texas, Arizona y California, y también vigila a los conductores que transitan en las zonas cercanas al límite entre Estados Unidos y Canadá.
La participación de proveedores privados que gestionan redes de cámaras también ha ampliado la capacidad de vigilancia de la BP, permitiendo un monitoreo prácticamente continuo de los desplazamientos vehiculares en una vasta parte del país.
Debates legales y preocupaciones sobre la Cuarta Enmienda
Este sistema ha generado un intenso debate legal en torno al respeto de la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege a los ciudadanos contra registros y detenciones sin causa razonable. Expertos en derechos civiles señalan que la vigilancia masiva de matrículas y el uso de algoritmos para generar sospechas no constituyen una base válida para realizar detenciones.
También advierten que los conductores no tienen forma de saber que los vigilan ni de cuestionar los criterios que utiliza el sistema para clasificarlos como sospechosos. Organizaciones como la ACLU han pedido mayor transparencia sobre el alcance del programa, los criterios algorítmicos y las bases de datos empleadas, enfatizando que la falta de supervisión podría derivar en violaciones sistemáticas de derechos constitucionales.
Sin embargo, las prácticas de vigilancia masiva tampoco son exclusivas de Estados Unidos: se extendieron a numerosos países, desde regímenes autoritarios como China hasta democracias consolidadas en el Reino Unido y otras naciones europeas, que las justifican bajo el argumento de la seguridad nacional y la protección de la ciudadanía.
«Están recopilando grandes cantidades de información sobre quiénes son las personas, a dónde van, qué hacen y a quién conocen… realizando una vigilancia en red de estadounidenses en las calles, en las carreteras, en sus ciudades, en sus comunidades», expresó la directora ejecutiva del Centro para la Democracia Constitucional de la UC Law San Francisco, Nicole Ozer.
Un cambio profundo en el rol institucional de Border Patrol
Las revelaciones sobre este programa reflejan una transformación más amplia en el funcionamiento de Border Patrol. La agencia ha pasado de concentrarse en asegurar los límites territoriales del país a desempeñar funciones más cercanas a la vigilancia interior y al análisis de inteligencia.
Este giro implica inversiones millonarias en reconocimiento facial, inteligencia artificial, análisis predictivo y sistemas integrados de monitoreo. Para diversos especialistas, esta evolución plantea preguntas sobre la delimitación entre seguridad nacional y vigilancia doméstica, así como sobre la necesidad de establecer controles más estrictos para garantizar que estas herramientas no se utilicen de manera abusiva.
En la actualidad, los desiertos, bosques y cordilleras que conforman las fronteras terrestres del país están plagados de puestos de control y, de manera creciente, de torres de vigilancia, drones Predator, cámaras térmicas y sistemas de lectura de matrículas, algunos discretamente ocultos y otros claramente visibles.
La ubicación exacta de las cámaras instaladas por la Patrulla Fronteriza es un dato celosamente restringido. Aun así, a través de solicitudes de acceso a información pública, la AP logró obtener decenas de permisos que la agencia presentó en Arizona y Michigan para colocar estos dispositivos en terrenos estatales.
Los documentos revelan que, con frecuencia, las cámaras se camuflan dentro de equipos de tráfico —como los característicos barriles amarillos y naranjas que abundan en las carreteras estadounidenses— o se rotulan como si fueran parte de obras viales, con el fin de pasar inadvertidas.
Hasta el momento no se sabe cuántas personas han terminado detectadas por la red de vigilancia de la Patrulla Fronteriza. Un exagente que participó en el programa de análisis de patrones mediante lectores de matrículas en California contó que, una vez que el sistema logró identificar comportamientos considerados sospechosos, alcanzó una tasa de eficacia del 85% en la detección de actividades de contrabando.
Durante el segundo mandato de Trump, la Patrulla Fronteriza ha extendido su influencia y capacidad de acción. Con los cruces fronterizos reducidos a niveles históricamente bajos, más agentes han quedado disponibles para desplegarse en operaciones dentro del propio territorio estadounidense, ampliando así el alcance de la agencia hacia el interior del país.
Impacto en los conductores y comunidades migrantes
La existencia de este sistema afecta directamente a conductores que transitan por rutas cercanas o lejanas a la frontera, pero también tiene implicaciones específicas para trabajadores del transporte, residentes latinos que viajan frecuentemente entre estados y comunidades migrantes que prefieren evitar interacciones con autoridades, incluso cuando su estatus migratorio es regular.
Grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes sostienen que el programa podría generar temor, autocensura en los desplazamientos y una creciente desconfianza en las instituciones policiales, especialmente en regiones donde las detenciones son más frecuentes.
Un debate que aún no tiene respuesta
Hasta el momento, Border Patrol mantiene que su actuación se ajusta a la ley y que las herramientas tecnológicas utilizadas son esenciales para combatir el tráfico de drogas, el contrabando y la inmigración irregular. No obstante, la falta de transparencia y el carácter preventivo del programa continúan alimentando críticas y pedidos de supervisión más rigurosa.
Mientras tanto, organizaciones civiles, juristas y legisladores demandan una revisión profunda del programa y una evaluación clara de sus implicaciones para los derechos fundamentales de los ciudadanos en un país donde la vigilancia digital avanza a ritmo acelerado.





