Temor y confusión entre la comunidad migrante: EE. UU. deporta a dos ciudadanos cubanos con I-220A

En un giro que alumbra el riesgo y la fragilidad del estatus migratorio temporal para los cubanos, se ha confirmado la deportación de al menos dos ciudadanos de Cuba que contaban con el formulario I-220A. El caso, expuesto por el periodista Mario J. Pentón reaviva el temor entre la comunidad migrante sobre la estabilidad de este estatus.

Aunque el I-220A se concibió como un mecanismo de liberación bajo supervisión para ciertos migrantes mientras se tramita su caso ante el sistema migratorio, la reciente deportación demuestra que no es una garantía frente a la deportación — incluso para quienes creen tener protección legal. En conversación con el abogado de inmigración Mayron Gallardo este aconsejó a los cubanos optar un conjunto de medidas para evitar arrestos de ICE y demás agencias migratorias.

Entre estos consejos se encuentran buscar asesoría legal especializada lo antes posible, tratar de ir de la casa al trabajo, no cometer ninguna infracción del tránsito, estar al margen de la ley lo que más se pueda para evitar detenciones. Con respecto a los que tienen cortes el letrado les recomendó pedir una moción para hacerlo por videollamadas para de esta forma tener el mínimo contacto con las autoridades.

Este suceso se enmarca en un clima migratorio cubano que ha mutado rápidamente: leyes históricas como la Ley de Ajuste Cubano (CAA, por sus siglas en inglés) y la figura del parole humanitario han sido objeto de interpretaciones restrictivas y litigios constantes. Se alza la pregunta: ¿qué tan seguras están las protecciones para los migrantes cubanos bajo I-220A?

La deportación inesperada: quiénes, cómo y por qué

El vídeo de Pentón —y su difusión oficial en redes sociales— confirmó que los cubanos deportados habían sido aparentemente elegibles para seguimiento bajo I-220A, pero aun así fueron devueltos a Cuba.

No se han hecho públicos sus nombres ni detalles completos del procedimiento de deportación, pero el hecho mismo destaca cómo el gobierno de EE. UU. ha venido incrementando la aplicación de deportaciones aceleradas, incluso contra quienes tienen fechas activas en órdenes judiciales o casos en curso.

Según medios especializados, los activistas han recaudado más de 17.000 firmas en menos de 72 horas para que la ACLU (Asociación Americana de Libertades Civiles) intervenga en estos casos y defienda a los cubanos con I-220A.

Este tipo de iniciativas reflejan el temor colectivo: personas con I-220A creían estar bajo un escudo legal mínimo, solo para descubrir que ese escudo puede vulnerarse sin mucho aviso.

¿Qué es el I-220A y cuál es su lugar en el sistema migratorio?

El formulario I-220A, según explicaciones de especialistas en inmigración, funciona como un documento de liberación condicional bajo supervisión. No se considera ingreso legal ni es equivalente a un parole reconocido por el Servicio de Inmigración (USCIS), lo cual limita grandemente su valor jurídico en procesos de ajuste migratorio.

La Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) ha sostenido que el I-220A no cumple los requerimientos para que quienes lo ostentan puedan acogerse a la Ley de Ajuste Cubano, pues no constituye un parole real bajo la sección 212(d)(5)(A) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).

En ese sentido, miles de cubanos que ingresaron sin inspección (es decir, sin pasar por un puerto oficial de entrada) y luego fueron liberados bajo I-220A quedan atrapados en un “limbo legal”: su caso migratorio sigue abierto, pero no pueden cerrar su expediente simplemente por tener ese estatus temporal.

Un fallo reciente de la BIA, conocido como Matter of Q. LI (mayo de 2025), ha ofrecido una chispa de esperanza al reinterpretar que personas liberadas bajo condiciones semejantes podrían ser consideradas “aplicantes de admisión” bajo la sección 235(b) de la INA, lo que abre la puerta para argumentar que su liberación debe reconocerse como equivalente a un parole formal.

Esa reinterpretación es central, porque si se acepta legalmente que la liberación bajo I-220A funciona como un parole, algunos cubanos podrían reabrir la vía para solicitar ajuste de estatus. Pero el camino no es claro ni garantizado: implica litigios, recursos legales y muchas decisiones administrativas pendientes.

El ocaso de beneficios históricos

Durante décadas, los cubanos recibieron un tratamiento migratorio especial en Estados Unidos. La Ley de Ajuste Cubano (1966) les permitió acceder a la residencia permanente con solo haber residido un año y un día en el país. También la vía del parole humanitario fue una herramienta efectiva para muchos.

Pero en los últimos años, ese panorama ha cambiado. Un reportaje de El País señala que más de 550.000 cubanos que vinieron entre 2021 y 2024 se encuentran ahora atrapados en permisos temporales como el I-220A o bajo órdenes de deportación (I-220B), sin acceso efectivo al ajuste de estatus.

Bajo la nueva administración, varios de esos beneficios han sido limitados o revocados, generando una crisis de expectativas y una sensación de retroceso.

Cifras de deportaciones

En febrero de 2025, un vuelo con 104 personas deportadas desde EE. UU. aterrizó en La Habana, en lo que fue señalado como el segundo vuelo de deportación desde el regreso de Donald Trump al poder.

Aunque ese vuelo no necesariamente transportaba personas con I-220A, evidencia que la política de deportaciones a Cuba está activa y se ha reanudado con fuerza. Muchas de las deportaciones no incluyen antecedentes criminales entre los deportados, lo que sugiere que el criterio de “riesgo” puede ser amplio.

Además, durante 2024 se reportaron más de 1.030 cubanos devueltos desde distintos países, siendo EE. UU. uno de los principales.

Estas cifras indican que el fenómeno no es anecdótico ni aislado: la deportación de cubanos —incluso con permisos temporales— es parte de una política migratoria activa y renovada.

Voces desde la comunidad: miedo, confusión y movilización

La comunidad cubana migrante vive con un alto grado de incertidumbre. Abogados especializados reportan una “avalancha” de consultas de personas con estatus I-220A, temerosos de que puedan ser detenidos o deportados antes de que sus casos sean resueltos.

La abogada Claudia Cañizares ha advertido que diciembre de 2025 podría marcar un punto decisivo para cientos o miles de cubanos con I-220A, pues algunos plazos legales o reinterpretaciones podrían vencer o consolidarse.

Activistas como “Mac” y “Yariel” han impulsado peticiones formales para que la ACLU defienda legalmente a los cubanos bajo I-220A y se revise la aplicación de la Ley de Ajuste Cubano en estos casos.

Para muchos migrantes, el I-220A se convirtió en una firma desesperada al ingresar, sin plena conciencia de sus implicaciones legales. Algunos comentan que firmaron documentos bajo presión, sin interpretación ni asesoría legal confiable.

Las deportaciones recientes han incrementado la sensación de vulnerabilidad: lo que antes parecía un trámite administrativo ahora puede transformarse en orden de expulsión.

Obstáculos legales y desafíos por delante

1. Reconocimiento del I-220A como parole
   Para que los cubanos con I-220A puedan aspirar a ajustar estatus bajo la Ley de Ajuste Cubano, su liberación debe ser reconocida legalmente como equivalente a un parole formal. Aunque el fallo Matter of Q. LI ofrece una vía interpretativa, cada caso es distinto y dependerá de decisiones judiciales futuras.
2. Litigios colectivos y acciones legales
   Algunos bufetes y organizaciones legales están considerando demandas colectivas para que se revise la normativa aplicada a cubanos liberados con I-220A y se les otorgue un tratamiento justo.
3. Riesgo de detención antes de resolución
   Las deportaciones de cubanos con I-220A muestran que no basta tener un caso en curso. Migrantes pueden ser arrestados entre audiencias, incluso estando dentro del sistema migratorio, lo que socava la protección del debido proceso.
4. Revisión de políticas presidenciales y congresuales
   Las decisiones del Congreso y de la administración federal pueden redefinir el estatus migratorio cubano: desde reformas a la Ley de Ajuste Cubano hasta nuevas normas de parole o migración humanitaria.
5. Obstáculos prácticos para los migrantes
   • Muchos no dominan el inglés y han firmado documentos sin plena comprensión.
   • No tienen acceso uniforme a asesoría legal de calidad.
   • Viven la tensión constante de convertirse en blanco de redadas migratorias.
   • No pueden planear el futuro con certeza: trabajar, estudiar, reunirse con familiares o viajar pueden quedar en suspenso.

¿Qué implicaciones tiene para Cuba?

Desde la isla, recibir personas deportadas —especialmente sin antecedentes criminales— pone a Cuba en la posición de acatar acuerdos bilaterales migratorios con EE. UU. y asumir las responsabilidades humanitarias que el retorno implica.

Para los deportados, regresar puede significar enfrentar pobreza, estigma social, vigilancia estatal o repercusiones por haber intentado emigrar. Muchos han pasado años fuera, y la vuelta suele ser traumática, sin redes de apoyo ni expectativas claras.

La deportación de ciudadanos con I-220A también tiene un efecto simbólico: demuestra que el régimen migratorio de EE. UU. puede llegar a ser implacable incluso con quienes no eran “ilegales” en el sentido estricto, sino beneficiarios de un estatus temporal. Para los medios, activistas y el público en general, este caso es una oportunidad urgente para visibilizar la vulnerabilidad de los migrantes cubanos y presionar por reformas que garanticen equidad, transparencia y derechos.