El recaudador de impuestos del condado Miami-Dade, Dariel Fernandez, defendió públicamente la autoridad de su oficina para revocar licencias comerciales, luego de que una empresa privada presentara una demanda en la Corte Federal del Distrito Sur de Florida cuestionando sus acciones.
En una declaración oficial, Fernández afirmó que su función principal es hacer cumplir la ley y proteger la seguridad, la confianza y el bienestar de los residentes del condado, subrayando que todas las decisiones de su oficina están respaldadas por la legislación estatal de Florida.
El funcionario citó específicamente el Estatuto de Florida 205.0532, el cual otorga facultades al recaudador de impuestos para actuar cuando existen preocupaciones legítimas sobre negocios que operan en conexión con la dictadura comunista y socialista cubana, especialmente cuando dichas operaciones podrían realizarse sin autorización federal adecuada.
Según el comunicado, bajo esta autoridad legal, la oficina del Tax Collector puede revocar el Local Business Tax Receipt de aquellas empresas que no cumplan con la ley. Dichas revocaciones permanecerían vigentes hasta que el negocio demuestre cumplimiento total con los requisitos legales y administrativos necesarios para operar legalmente en Miami-Dade.
Fernández dejó claro que, aunque una empresa privada haya optado por llevar el conflicto a los tribunales federales, la postura y el enfoque de su oficina no cambiarán. “Las demandas no nos detienen de hacer nuestro trabajo”, afirmó, recalcando que el proceso judicial no altera el compromiso de su oficina con la aplicación firme de la ley.
El recaudador también enmarcó el asunto dentro de un contexto más amplio de seguridad nacional, señalando que existe un deber institucional de garantizar que el condado no sea utilizado, directa o indirectamente, para beneficiar o apoyar al régimen cubano, al que calificó como enemigo de los Estados Unidos.
“La prioridad seguirá siendo siempre la gente de Miami-Dade”, sostuvo Fernández, insistiendo en que su oficina actuará cuando sea necesario para proteger la integridad de la comunidad, incluso frente a presiones legales o empresariales.
La demanda presentada ante la corte federal podría sentar un precedente sobre los límites del poder del recaudador de impuestos en Florida, mientras el caso continúa su curso en el sistema judicial.
