Una reforma constitucional aprobada el viernes por la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP, Parlamento unicameral) de Cuba, suprimió el tope de edad para asumir la presidencia del país, sin consulta previa, recogió Telemundo 51.
De acuerdo al presidente del Parlamento del régimen, Esteban Lazo, la propuesta fue introducida por el ex mandatario Raúl Castro, quien actualmente tiene 94 años de edad.
La modificación cambia el artículo 127 de la Constitución de 2019, que estipulaba para ser presidente de la República, el mínimo era de 35 años y hasta 60 para poder ser electo para un primer mandato de cinco años, y en caso de ser reelecto para un máximo de dos.
Sin embargo, la reforma «responde a las realidades actuales» de Cuba y favorecerá «una selección más amplia» para optar por el cargo, indicó al respecto el dictador Miguel Díaz-Canel.
Para justificar su abrupta decisión, el régimen cubano esgrimió el «factor demográfico de envejecimiento poblacional» que afecta a la Isla, permitiendo así que individuos menores de 35 o mayores de 60 años asuman este cargo, si llega a ser conveniente para la dictadura.
«La reforma hace evidente, una vez más, que la nomenclatura del régimen maneja a su antojo las leyes de la República para hacer en cada momento lo que ellos y solo ellos deciden y maquillarlo con un sustento legal que está al servicio del reparto del poder entre los cada vez más avejentados decisores reales cubanos. Así, ‘seguimos gobernados por una gerontocracia inepta y corrupta», expresó sobre la modificación la intelectual Alina Bárbara López Hernández.
Por su parte, el joven periodista Mag Jorge Castro, cree que esta «medida express» busca allanar el camino para imponer al sucesor de Díaz-Canel.
«Cualquier figura del sistema por envejecida que esté puede ser designada a la presidencia si así lo decide el Partido Comunista Cubano (PCC). La Asamblea Nacional del Poder Popular, aprobó esta reforma sin previo aviso, sin debate público, sin transparencia. Cuando una Constitución se reforma así lo que se vulnera no solo es la letra, sino la legitimidad misma del cuerpo constitucional», opinó.
Esta reforma constitucional es un claro síntoma de la profunda crisis política que atraviesa Cuba, donde la cúpula gobernante prefiere perpetuar su vejez y estancamiento antes que abrir paso a una verdadera renovación. Al eliminar el límite de edad, el régimen envía un mensaje inequívoco: el poder no se compartirá ni se democratizará, sino que se mantendrá cerrado en un círculo privilegiado y decadente que ignora las demandas sociales y la urgente necesidad de cambios estructurales. Esto no es una adaptación responsable ni sensata, sino una burda estrategia para asegurar que las mismas caras y prácticas que han hundido al país en la pobreza y la represión sigan gobernando sin escrutinio ni límite.
Asimismo, la falta total de transparencia y la imposición unilateral de esta reforma evidencian la naturaleza autoritaria y antidemocrática del régimen cubano. No se trata de un “ajuste legal” sino de una violación flagrante a cualquier estándar mínimo de legitimidad y respeto a la voluntad popular. Esta decisión no solo refuerza la gerontocracia corrupta, sino que profundiza la desconexión entre el gobierno y un pueblo cada vez más cansado, desesperanzado y excluido de los procesos políticos. En lugar de avanzar hacia la democratización, Cuba retrocede hacia una dictadura aún más rígida, donde la ley es un instrumento para consolidar el poder y silenciar cualquier voz disidente.
