El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria de Estados Unidos, conocido como SNAP o cupones de alimentos, comienza este 1 de octubre de 2026 con un aumento en los beneficios máximos. En Florida y los otros estados del territorio continental, una familia de cuatro personas podrá recibir hasta 1.023 dólares mensuales, frente a los 994 anteriores: una diferencia de 29 dólares. El ajuste coincide con mayores obligaciones financieras para los estados.
Sin embargo, el aumento llega mientras siguen aplicándose restricciones de acceso aprobadas en la ley federal de julio de 2025. Estas ampliaron las exigencias laborales para determinados adultos y redujeron las categorías migratorias que permiten recibir asistencia alimentaria. No todos estos cambios comienzan este octubre: las modificaciones sobre edad, hijos dependientes y elegibilidad migratoria proceden de aquella legislación.
La exigencia laboral se amplía hasta los 64 años
Uno de los cambios principales afecta a los adultos sujetos al límite de tiempo de SNAP. Antes, esta disposición alcanzaba a determinadas personas de entre 18 y 54 años; ahora incluye hasta los 64 años, salvo que cumplan una excepción. Tener entre 55 y 64 años, por tanto, ya no basta para quedar fuera de esta exigencia.
La regla requiere, generalmente, 80 horas al mes, no al día. Puede cumplirse mediante trabajo remunerado, determinadas actividades no remuneradas o voluntariado, participación en programas laborales admitidos o una combinación de trabajo y capacitación. Para quienes están sujetos a ella y no cumplen ni reúnen una excepción, los beneficios suelen limitarse a tres meses dentro de un período de 36 meses.
Tener hijos adolescentes ya no garantiza la excepción
La legislación también redujo la protección vinculada al cuidado de menores. Antes, la excepción alcanzaba al padre, madre u otro integrante del hogar responsable de un hijo dependiente menor de 18 años. Ahora, el menor debe tener menos de 14 años.
Esto significa que los adultos responsables de hijos de entre 14 y 17 años pueden quedar sujetos al límite de tiempo, si no tienen otra excepción aplicable. La ley también eliminó las excepciones específicas para veteranos, personas sin hogar y ciertos jóvenes que salieron del sistema de acogida. Pertenecer a uno de estos grupos no implica una pérdida automática: corresponde evaluar las demás excepciones disponibles.
Qué cambia para refugiados, asilados y cubanos
Las nuevas disposiciones establecen que el estatus de refugiado o asilado, por sí solo, ya no permite acceder a SNAP. La guía federal incluye en esta restricción a los menores de edad que dependen exclusivamente de esas categorías migratorias para calificar.
Pero afirmar que todos pierden la ayuda de forma definitiva sería impreciso. Quienes hayan obtenido la residencia permanente pueden ser elegibles bajo esa categoría, siempre que cumplan los demás requisitos. La orientación federal señala, además, que los refugiados y asilados que ajustan a residentes permanentes no tienen que esperar otros cinco años después del ajuste.
Para la comunidad cubana hay una distinción especialmente relevante: la categoría de “entrante cubano o haitiano” permanece entre las admitidas. Esto no concede el beneficio automáticamente por nacionalidad; la agencia estatal debe verificar la categoría migratoria y el resto de las condiciones del solicitante.
Los 2,4 millones son una proyección, no una baja inmediata
La Oficina de Presupuesto del Congreso, conocida como CBO, estimó que las modificaciones relacionadas con los requisitos laborales reducirán la participación en SNAP en aproximadamente 2,4 millones de personas en un mes promedio durante el período 2025-2034.
La cifra no significa que 2,4 millones de beneficiarios perderán los cupones simultáneamente este octubre. Es una proyección que reúne el efecto de ampliar las edades, modificar las excepciones y restringir las dispensas de los requisitos laborales. La CBO calculó por separado las consecuencias de los cambios migratorios.
Los estados asumirán el 75 % de los costos administrativos
Desde el año fiscal 2027, que comienza este 1 de octubre de 2026, la participación federal en los gastos administrativos estatales de SNAP baja del 50 % al 25 %. En consecuencia, los estados deben asumir el 75 % de esos costos administrativos.
Ese porcentaje corresponde a la gestión del programa, incluidos procesos y sistemas necesarios para administrarlo. No significa que los estados deban pagar ahora el 75 % del valor de los alimentos entregados a los beneficiarios, ni establece por sí mismo un descuento inmediato en sus tarjetas EBT.
Existe otra disposición sobre el costo de los beneficios: a partir del año fiscal 2028, determinados estados deberán aportar entre el 5 % y el 15 %, según sus tasas de errores de pago, con posibles aplazamientos previstos en la ley.
El aumento de 29 dólares no será igual para todas las familias
El ajuste por costo de vida eleva el máximo mensual a 306 dólares para una persona, 562 para dos, 808 para tres y 1.023 para cuatro en los 48 estados contiguos y Washington D. C. Estos valores corresponden al período comprendido entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de septiembre de 2027.
Los 29 dólares adicionales representan el aumento del máximo para un hogar de cuatro integrantes. El pago real depende de los ingresos y las deducciones aplicables, por lo que cada familia debe revisar el monto aprobado para su caso.
Qué deben revisar quienes reciben la ayuda
Los beneficiarios deben prestar atención a las notificaciones de su agencia estatal, las fechas de renovación y los documentos solicitados. Quienes queden sujetos a requisitos laborales necesitan confirmar cómo acreditar sus horas y si reúnen alguna excepción. Las agencias tienen la obligación de evaluar esas excepciones y comunicar las exigencias correspondientes.
En los casos migratorios, conviene verificar que el expediente refleje el estatus actual, especialmente si la persona obtuvo recientemente la residencia permanente. La continuidad de SNAP depende de la categoría reconocida y de los demás requisitos del programa; una solicitud de residencia pendiente todavía no equivale a tener la residencia aprobada.
