Lo que comenzó como una protesta comunitaria contra los desalojos en un parque de casas móviles terminó convirtiéndose en un caso judicial que ha llamado la atención de medios, activistas y defensores de derechos civiles en todo el sur de Florida. Ocho meses después, Vivian Hernández, una mujer cubana de 61 años, sigue enfrentando un proceso penal que podría enviarla a prisión, mientras insiste en que fue víctima de un arresto injusto y violento.
“Creo que es lo más justo porque los tres cargos que me pusieron, a mi entender, son cargos para justificar un arresto improcedente”, dijo a la prensa local agregando que nunca hizo ningún disturbio solo explicó los argumentos del por qué no debía moler las propiedades.
El día del arresto
El 2024 cerraba con creciente tensión en el parque de casas móviles Li’l Abner, ubicado en Sweetwater. Cientos de familias, muchas de ellas inmigrantes latinos y de bajos ingresos, habían recibido órdenes de desalojo debido a un proyecto de demolición para dar paso a nuevos desarrollos inmobiliarios.
Hernández, residente de la zona, se encontraba ese día intentando pagar su alquiler cuando un grupo de vecinos comenzó una manifestación pacífica para protestar contra las expulsiones. La policía local fue llamada para dispersar la protesta. Fue en ese momento cuando ocurrió la escena que la haría conocida: un agente se acercó a ella, la sujetó y la derribó al suelo. El incidente fue grabado y el vídeo, que muestra a Hernández gritando en español “¡No estoy haciendo nada malo!”, se volvió viral en redes sociales.
“Ella simplemente no se siente cómoda declarándose culpable de eso… siente que no hizo nada malo. Cree que es algo por lo que vale la pena luchar”, dijo su abogado David Winker.
Los cargos y el riesgo de prisión
A raíz del arresto, la fiscalía imputó a Hernández tres cargos por delitos menores:
- Resistencia sin violencia al arresto
- Conducta desordenada
- Allanamiento tras advertencia
Cada cargo conlleva una pena de hasta un año de prisión, lo que, en conjunto, podría suponer más de dos años y medio tras las rejas.
La mujer ha rechazado en todo momento declararse culpable. Su abogado, David Winker, asegura que la postura de su clienta es firme: “Ella siente que no cometió delito alguno y que aceptar un acuerdo sería aceptar una injusticia”.
Un juicio aplazado y una lucha prolongada
El juicio debía iniciar esta semana con la selección del jurado, pero fue pospuesto sin nueva fecha. Este retraso ha prolongado la tensión legal y personal de Hernández, quien mientras tanto continúa involucrada en otro frente legal: una demanda colectiva junto con unos 200 inquilinos del mismo parque de casas móviles.
“Queremos que se oiga nuestra protesta… que nos valoren el precio justo de nuestra vivienda y nos traten con el respeto que merecemos”, resaltó la anciana.
La demanda busca compensaciones económicas y un proceso de desalojo más humano y justo. Según los demandantes, los propietarios del terreno no han ofrecido soluciones viables para el reacomodo de las familias, muchas de las cuales llevan décadas viviendo allí.
Contexto: desalojos y tensiones en el sur de Florida
El caso de Li’l Abner no es aislado. En los últimos años, condados como Miami-Dade y Broward han visto un aumento de desalojos masivos en parques de casas móviles, empujados por el boom inmobiliario y el aumento del valor del suelo.
Activistas denuncian que este tipo de desalojos, aunque legales, se ejecutan muchas veces sin suficiente tiempo de aviso ni alternativas reales para los afectados. El resultado es el desplazamiento de comunidades enteras, especialmente de trabajadores inmigrantes, hacia zonas más alejadas o incluso fuera del estado.
El debate sobre el uso de la fuerza policial
El arresto de Hernández también ha reavivado el debate sobre el uso proporcional de la fuerza policial. Organizaciones de derechos humanos sostienen que, en casos de protestas pacíficas, las autoridades deben priorizar el diálogo antes que la confrontación física.
En Florida, no es la primera vez que videos de arrestos violentos generan controversia. Casos similares han provocado demandas por abuso de autoridad y han derivado en cambios en protocolos policiales, aunque muchas comunidades consideran que las reformas han sido insuficientes.
Un caso que trasciende lo personal
Para Hernández, el proceso no es solo una defensa legal, sino un acto de resistencia simbólica. “No se trata solo de mí, se trata de todos los que están siendo desalojados y de que la policía no puede tratarnos así”, habría comentado a su entorno.
Mientras espera una nueva fecha para el juicio, su historia continúa siendo compartida por colectivos comunitarios y organizaciones que ven en su caso un reflejo de problemas más amplios: la falta de vivienda asequible, el desplazamiento de comunidades vulnerables y el trato desigual por parte de las fuerzas del orden.
