El mayor defraudador de la historia de Estados Unidos ha sido indultado recientemente por el presidente Donald Trump el pasado 28 de mayo. Según reportes de agencias de noticias el empresario Lawrence Duran fue condenado a 50 años de prisión por liderar un esquema de fraude contra el sistema de salud estadounidense. La resolución del presidente se incluye en un conjunto de más de veinticinco indultos concedidos en esa jornada.
De entre todos los casos, el de Duran resalta por su magnitud, su repercusión y la dureza de la pena inicial que recibió. Hasta ese momento, Duran estaba cumpliendo la pena más extensa jamás dictada por delitos relacionados con Medicare: cincuenta años en prisión. Lawrence Duran fue uno de los cofundadores de American Therapeutic Corporation (ATC), una red de hospitales psicológicos que tiene su sede en Miami y también está presente en Orlando y en otras áreas del sur de Florida.
Lawrence junto a su esposa y socia Marianella Valera entre 2002 y 2010 llevaron a cabo una estrategia para burlar los mecanismos de Medicare que generaron más de 205 millones de dólares en pérdidas de los cuales cobraron aproximadamente 87 millones. La compañía emitía demandas engañosas relacionadas con tratamientos de salud mental que nunca se llevaban a cabo, o bien que se ofrecían a personas que no cumplían con los requisitos para recibirlos.
Entre las víctimas se encontraban personas mayores que sufrían de Alzheimer, demencia y otros que no podían recibir los tratamientos grupales mientras el tratamiento se cobraba al estado. Los implicados realizaron más de 866.000 reclamaciones engañosas y realizaron eventos de registro médico en el que creaban documentos falsos para validar tratamientos inventados.
Para justificar los pagos se lavaban mediante empresas ficticias como American Sleep Institute y MedLink Professional Management Group que ocultaron la procedencia ilegal del dinero.
La estafa no se llevó a cabo de manera individual. La pareja se benefició de una extensa red que involucra a más de 30 personas, entre ellos, médicos, personal administrativo, reclutadores de pacientes, asesores, psiquiatras, entre otros. Muchos de ellos ofrecían pagos a hogares de asistencia con el fin de que refirieran pacientes que después obtenían una tajada de dinero. El Departamento de Justicia afirmó que, en ciertos casos, algunos pacientes obtuvieron una porción /de esos sobornos.
El concepto era claro: aumentar el número de pacientes con individuos en situación de riesgo, justificar intervenciones superfluas y cobrar a Medicare cifras exorbitantes. Una persona fundamental en el caso fue Judith Negrón, quien ocupaba el cargo de vicepresidenta en MedLink. Ella fue declarada culpable de 24 delitos vinculados con fraude, conspiración, lavado de dinero y sobornos. Judith en 2011, recibió una condena de 35 años de prisión. Durante su primer mandato, Trump también redujo su pena en 2020.
Gracias a los fondos obtenidos ilegalmente, Duran y Valera disfrutaban de una vida llena de opulencia. Vivían en un apartamento con vistas a la bahía de Miami y se movían en un Maserati. Sin embargo, su deseo de éxito iba más allá de solo acumular riqueza.
En el año 2006, Duran estableció y lideró la Asociación Nacional de Salud Conductual (NABH), un organismo que usaba como tapadera para influir en el Congreso y obtener más recursos para los programas de hospitalización parcial, que curiosamente eran los mismos que su compañía manipulaba de manera fraudulenta.
De hecho, NABH funcionó como una entidad que ofreció a Durán una fachada legítima para ejercer presión sobre el Congreso con el objetivo de obtener una mayor financiación, mediante Medicare, para él y sus cómplices debido a sus solicitudes engañosas, afirmó la abogada del Departamento de Justicia, Jennifer Saulino, en un documento presentado ante la corte.
Asimismo, Duran enseñaba a los empleados de NABH acerca de “cómo ganar apelaciones de denegaciones de reclamos de Medicare, basándose en la experiencia de ATC”, lo que le otorgaba la oportunidad de difundir sus técnicas a otros centros.
En el mes de mayo del año 2011, tanto Duran como Valera admitieron su culpabilidad. El primero recibió una condena de 50 años de cárcel y como medida accesoria se le indicó abonar 87 millones de dólares. Se trató de la sanción más drástica impuesta por un engaño al Medicare, superando con creces el récord de 30 años anterior.
En tanto, Valera fue sentenciada a 35 años de prisión, pero su pena se redujo a 15 años, y salió en libertad en 2020. Margarita Acevedo, quien ocupa el cargo de directora de marketing en ATC, fue sentenciada a 91 meses de prisión. Asimismo, otros trabajadores y colaboradores fueron condenados.
Los funcionarios del gobierno nacional aplaudieron las resoluciones judiciales. “Espero que esto transmita un mensaje a quienes buscan defraudar al gobierno… irán a la cárcel por mucho tiempo si los atrapan”, escribió Saulino.
La medida adoptada por el presidente Trump al perdonar a Lawrence Duran ha generado sorpresa y alarma. La escala del engaño, la manipulación de personas en situaciones precarias y la organización profesional detrás del delito lo hicieron un caso representativo. La liberación de su ideador genera dudas significativas sobre las razones para conceder indultos. Muchos consideran que esta excarcelación no solo anula una pena ejemplar, sino que transmite un mensaje inquietante que los delitos más severos pueden perdonarse por intereses políticos.
