El Gobierno de Donald Trump anunció este jueves 8 de octubre la suspensión de Microsoft, Adobe y otras seis grandes compañías tecnológicas del programa de certificación laboral permanente, una medida que pone un nuevo obstáculo a los trabajadores extranjeros que buscan obtener la residencia en Estados Unidos mediante sus empleadores.
El secretario de Trabajo, Keith Sonderling, informó que el departamento dejará de aceptar nuevas solicitudes y de procesar las certificaciones laborales pendientes de las empresas afectadas. La lista incluye también a Cognizant, Infosys, Tata Consultancy Services, Wipro, HCL Technologies y Capgemini.
La decisión golpea una etapa clave de numerosas solicitudes de Green Card por empleo y eleva la presión sobre algunas de las compañías que más recurren al talento internacional.
Sonderling señaló que la suspensión de Microsoft y Adobe responde a “múltiples investigaciones federales activas”, según la información difundida por CNBC. El anuncio llega en medio del endurecimiento de la política migratoria del Gobierno y a pocas semanas de las elecciones legislativas de noviembre.
Vance apunta a los despidos de Microsoft
El vicepresidente JD Vance centró parte de sus críticas en Microsoft y vinculó la decisión con los aproximadamente 6.000 despidos que la empresa anunció en 2025.
Vance sostuvo que la compañía había reemplazado a trabajadores despedidos con empleados extranjeros mediante el programa de visas H‑1B. Durante la comparecencia no presentó pruebas que demostraran esa sustitución.
El vicepresidente afirmó que Washington mantendrá su relación con Microsoft, pero condicionó su acceso al programa de certificación laboral a que la empresa demuestre un mayor compromiso con la contratación de trabajadores estadounidenses.
Por su parte, Sonderling aseguró que, desde 2009, las compañías mencionadas han solicitado en conjunto casi tres millones de trabajadores extranjeros, recibido más de 230.000 aprobaciones de visas H‑1B y obtenido más de 100.000 certificaciones laborales permanentes.
El secretario utilizó esas cifras para defender la intervención del Gobierno y acusó a las empresas de desplazar oportunidades laborales que, a su juicio, debían corresponder a estadounidenses.
Microsoft responde: la mayoría de sus solicitudes eran para empleados existentes
Microsoft rechazó el planteamiento del Gobierno sobre sus contrataciones y aseguró que la gran mayoría de sus empleados en Estados Unidos son estadounidenses.
En su respuesta, recogida por CNBC, la empresa explicó que presentó aproximadamente 6.000 solicitudes de visas H‑1B durante el último año fiscal, pero que el 80 % correspondía a extensiones o cambios de estatus de personas que ya trabajaban en Microsoft.
Ese dato es central en la defensa de la compañía: el volumen de solicitudes migratorias incluye trámites relacionados con su plantilla existente y no representa, por sí solo, una cantidad equivalente de nuevas contrataciones.
La respuesta coloca en el centro del debate cómo se interpretan las cifras de visas cuando se comparan con los recortes de personal de una empresa.
Qué significa para los trabajadores que esperan la residencia
El programa de certificación laboral permanente, conocido como PERM, es una etapa previa en muchas solicitudes de residencia patrocinadas por empleadores. Su finalidad es comprobar que no existen suficientes trabajadores estadounidenses disponibles y cualificados para el puesto y que la contratación del extranjero no perjudicará los salarios ni las condiciones laborales de trabajadores comparables.
Para los empleados cuyo proceso depende de esa certificación, la suspensión puede detener el avance hacia la Green Card y prolongar la incertidumbre sobre sus planes de permanencia en el país.
La medida anunciada no cancela automáticamente las visas H‑1B vigentes ni las residencias ya concedidas. El bloqueo se concentra en el acceso de las compañías señaladas al programa PERM, aunque sus consecuencias pueden ser importantes para quienes necesitan completar ese paso antes de continuar su trámite migratorio.
Al momento del anuncio no estaba claro cuánto duraría la suspensión ni qué condiciones concretas permitirían levantarla. Esa falta de un calendario deja a las empresas y a los trabajadores afectados pendientes de nuevas instrucciones, mientras el Gobierno convierte la contratación de profesionales extranjeros en otro frente de su política migratoria.
