Recientemente congresistas republicanos en Estados Unidos presentaron un proyecto de ley que ha generado controversia especialmente en la comunidad hispana y los receptores de remesas. Este plan fiscal propone un impuesto especial del 5% sobre las remesas enviadas por inmigrantes indocumentados desde territorio estadounidense hacia sus países de origen como. La medida ha sido calificada como injusta y discriminatoria por diversas personas.
La iniciativa establece que los proveedores de servicios de envío de dinero como Western Union o MoneyGram tendrían la obligación de retener un 5% del monto total enviado en remesas siempre que el remitente no pueda comprobar su estatus legal en EE.UU. La retención se aplicaría de forma automática lo que quiere decir que miles de inmigrantes que envían dinero a familiares en México, El Salvador, Guatemala y también Cuba verían reducidas las cantidades que reciben sus seres queridos.
Por el momento el proyecto está en discusión en el Comité de la Cámara de Representantes y en caso de aprobarse pasaría a revisión en el Senado con la intención de contar con una versión definitiva para el 4 de julio, fecha emblemática para el país.
Una de las personalidades que reaccionó a la propuesta fue la presidenta de México, Claudia Sheinbaum quien durante una conferencia de prensa argumentó que este impuesto representaría una forma de doble tributación para los inmigrantes quienes ya contribuyen indirectamente con impuestos en EE.UU.
Otras organizaciones de derechos humanos y defensores de los inmigrantes expresaron su inquietud, señalando que la medida no solo afectaría la economía familiar de millones de personas, sino que también podría incentivar prácticas informales y riesgosas para enviar dinero como el uso de redes no oficiales o el contrabando.
De acuerdo con una publicación que hizo el periodista cubano Mario J. Pentón en su cuenta de X la propuesta ha generado efectos económicos ya que las acciones de Western Union disminuyeron un 2.5% después de emitirse el anuncio.
Las remesas constituyen una fuente vital de ingresos para muchas familias en América Latina y el Caribe. Según datos del Banco Mundial, México es uno de los países que más recibe remesas en el mundo, con miles de millones de dólares que llegan anualmente desde Estados Unidos. Estos recursos no solo ayudan a cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda y educación, sino que también representan un soporte fundamental para la economía local y el desarrollo social.
La imposición de un impuesto del 5% podría tener efectos negativos en varios niveles:
- Reducción del ingreso familiar: Las familias receptoras recibirían menos dinero, lo que podría traducirse en mayor pobreza y dificultades para cubrir necesidades esenciales.
- Desincentivo para enviar remesas: Algunos inmigrantes podrían reducir o dejar de enviar dinero debido a la carga fiscal adicional.
- Incremento de métodos informales: Para evitar el impuesto, podrían aumentar los envíos a través de canales no regulados, lo que implica riesgos legales y de seguridad.
Por otro lado, el gobierno estadounidense busca con esta medida generar recursos adicionales, argumentando la necesidad de financiar programas y servicios públicos. Sin embargo, la imposición específica a inmigrantes indocumentados ha sido vista por muchos como una política discriminatoria que estigmatiza a esta comunidad.
Ante la presión de grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes y autoridades mexicanas, algunos legisladores podrían buscar modificar la propuesta para evitar la aplicación indiscriminada del impuesto o para establecer excepciones. Otras alternativas podrían incluir la implementación de mecanismos que faciliten la comprobación del estatus legal sin complicar el proceso de envío de dinero.
Sin embargo, hasta el momento, no se han anunciado cambios oficiales y la propuesta mantiene su estructura original. Esto mantiene la incertidumbre sobre el futuro de las remesas y su impacto en las familias que dependen de estos recursos.
