Desde el año 2015 Cuba comenzó a desplegar los sitios públicos con conexión WiFi, quizás sin sospechar que no por llegar de últimos al mundo de las cibercomunicaciones, los cubanos quedarían atrás en este viejo empeño de robar salado a través de la Red de Redes.

La desprotección y el desamparo de la única empresa proveedora de servicios de internet en la Isla se puede palparse en el propio contrato de cuentas NAUTA para la navegación que asegura textualmente en las Generalidades de los Servicios que: “ETECSA quedaba exonerada de responsabilidad civil por (…) la pérdida de datos por el actuar de terceros y la ejecución de programas malignos”.

La Isla cuenta con uno de los servicios de navegación más lentos a nivel mundial por el limitado ancho de banda que posee, pero contradictoriamente en materia de robo y delitos cibernéticos no está tan alejada de lo que sucede en el mundo.

Al cierre de 2017 la Oficina de Seguridad para las Redes Informáticas (Osri) dio a conocer la alarmante cifra de más de 600 incidentes de seguridad, relacionados sobre todo con “la gestión de los servidores de correos y del Sistema de Nombres de Dominio (DNS), junto con la actividad contrarrevolucionaria de carácter subversivo a través del correo electrónico y enmascarado como spam (…)” así como “ (…) la alta incidencia de programas malignos (malware) y el uso violatorio de proxys anónimos u otros canales colaterales”.


El diario Juventud Rebelde publicó el caso de Guanajay en la provincia Artemisa donde el Ministerio de Interior logró desmantelar una gran red clandestina, intervino antenas repetidoras de señal wifi, ocupó dos Lete Bean o planta receptora con alcance de dos a cinco kilómetros, la cual recibía señales desde Playa Baracoa y esta última trasmitía para otra zona próxima al cementerio de Guanajay. Todas las personas vinculadas al delito fueron procesadas y se le ocuparon los bienes con los que se llevaban a cabo estas conexiones inalámbricas ilegales.

Pero el caso de Artemisa y el “eficaz control” para detener a los ladrones solo parece un cuento de caminos publicado únicamente en los medios oficialistas. Lo cierto es que en la realidad las WiFis continúan siendo el sitio predilecto de personas que a cambio de una conexión más barata te ofrecen no solo la conexión que se roban a través del popular software Conectify, sino que además encantan a los usuarios con información para conectarse, configuraciones de aplicaciones y hasta la posibilidad de tener un banco para no sentarse en la calle.

Estos delincuentes se aprovechan de la poca cultura de ciberseguridad que tienen los cubanos y también de los ineficientes métodos de seguridad de ETECSA.

¿Qué dices las leyes?

El Ministerio de la Informática y las Comunicaciones no cuenta aún con una ley que sirva para frenar con el peso de la ley los delitos relacionados con la estafa de datos. A penas hay una Resolución la número 127/07 dada a conocer en el Reglamento de Seguridad para las Tecnologías de la Información, pero se encamina más bien a asegurar el uso de las TIC en organismos estatales obviando los fraudes en redes inalámbricas.

Esta resolución tiene casi ya 10 años, y urge formular nuevas normativas para sancionar a las personas que se introduzcan sin autorización en una red para insertar códigos de programas malignos.

Una y otra vez se señalan en los Congresos de Informática la necesidad de actualizar el marco jurídico para garantizar la protección de los datos, pero mientras se espera la aprobación, la estafa continúa impune. Cuba poco a poco va informatizando sectores claves de la economía, pero para avanzar en ello habrá que contar con una norma jurídica superior.