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Los restaurantes privados en Cuba, conocidos como “paladares”, se encuentran bajo la mira del gobierno cubano.

Se ha suspendido temporalmente la concesión de licencias por supuestos incumplimientos de normas en un sector en auge que ilustra a la perfección la nueva economía de la isla.

“Ha habido un crecimiento muy fuerte en muy poco tiempo y se les ha ido de las manos”, dijo a Efe la propietaria “cuentapropista” de un afamado restaurante en La Habana, que como numerosos locales se prepara para recibir en las próximas semanas alguna inspección de las autoridades.

Hace unos días se extendió la alarma entre los paladares, y poco después trascendió que los dueños de los locales más emblemáticos fueron llamados a una reuniones -por barrios- con funcionarios del Gobierno.

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Allí se les comunicó que no habrá nuevas licencias para restaurantes privados en la capital, y que comenzaba una ronda de severas inspecciones para comprobar que en los que ahora funcionan se cumple la ley: no más de 50 asientos, respeto a los horarios establecidos y aprovisionamiento solo con productos adquiridos con factura en tiendas del Estado.

Ante tales noticias, los cuentapropistas gastronómicos han recurrido a esconder cualquier mercancía no obtenida por vías oficiales y rehacer la carta del restaurante para que solo incluya platos y bebidas elaborados con ingredientes de los que puedan presentar factura.

Botellas de licores “premium” que llegaron a Cuba en la maleta, ingredientes exóticos o las célebres langostas, casi imposibles de adquirir por vías legales y que se compran directamente a los pescadores, permanecen estos días bajo siete llaves, a la espera de que las aguas vuelvan a su cauce.

Y es que los 1.700 paladares contabilizados en Cuba, centenares de ellos en La Habana, son restaurantes de estándares internacionales que rivalizan en calidad, en decoración original y en servicio, y que desde que comenzó el deshielo con EE.UU. hace dos años, han recibido visitas como las del presidente Barack Obama, Madonna o los Rolling Stones.

Otro matiz de la situación, apunta una de las fuentes, es la “especial sensibilidad” del Gobierno ante asuntos como la prostitución y el tráfico de drogas, vetados y duramente castigados en la isla, o el acceso de menores de edad a lugares donde se sirve alcohol.

La normativa actual solo prevé licencias para restaurantes y cafeterías, por lo que amparados bajo esas categorías han comenzado a proliferar bares nocturnos, algunos de los cuales han sido clausurados en las últimas semanas, aunque esto no ha sido confirmado por ninguna instancia oficial.