
Un tribunal federal de apelaciones confirmó el fallo contra el comisionado de la ciudad de Miami, Joe Carollo, en uno de los casos de abuso de poder más notorios en la política local de los últimos años. La decisión, emitida esta semana por el Undécimo Circuito de Apelaciones, ratifica una indemnización de 63,5 millones de dólares a favor de los empresarios William “Bill” Fuller y Martin Pinilla, propietarios del emblemático bar-restaurante Ball & Chain, ubicado en el corazón de la Pequeña Habana.
La corte rechazó la solicitud de Carollo de celebrar un nuevo juicio y desestimó otros aspectos de su apelación por falta de jurisdicción. El fallo representa un duro golpe para el comisionado, quien ha sido acusado de utilizar su cargo público para emprender una campaña sistemática de represalias contra los demandantes por razones políticas.
Una cruzada personal convertida en política oficial
Según los testimonios presentados durante el juicio original en 2023, Carollo habría ordenado múltiples inspecciones, citaciones, clausuras arbitrarias y otras acciones punitivas contra negocios operados por Fuller y Pinilla, luego de que estos apoyaran públicamente a su oponente político, Alfie León, en las elecciones municipales de 2017. Las represalias incluyeron presiones por parte de la policía, del departamento de bomberos y de agencias de regulación de licencias y zonificación.
Durante el juicio, se revelaron grabaciones, documentos y testimonios de exempleados municipales que evidenciaban cómo Carollo presuntamente dirigía personalmente las acciones contra los empresarios. El jurado, tras escuchar semanas de evidencia, concluyó que el comisionado violó los derechos constitucionales de los demandantes, incluyendo su libertad de expresión y protección contra represalias gubernamentales.
Declaraciones tras el fallo
En un comunicado difundido tras conocerse la decisión del tribunal de apelaciones, Fuller y Pinilla celebraron el fallo como una “victoria para la justicia y la democracia local”. «Nos sentimos alentados, pero no sorprendidos, por el claro rechazo de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos a la apelación infundada de Joe Carollo. El agudo cuestionamiento del tribunal y la abrumadora evidencia presentada en el juicio reafirman lo que hemos sostenido desde el primer día: Carollo abusó de su cargo público para librar una campaña implacable de represalias políticas contra nosotros simplemente porque apoyábamos a su oponente», dice la declaración.
Además alegaron que es un triunfo para los propietarios de negocios y residentes que confían en las leyes de EE.UU. También expresaron su agradecimiento con el equipo legal, la comunidad que durante años dieron su respaldo a la causa. «Esperamos dejar atrás este capítulo y continuar nuestro trabajo para elevar a la Pequeña Habana», concluyeron.
Su abogado, Jeff Gutches, aseguró que se procederá de inmediato a hacer cumplir la sentencia, tanto contra Carollo como contra las aseguradoras responsables de cubrir su defensa legal. «Esto pone fin a un período desagradable en el gobierno de la ciudad de Miami y ahora procederemos a (recopilar) esa sentencia tanto del Comisionado como de los aseguradores de la Ciudad que permitieron la conducta al pagar los honorarios legales y continuar asegurando al Comisionado durante tantos años», dijo Gutches.
Segunda demanda en curso
Además del fallo ya ratificado, los demandantes han presentado una segunda demanda federal, en la que reclaman otros 2,4 millones de dólares en daños adicionales relacionados con pérdidas económicas y costos legales derivados del presunto hostigamiento institucional dirigido por Carollo.
Los abogados de los empresarios indicaron que están decididos a continuar hasta obtener una reparación completa por los daños sufridos, que aseguran incluyeron no solo pérdidas financieras, sino un impacto duradero en su reputación, salud mental y vida personal.
Un silencio político y legal
Ni el comisionado Joe Carollo ni la oficina de prensa de la ciudad de Miami han emitido comentarios oficiales tras la ratificación del fallo. Durante el proceso judicial, Carollo negó haber actuado por motivos políticos y defendió sus acciones como parte de su deber de fiscalizar negocios en la ciudad.
Sin embargo, este nuevo revés judicial podría marcar el comienzo del fin de su carrera política, según analistas locales. El fallo también podría abrir la puerta a investigaciones más amplias sobre el uso de recursos municipales para fines personales o partidistas.
Repercusiones más allá del caso
El caso ha captado la atención de sectores políticos, empresariales y civiles en Miami, donde la polarización política y las denuncias de corrupción han sido temas recurrentes. La ratificación del veredicto refuerza la importancia de la rendición de cuentas incluso en el ámbito local, y podría sentar precedentes legales sobre los límites del poder de funcionarios electos.
Organizaciones de derechos civiles y líderes comunitarios han expresado su respaldo a los demandantes, calificando el caso como “un ejemplo de cómo la justicia puede prevalecer incluso frente a estructuras de poder profundamente enraizadas”.