El final del Mundial de Fútbol de 2026 podría marcar el inicio de una etapa de mayor presión política, económica y judicial de Estados Unidos contra el gobierno cubano. Esa es la hipótesis expuesta por el columnista británico Roger Boyes, quien considera que Donald Trump podría colocar a Cuba entre sus principales prioridades internacionales durante los meses previos a las elecciones legislativas de medio mandato.
En un análisis publicado por el diario The Times, Boyes interpreta que la Casa Blanca podría estar esperando a que concluya el torneo, organizado conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá, para concentrar su atención en otros frentes de política exterior capaces de producir un impacto político dentro del país.
“Cuando suene el silbato final este fin de semana, quedará rápidamente claro que, para Trump, organizar el torneo siempre tuvo más que ver con proyectar fuerza nacional, dominio económico y toda la capacidad logística exigida por el mayor espectáculo del planeta que con celebrar actos de empatía y fraternidad”, dijo el experto.
Cuba ocuparía un lugar especialmente relevante por su valor simbólico, su cercanía geográfica y el peso electoral de la comunidad cubanoamericana, principalmente en Florida. Una escalada de presión contra La Habana permitiría a Trump reforzar su imagen de presidente firme ante gobiernos considerados adversarios y presentar cualquier debilitamiento del régimen cubano como una victoria de su política exterior.
La tesis, sin embargo, no parte de un anuncio oficial del Gobierno estadounidense. Se trata de una interpretación periodística basada en las medidas adoptadas por Washington, el deterioro económico de la isla y las señales de endurecimiento contra figuras e instituciones vinculadas al poder cubano.
El Mundial como escaparate político y diplomático para la Casa Blanca
Boyes plantea que Trump no consideraría el Mundial únicamente como una competencia deportiva, sino también como una plataforma de proyección política. Estados Unidos será la sede principal del torneo y concentrará la mayoría de los partidos, incluidos varios de los encuentros decisivos. Durante semanas, el país estará bajo la atención de millones de espectadores, medios de comunicación, gobiernos, patrocinadores y organizaciones deportivas.
Ese nivel de exposición podría permitir a Trump mostrar a Estados Unidos como una nación capaz de organizar un evento de enorme complejidad, garantizar la seguridad de los visitantes y movilizar recursos logísticos en numerosas ciudades.
El columnista interpreta que el presidente podría aprovechar esa visibilidad para proyectar una imagen de autoridad, eficiencia y liderazgo internacional. Una vez terminado el campeonato, la administración tendría mayor margen para impulsar otros asuntos que podrían resultar más polémicos o generar tensiones diplomáticas.
En ese escenario, Cuba aparece como una causa con fuerte carga histórica y electoral. La política hacia la isla continúa siendo un asunto relevante entre sectores republicanos, particularmente en Florida, donde las decisiones de Washington suelen producir reacciones inmediatas entre el exilio y sus representantes políticos.
Cuba podría convertirse en una prioridad antes de las elecciones de medio mandato
Las elecciones legislativas de noviembre de 2026 serán determinantes para la segunda mitad del mandato de Trump. En esos comicios estarán en juego los escaños de la Cámara de Representantes y una parte del Senado. Un resultado adverso podría limitar la capacidad del presidente para impulsar su agenda, mientras que una victoria republicana reforzaría su control político en Washington.
Boyes considera que una política agresiva contra La Habana podría ayudar a Trump a movilizar a su base, especialmente a los votantes interesados en una postura más dura frente a Cuba, Venezuela y otros gobiernos de izquierda de América Latina. “Una acción contra el régimen cubano no puede prometer la recompensa petrolera, pero ofrece una especie de ajuste de cuentas histórico con la dinastía de los Castro”, añadió.
El mensaje político sería relativamente directo: mientras administraciones anteriores apostaron en determinados momentos por el diálogo, las flexibilizaciones o el restablecimiento de relaciones diplomáticas, Trump intentaría presentarse como el mandatario dispuesto a aumentar el costo de la supervivencia del régimen cubano.
“Está por verse si el cambio de régimen puede producirse antes de las elecciones de medio mandato del otoño, pero empieza a formar parte de la coreografía de Trump para después del torneo», explica.
La isla también ofrece una narrativa de fácil impacto electoral. Un cambio político en Cuba, o incluso una crisis visible dentro de su estructura de poder, podría ser presentado como un acontecimiento histórico después de más de seis décadas de enfrentamientos entre Washington y La Habana.
Sin embargo, el calendario es ajustado. El propio análisis reconoce que no existen garantías de que una política de presión produzca cambios profundos antes de las elecciones legislativas.
Una estrategia basada en el desgaste económico
Uno de los puntos centrales de la hipótesis es que Estados Unidos podría intensificar el desgaste económico del gobierno cubano. Cuba atraviesa una crisis caracterizada por la escasez de combustible, la reducción de la producción, la inflación, el deterioro de los servicios públicos y la falta de divisas. A esto se suman los problemas del sistema eléctrico, los apagones prolongados y las dificultades para importar alimentos, medicinas y materias primas.
Las sanciones estadounidenses no son la única causa de ese deterioro, pero sí condicionan la capacidad del Estado cubano para realizar operaciones financieras, acceder a determinados mercados, recibir inversiones o mantener relaciones comerciales con empresas extranjeras.
La administración de Trump podría ampliar esas restricciones para limitar todavía más los ingresos del gobierno. Entre los posibles objetivos estarían empresas estatales, entidades financieras, instituciones controladas por las Fuerzas Armadas y compañías utilizadas para captar divisas.
La lógica de la estrategia sería aumentar la presión sobre las principales fuentes de financiamiento del Estado cubano, reduciendo los recursos disponibles para importar combustible, sostener programas públicos y mantener el aparato administrativo.
No obstante, cualquier endurecimiento también podría tener efectos sobre la población. En una economía altamente dependiente de las importaciones, una reducción adicional de los ingresos estatales podría traducirse en más escasez, inflación y deterioro de las condiciones de vida.
El combustible y la electricidad, puntos vulnerables del sistema cubano
El suministro de combustible constituye una de las principales debilidades de Cuba. La isla necesita importar una parte considerable del petróleo y los derivados que consume, y cualquier interrupción afecta rápidamente la generación eléctrica, el transporte y la actividad productiva.
Las centrales termoeléctricas cubanas operan con frecuentes averías, mantenimientos incompletos y limitaciones para adquirir piezas de repuesto. Cuando disminuye el combustible disponible o sale de servicio una unidad generadora, el déficit eléctrico puede aumentar durante varias horas.
Los apagones tienen un impacto que va mucho más allá de la falta de luz. También afectan el bombeo de agua, la refrigeración de alimentos, la conservación de medicamentos, el funcionamiento de comercios y la prestación de servicios básicos.
La escasez de energía paraliza industrias, limita la producción agrícola y obliga a muchas empresas estatales a reducir sus operaciones. En los hogares, agrava las tensiones sociales, especialmente durante los meses de calor.
Boyes interpreta que Washington podría buscar aumentar la presión sobre esos puntos vulnerables. Una disminución de las entregas de combustible o mayores obstáculos para financiar importaciones podrían profundizar el desgaste del gobierno.
La crisis alimentaria y el debilitamiento de la distribución estatal
El deterioro de la distribución de alimentos aparece como otro elemento importante. Durante décadas, el gobierno cubano utilizó la libreta de abastecimiento como mecanismo para garantizar una cantidad mínima de productos básicos. Sin embargo, el sistema enfrenta retrasos, reducciones y dificultades para entregar productos en los plazos establecidos.
La producción nacional no alcanza para cubrir la demanda, mientras que la falta de divisas limita las importaciones. La consecuencia es una creciente dependencia de mercados en moneda libremente convertible, negocios privados y redes informales.
Para una parte importante de la población, los precios de esos mercados son inaccesibles. Los salarios y las pensiones han perdido capacidad de compra frente a la inflación, y muchas familias dependen de remesas o ayuda desde el extranjero.
El debilitamiento de la distribución estatal también afecta la imagen del gobierno, que durante décadas presentó el acceso subsidiado a determinados bienes como uno de los pilares de su modelo social.
En ese contexto, una política estadounidense orientada a aumentar la presión económica podría agravar el malestar popular, aunque también podría permitir a las autoridades cubanas responsabilizar a Washington por el empeoramiento de la crisis.
El descontento social como factor de presión interna
El análisis de Boyes sugiere que el deterioro económico podría combinarse con una mayor inconformidad social. Los apagones, la falta de agua, la escasez de alimentos y el elevado costo de la vida han provocado protestas y reclamos en diferentes zonas de Cuba. Aunque muchas de esas movilizaciones comienzan por demandas económicas, rápidamente pueden incluir críticas políticas.
El gobierno cubano mantiene una amplia capacidad de vigilancia y respuesta. Las autoridades han utilizado detenciones, procesos penales, multas, vigilancia y restricciones de movimiento contra activistas, periodistas independientes y ciudadanos que participan en protestas.
Las manifestaciones del 11 de julio de 2021 mostraron que el descontento puede extenderse rápidamente cuando coinciden la falta de alimentos, los apagones y la pérdida de confianza en las instituciones.
Desde entonces, el aparato estatal ha reforzado los mecanismos de control. Por esa razón, el aumento de las dificultades económicas no garantiza una transición política ni una pérdida inmediata del poder por parte del gobierno. Sin embargo, sí incrementa la presión sobre las autoridades y obliga al Estado a destinar más recursos al control interno en un momento de severas limitaciones financieras.
El caso de Hermanos al Rescate y la presión judicial contra Raúl Castro
Otro punto destacado es la posibilidad de que Estados Unidos avance en acciones judiciales relacionadas con el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate en 1996. El 24 de febrero de ese año, aeronaves militares cubanas derribaron dos aviones civiles de la organización, que realizaba misiones vinculadas al rescate de balseros y actividades de denuncia contra el gobierno cubano.
Cuatro personas murieron en el ataque. El episodio provocó una crisis diplomática y reforzó el endurecimiento de la política estadounidense hacia La Habana.
Boyes considera que un proceso dirigido contra Raúl Castro tendría un fuerte efecto político y simbólico. Aunque la viabilidad jurídica de cualquier acusación dependería de múltiples factores, la iniciativa transmitiría el mensaje de que las decisiones tomadas por antiguos dirigentes cubanos podrían continuar teniendo consecuencias décadas después.
También sería una advertencia para altos oficiales, exfuncionarios y personas vinculadas a la estructura militar. La presión judicial podría complementar las sanciones económicas. En lugar de concentrarse únicamente en instituciones, Washington podría dirigir medidas contra individuos, propiedades, cuentas y redes empresariales relacionadas con el gobierno.
Un mensaje dirigido a las Fuerzas Armadas cubanas
La estructura militar desempeña un papel central en la economía y la política de Cuba. A través de distintos conglomerados y empresas, sectores vinculados a las Fuerzas Armadas controlan actividades relacionadas con el turismo, el comercio, la logística, los servicios financieros y otros rubros estratégicos.
Cualquier estrategia de presión necesitaría tener en cuenta el papel de esos mandos. El gobierno cubano depende de la lealtad de las instituciones armadas para mantener la estabilidad interna y proteger las principales estructuras económicas. Una ofensiva judicial o financiera contra figuras históricas podría tener como objetivo generar incertidumbre dentro de esa élite.
El mensaje implícito sería que quienes respalden decisiones represivas o participen en operaciones cuestionadas internacionalmente podrían quedar expuestos a sanciones, restricciones de viaje o procesos judiciales.
No obstante, también existe la posibilidad de que la presión externa fortalezca la cohesión interna y permita al gobierno presentar las medidas estadounidenses como una amenaza contra la soberanía nacional.
El valor simbólico de una eventual transformación en Cuba
Para Trump, un cambio político en Cuba podría convertirse en uno de los mayores logros de su presidencia. La caída del sistema construido por Fidel Castro tendría un enorme impacto simbólico en América Latina y en la política estadounidense. Sería presentada por sectores republicanos como el final de una de las principales estructuras comunistas del continente.
También permitiría a Trump diferenciarse de los presidentes que apostaron por negociaciones o aperturas. Una transformación en Cuba podría presentarse como resultado de una estrategia de máxima presión, incluso si los factores internos fueran determinantes.
Sin embargo, una transición desordenada también tendría riesgos. Un colapso institucional podría generar un aumento de la migración marítima, problemas de seguridad, desabastecimiento y disputas dentro de las estructuras de poder. Estados Unidos tendría que prepararse para responder a una posible emergencia humanitaria y a un incremento de las salidas irregulares desde la isla.
Florida y el peso del electorado cubanoamericano
La política hacia Cuba tiene una dimensión electoral especialmente importante en Florida. La comunidad cubanoamericana mantiene una influencia significativa en el debate sobre sanciones, derechos humanos, migración y relaciones diplomáticas.
Aunque las opiniones dentro del exilio no son uniformes, amplios sectores respaldan una postura dura contra el gobierno cubano. Para esos votantes, las flexibilizaciones económicas suelen interpretarse como concesiones que permiten al régimen obtener recursos sin realizar reformas políticas.
Otros grupos consideran que determinadas sanciones dañan a la población y dificultan el contacto familiar, los viajes y el envío de ayuda. Trump podría intentar concentrar las medidas en dirigentes, empresas militares y entidades estatales, al tiempo que presenta su política como un esfuerzo para apoyar a los cubanos.
Ese equilibrio sería difícil. En la práctica, muchas sanciones tienen efectos indirectos sobre la economía general y terminan afectando el acceso de los ciudadanos a bienes y servicios.
Las posibles respuestas del gobierno cubano
Ante una escalada de presión, La Habana probablemente reforzaría su discurso contra Washington. El gobierno presentaría las medidas como una agresión dirigida a provocar hambre, descontento y desestabilización. También podría intensificar sus alianzas con Rusia, China, Irán y otros socios.
Cuba ha buscado inversiones, créditos, combustible y cooperación tecnológica en esos países para compensar las restricciones estadounidenses. Sin embargo, ninguno de esos aliados parece dispuesto a asumir por completo el costo de sostener la economía cubana. La isla necesita cantidades constantes de combustible, alimentos, financiamiento y piezas de repuesto.
El gobierno también podría aumentar el control interno, limitar las comunicaciones y endurecer la persecución contra opositores en caso de nuevas protestas. Otra posibilidad sería realizar reformas económicas parciales para aliviar la presión sin introducir cambios políticos profundos.
La ausencia de señales oficiales sobre una intervención militar
A pesar del tono del análisis, no existe confirmación pública de que Estados Unidos prepare una intervención militar contra Cuba. Las herramientas mencionadas se concentran en sanciones, restricciones económicas, presión diplomática y acciones judiciales.
Un conflicto militar tendría consecuencias imprevisibles para la población cubana, Estados Unidos y el Caribe. También generaría un fuerte rechazo internacional y requeriría una justificación política y legal mucho más amplia.
La hipótesis más probable dentro del análisis es una política de asfixia progresiva, diseñada para limitar los recursos del gobierno y aumentar las divisiones internas. Eso no significa que Washington tenga la capacidad de controlar el resultado. La historia muestra que los regímenes sometidos a sanciones pueden adaptarse, aumentar la represión o recurrir a aliados externos.
Las dudas sobre la eficacia de la máxima presión
La estrategia de máxima presión tiene defensores y críticos. Quienes la respaldan consideran que el gobierno cubano no realizará reformas mientras continúe recibiendo recursos externos. Desde esa perspectiva, las sanciones son necesarias para elevar el costo de la represión y reducir la capacidad financiera de las élites.
Los críticos argumentan que décadas de restricciones no han producido una transición democrática y que las principales consecuencias recaen sobre la población. También advierten que el aislamiento puede fortalecer la narrativa del gobierno, que atribuye gran parte de los problemas del país al embargo estadounidense.
Una política efectiva tendría que diferenciar entre medidas dirigidas a funcionarios y acciones que afecten el acceso de los ciudadanos a alimentos, medicinas, comunicaciones o remesas.
Un escenario abierto después del Mundial
El análisis de Roger Boyes coloca el periodo posterior al Mundial de 2026 como un momento clave. Según su interpretación, Trump podría utilizar el impulso político del torneo para presentar una nueva ofensiva internacional, con Cuba como uno de los objetivos principales.
La combinación de crisis económica, escasez de combustible, apagones, malestar social y presión judicial crea un escenario de elevada vulnerabilidad para La Habana.
Sin embargo, no existe certeza de que esas condiciones produzcan un cambio de régimen. El gobierno cubano conserva mecanismos de control, experiencia para administrar crisis y una estructura militar con intereses directos en la supervivencia del sistema.
La política estadounidense también enfrenta contradicciones: aumentar la presión podría debilitar al Estado, pero al mismo tiempo empeorar la crisis humanitaria y estimular otra ola migratoria.
Una interpretación periodística, no una decisión confirmada
La principal cautela es que la tesis publicada en The Times continúa siendo una interpretación. La Casa Blanca no ha anunciado oficialmente que espere al final del Mundial para lanzar una ofensiva contra Cuba ni ha confirmado una estrategia destinada a provocar un cambio de gobierno.
Tampoco se ha presentado un calendario público que vincule el torneo con futuras decisiones de política exterior. Lo que sí puede observarse es una creciente atención sobre la crisis cubana y una disposición de la administración estadounidense a endurecer las medidas contra instituciones y figuras vinculadas al régimen.
Los meses posteriores al Mundial permitirán comprobar si Cuba se convierte realmente en una prioridad central para Trump o si el análisis refleja una posibilidad que finalmente no llega a concretarse.
Por ahora, la isla entra en la segunda mitad de 2026 sometida a una combinación de presiones internas y externas. El deterioro económico, la falta de energía, el aumento de la pobreza y las tensiones con Washington mantienen abierto un escenario de alta incertidumbre, con consecuencias potenciales para Cuba, Florida y toda la región del Caribe.
