Residencia permanente en Uruguay: nuevo decreto beneficia a cubanos que llegaron antes de 2026

Miles de cubanos que viven en Uruguay podrán acceder a una nueva vía para solicitar la residencia permanente, tras la firma de un decreto fechado el 8 de octubre de 2026. La medida busca ofrecer una alternativa a extranjeros cuya situación migratoria está vinculada a solicitudes de refugio pendientes o rechazadas.

El anuncio tiene especial relevancia para la comunidad cubana. Según cifras publicadas por 14ymedio, de las 30.715 personas con solicitudes de refugio pendientes en Uruguay, 27.337 son cubanas. Esa cantidad permite dimensionar el alcance potencial de la iniciativa, aunque no significa que todas recibirán la residencia automáticamente.

Quiénes podrán acogerse al decreto

El decreto exige haber ingresado a Uruguay antes del 1 de enero de 2026, de manera regular y por un punto de control migratorio habilitado. Comprende a solicitantes de refugio que renuncien expresamente a ese procedimiento y a personas cuya petición haya sido denegada mediante resolución firme.

Además, los interesados no deben registrar impedimentos de ingreso o permanencia ni disponer de otra vía de regularización como residentes permanentes o temporarios.

Por tanto, la fecha de entrada es determinante: quienes llegaron durante 2026 o planean viajar en los próximos meses quedan fuera de este mecanismo especial. La entrevista difundida por Univision también subraya ese límite, relevante para evitar que el anuncio se interprete como un beneficio abierto a futuros migrantes.

Los documentos y requisitos económicos

Los solicitantes deberán presentar fotografía carné, documento de identidad vigente y en buen estado, antecedentes penales correspondientes a los cinco años anteriores al ingreso —para residencias superiores a 180 días— y certificado de vacunación uruguayo.

También deberán acreditar medios de vida propios o de su núcleo familiar residente en Uruguay, con ingresos superiores al salario mínimo nacional, mediante historia laboral del Banco de Previsión Social o certificado notarial.

La exigencia económica fue uno de los puntos destacados por Univision en su entrevista con Leydis Aguilera, diputada uruguaya de origen cubano por el Partido Nacional, quien ha promovido iniciativas para regularizar a migrantes establecidos en el país.

Antecedentes: una alternativa a la espera por refugio

Uruguay ya había creado un programa de residencia por arraigo en 2024, durante el Gobierno de Luis Lacalle Pou. La nueva disposición de la administración de Yamandú Orsi amplía la oportunidad para personas llegadas antes de 2026.

El problema afecta especialmente a cubanos que solicitaron refugio y llevan tiempo esperando una resolución. La acumulación de expedientes ha mantenido a miles de personas pendientes de una respuesta sobre su situación, pese a haber construido vínculos laborales y familiares en Uruguay.

Reacciones e impacto para los cubanos

Aguilera describió la medida como un avance importante durante su entrevista con Univision y relató haber recibido numerosas llamadas y mensajes de personas que celebraban el anuncio. También explicó que continúa trabajando en un proyecto de ley más amplio dentro del Parlamento. Univision

La noticia generó expresiones de agradecimiento entre cubanos residentes en Uruguay. Teledoce recogió testimonios de migrantes que ven en esta posibilidad una oportunidad para consolidar su pertenencia al país y obtener mayor estabilidad documental.

Contexto legal: la residencia requiere aprobación

Renunciar al refugio deberá quedar registrado al iniciar el trámite, y el funcionario tendrá que explicar sus consecuencias. El decreto preserva el derecho de un residente por arraigo a volver a solicitar refugio.

Al comenzar se habilitará la gestión de un documento provisorio; el definitivo corresponderá cuando se conceda la residencia.

Próximos pasos y plazos

La norma entrará en vigor 90 días después de su publicación. Desde entonces habrá doce meses para solicitar la residencia, con posibilidad de una única prórroga de hasta doce meses dispuesta por Migración.

Mientras se prepara su aplicación, el proyecto legislativo impulsado por Aguilera sigue un recorrido separado. La diputada confirmó que continúa bajo estudio en una comisión parlamentaria: el decreto ya firmado y esa propuesta de ley son iniciativas distintas.